“¿Qué dice la Audiencia? Que hasta que no sea firme, seguimos siendo competentes nosotros. Y va pasando el tiempo: auto de medidas provisionales, como no se ha resuelto el recurso de apelación, no podemos dar la guardia y custodia compartida. Así se eterniza. Y mientras tanto ese niño, pues poco a poco, la madre le va haciendo el correspondiente lavado de coco y ese niño se va separando del padre progresivamente. Y luego es muy difícil recuperar ese tiempo perdido.”
Con estas palabras, pronunciadas durante una charla en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, el magistrado David Mamán Benchimol se refería expresamente a procedimientos de custodia y visitas en los que, al existir una denuncia por violencia de género o un recurso pendiente, no se concede la custodia compartida al padre mientras la causa sigue abierta.
Denunciar violencia para bloquear custodias
Según su exposición, ese tiempo judicial beneficia a la madre, que aprovecharía la situación para poner al menor en contra del progenitor paterno. La afirmación reproduce la lógica del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP): atribuir a las madres una supuesta manipulación psicológica de los hijos para alejarlos del padre. Una teoría sin base científica, rechazada internacionalmente y expresamente vetada en España por la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).
Pero no fue la única declaración polémica. A lo largo de la intervención, el juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid encadenó varias afirmaciones sobre mujeres, custodias y denuncias que cuestionan de lleno el sistema de protección frente a la violencia machista.
En uno de los pasajes más controvertidos, sostuvo que algunas denuncias se utilizan para obtener ventajas rápidas en procesos de familia. “Yo si fuese abogado haría lo mismo”, señaló, antes de añadir: “Presento la denuncia, aunque tenga poco sentido”, al describir lo que, según él, sería la estrategia de determinados letrados para conseguir en 24 horas una orden de protección y bloquear así custodias compartidas.
Las madres quieren las custodias por motivos económicos
Mamán Benchimol defendió además que denunciar sale prácticamente gratis para las mujeres y no comporta costes reales. “Se le da asistencia jurídica gratuita aunque tenga un millón de euros en la cuenta. Se le da abogado de oficio según entra. ¿Pero qué pierde?”, afirmó, cuestionando las garantías reforzadas de acceso a la justicia para víctimas de violencia de género.
También presentó a las madres como principales opositoras a la custodia compartida. “La mujer es una enemiga acérrima de la guardia y custodia compartida”, aseguró. Añadió que no entiende “la aversión de la mujer” a ese modelo y atribuyó esa posición a motivos económicos. “La casa y el factor económico”, porque con una custodia compartida “ya no le va a pagar la pensión”.
El magistrado insistió en esa tesis al señalar que, según su experiencia judicial, “el padre quiere asumir y la madre no le deja”. Incluso sostuvo que muchas mujeres desean que “el contacto paterno-filial sea el mínimo posible”.
>En otro momento, se desmarcó incluso del criterio consolidado del Tribunal Supremo, que considera la custodia compartida un modelo deseable cuando beneficia al menor. “La guardia y custodia compartida es una estafa”, afirmó durante el coloquio.
La charla en la que se produjeron estas declaraciones no estaba dedicada a custodias, sino a la reforma legal de los juzgados especializados en violencia de género y sus nuevas competencias penales y civiles. Sin embargo, buena parte de la intervención derivó hacia valoraciones personales sobre madres denunciantes, conflictos familiares y uso de la legislación protectora.
Las palabras adquieren especial relevancia porque Mamán es además el magistrado que instruye en su juzgado la denuncia por presunta agresión sexual contra el ex DAO de la Policía Nacional, José Ángel González. En ese procedimiento, rechazó inicialmente imponer al exmando policial la prohibición de comunicarse con la denunciante al no apreciar riesgo actual, al entender que no había existido contacto reciente entre ambos. La defensa de la víctima recurrió esa decisión y pidió nuevas medidas de protección.
“Te mato a ti y a lo que llevas dentro”
El nombre del magistrado ya había generado controversia por otras resoluciones anteriores. Entre ellas, la denegación de una orden de protección a una mujer embarazada que denunció amenazas gravísimas de su expareja. Según constaba en la causa, el hombre le había dicho frases como “te voy a matar” y “te mato a ti y a lo que llevas dentro”.
Pese a la literalidad y gravedad de las amenazas, así como al contexto de violencia denunciado, el juzgado rechazó inicialmente acordar medidas cautelares de protección. La decisión fue recurrida y la Audiencia Provincial de Madrid corrigió el criterio del juez, revocó la negativa inicial y acordó la orden de protección al considerar que las amenazas eran objetivamente graves, verosímiles y suficientes para apreciar una situación de riesgo que exigía tutela judicial urgente.
La resolución recordó además que, en materia de violencia de género, la adopción de medidas cautelares no exige una certeza propia del juicio oral, sino la existencia de indicios racionales de delito y una valoración preventiva del peligro para la víctima.
“Si esto lo dice en público, qué ocurre en el juzgado”
Andrea Cabezas, presidenta de Stop Violencia Vicaria, considera que las palabras del magistrado no pueden despacharse como una opinión personal ni como una intervención desafortunada en un foro jurídico.
“Juzguen ustedes mismos. Basta escucharle unos minutos para comprender la gravedad de lo que tenemos delante. Si esto lo dice en público, sabiendo que está siendo grabado y ante profesionales del derecho, la pregunta inevitable es qué ocurre puertas adentro, en un juzgado donde se decide la vida de mujeres y niños y donde nadie escucha.”
Cabezas sostiene que el problema trasciende al juez concreto y apunta a una falla estructural del sistema judicial. “No estamos ante una anécdota. Estamos ante violencia institucional. Cuando quien debe proteger banaliza las denuncias, sospecha de las víctimas y reproduce teorías prohibidas como el falso SAP, el mensaje que reciben las mujeres es devastador: no van a ser creídas.”
La presidenta de la asociación recuerda además que la legislación española prohíbe expresamente el uso de estas teorías en procedimientos que afectan a menores.
“La LOPIVI vetó el SAP por una razón muy clara, se utilizó durante años para arrancar hijos a sus madres, desacreditar relatos de violencia y dejar a niños y niñas en manos de agresores. Que ese discurso siga vivo en un juzgado especializado es estremecedor”. Y concluye con una advertencia directa sobre el impacto real de este tipo de posicionamientos judiciales. “Luego nos preguntamos por qué muchas mujeres no denuncian, por qué otras retiran la denuncia o por qué hay víctimas asesinadas pese a haber pedido ayuda. La respuesta empieza aquí, cuando quien tiene la obligación de proteger no protege. Y cuando además legitima discursos peligrosos, el daño es incalculable.”