Las víctimas estudian una denuncia colectiva contra el juez Maman

Lo vivieron solas. No entendían qué les estaba pasando. Ni por qué no las dejaban expresarse, o siquiera las escuchaban. Por qué sus testigos no declaraban o por qué se ignoraban sus pruebas cuando denunciaron violencia de género.

Durante mucho tiempo, pensaron que era algo individual. Un error. Una excepción. Pero con el paso del tiempo —y al compartir sus experiencias— han empezado a entender que no era un caso aislado, sino una dinámica que se repetía.

La exposición pública de las declaraciones del magistrado David Maman en una charla en el Colegio de la Abogacía de Madrid ha supuesto un punto de inflexión. Al escuchar lo que piensa y defiende, y al ver la reacción de expertos y responsables políticos, muchas de estas mujeres han encontrado una explicación a lo que vivieron en sala.

Ahora, apenas una semana después, aquellas que vivieron sus experiencias en soledad han empezado a unirse. Han pasado de la duda individual a la certeza compartida. Y de ahí, a la organización.

Al menos 27 mujeres

Al menos 27 mujeres que han pasado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, cuyo titular es Maman, se están organizando y estudian emprender acciones legales contra él.

“Han pasado del ‘me ha pasado a mí’ al ‘esto nos está pasando’”, resume María, una de las fundadoras de Madres Protectoras Madrid. “Esa toma de conciencia colectiva no solo es legítima, sino necesaria en un sistema que, en demasiadas ocasiones, deja solas a las víctimas”.

Según explica, los testimonios que están recabando presentan patrones que se repiten. “Cuando distintas mujeres coinciden en señalar falta de escucha, minimización de la violencia y resoluciones que perciben como favorables a los agresores, lo que emerge no es un caso aislado, sino una dinámica preocupante en la forma en que se está impartiendo justicia”.

A ello se suma, añade, lo ocurrido dentro de sala: “hablan de gritos, de interrupciones constantes, de no permitirles expresarse con normalidad, de inadmisión de testigos y pruebas relevantes, e incluso de limitaciones a la intervención de sus propias abogadas”. Un conjunto de prácticas que, tal y como lo describen, “coloca a las víctimas en una situación de clara indefensión”.

Una sensación compartida de no haber sido escuchadas

La reiteración de estas experiencias es, para ella, uno de los elementos más preocupantes. “Lo que más impacta es que se repiten decisiones que no parecen incorporar el contexto de riesgo, archivos de denuncias de violencia y una sensación compartida de no haber sido escuchadas”. Unas situaciones que, subraya, tienen consecuencias no solo jurídicas, sino también emocionales y vitales, especialmente cuando hay menores implicados.

Ante este escenario, las afectadas ya exploran distintas vías: desde acciones individuales —como quejas ante el Consejo General del Poder Judicial— hasta iniciativas colectivas que permitan evidenciar posibles patrones de actuación. Pero, más allá del recorrido judicial, hay algo que ya ha cambiado: han dejado de sentirse solas.

Ese patrón que describen las afectadas no es nuevo. En las últimas semanas,  Artículo 14 ha publicado varios testimonios que apuntan en la misma dirección.

Algunas víctimas relatan escenas similares a las que ahora se repiten en el grupo: “no me dejaba hablar”, “me interrumpía constantemente” o “sentí que no se estaba escuchando mi versión”. Relatos que coinciden en una misma sensación de desprotección dentro de sala.

“Hay profesionales que no creen en la ley que tienen que aplicar”

También abogados que han intervenido en procedimientos en ese juzgado han expresado críticas en términos similares. En declaraciones recogidas por el mismo medio, algunos denuncian “limitaciones en los interrogatorios” o decisiones que consideran “favorables al agresor”, así como dificultades para introducir determinadas pruebas en el procedimiento.

“Lo que estamos viendo estos días no es un hecho aislado. Es la punta del iceberg de un problema mucho más profundo”, afirma Andrea Cabezas, portavoz de Stop Violencia Vicaria.

“Las víctimas se están organizando, se están unificando, están creando redes de apoyo y ya están valorando acciones legales. Y eso no ocurre por casualidad. Ocurre porque hay un patrón”.

Para Cabezas, el caso del magistrado no es una excepción, sino una evidencia. “El caso del juez Maman no es el problema. Es la prueba de algo que las víctimas llevan años denunciando: que hay profesionales dentro del sistema que no creen en la ley que tienen que aplicar, que la cuestionan, que la minimizan o directamente la eluden”.

“Aquí no falla la ley. Falla quien no la aplica. Y eso es especialmente grave cuando hablamos de juzgados de violencia sobre la mujer, donde lo que está en juego no es una interpretación jurídica, es la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas”.

En este contexto, reclama respuestas claras: “No necesitamos condenas sociales. Necesitamos respuestas institucionales. Necesitamos que se garantice que quienes no creen en la ley no estén en posición de aplicarla”.