“La regularización extraordinaria está teniendo muchos problemas: fallos informáticos, falta de medios materiales, personal insuficiente y mal formado, y una pésima planificación”. Este es el balance de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de los primeros siete días del proceso extraordinario de regularización de migrantes. Una visión en la que coinciden CCOO y UGT. “Detectamos cierto descontrol, por ejemplo, con el informe de vulnerabilidad“, advierte Montserrat Gómez, secretaria general del Sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO.
Las consecuencias: colas que se alargan más allá del horario previsto, citas que superan los 20 minutos establecidos u oficinas desbordadas que llegan a cerrar dos horas más tarde. Los primeros días del proceso extraordinario de regularización de migrantes han puesto a prueba la capacidad operativa de la Administración General del Estado (AGE). Sin embargo, para los sindicatos la preocupación va más allá del momento actual de presentación de la documentación. “El cuello de botella llegará a partir del 30 de junio en las oficinas del Ministerio del Interior, cuando haya que procesar toda la documentación. Una tarea que corresponde a las oficinas de Extranjería y que solo puede ser realizada por funcionarios”, puntualiza Gómez.
En este contexto, CCOO, CSIF y UGT critican que la propuesta presentada por el Ministerio de Función Pública en la Mesa General de Negociación de la AGE no incluya los datos básicos sobre el volumen y la distribución de plazas. Según explican, es la primera vez que el Gobierno no facilita las cifras de empleo público, una estrategia que atribuyen a la decisión de darle mayor protagonismo a su presentación en el Consejo de Ministros. Las mismas fuentes añaden que la aprobación no está prevista para el próximo 28 de abril.
“Sin número, ni compromisos”
“No se puede negociar una oferta de empleo público sin números ni compromisos”, asegura Montserrat Gómez. UGT lamenta “la falta de transparencia y la ausencia de planificación” y denuncia que la Administración no ha detallado el reparto por territorios, departamentos, cuerpos y escalas, lo que impide realizar una valoración “rigurosa”. En términos similares se pronuncia CSIF, que afirma que el Ministerio “oculta las cifras y el reparto de personal”.
🟢 Se cumplen los pronósticos de #CSIF: falta de previsión, situaciones de colapso, problemas de red, personal insuficiente y largas colas protagonizan los primeros días del proceso de regularización
📷 Familias enteras acuden en una misma cita, lo que retrasa el trámite y… pic.twitter.com/vGrVgMRtAl— CSIF Nacional (@CSIFnacional) April 22, 2026
Este bloqueo en la negociación se produce en paralelo a un aumento de la carga de trabajo derivada de la regularización. Según CSIF, los primeros días del proceso han estado marcados por “falta de previsión” y “situaciones de colapso”. La plataforma Mercurio, utilizada para la tramitación de expedientes, ha registrado incidencias y restricciones en la carga de documentación, lo que ha ralentizado los procesos. En algunos casos, las caídas del sistema han obligado a suspender temporalmente la actividad en oficinas habilitadas para la regularización.
500 interinos en las comisarias
Los sindicatos coinciden en señalar que el personal disponible es insuficiente para absorber el volumen de solicitudes y que, en determinados casos, la formación se está realizando “sobre la marcha” ante la falta de instrucciones claras. Esta situación se agrava en municipios de menor tamaño, donde las oficinas no están dimensionadas para atender un aumento repentino de la demanda.
La presión ha obligado ya a adoptar medidas de urgencia. Interior ha solicitado el refuerzo de 500 interinos para las comisarías encargadas de la expedición de documentación, con una incorporación prevista entre finales de mayo y principios de junio. Sin embargo, los sindicatos advierten de que este refuerzo será limitado en el corto plazo, ya que el personal necesitará formación y adaptación a los sistemas. Además, el Ministerio de Política Territorial ha activado un plan especial para resolver trámites previos de Extranjería y aliviar la carga acumulada.
Los sindicatos advierten de que, a partir del 30 de junio, la presión se trasladará a otros ámbitos clave de la Administración, como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social, Interior o el ámbito de Justicia, especialmente en lo relativo a solicitudes de nacionalidad. Este efecto arrastre aumentará el riesgo de saturación del sistema.
Problema estructural
Con este marco, las organizaciones sindicales sitúan el debate de la OEP en un problema estructural más amplio. Según CCOO, en 2025 se registraron más de 12.000 bajas en la Administración General del Estado, lo que exige una reposición suficiente si se quiere garantizar la prestación de los servicios públicos. A su juicio, solo una oferta de empleo que supere ese volumen permitiría generar empleo neto y corregir el déficit acumulado.
Negociación de la Oferta de Empleo Público 2026 y gestión de la temporalidad en la Administración General del Estadohttps://t.co/4JvLgTIFbt pic.twitter.com/1KnZcGHq0Z
— SAE FSC-CCOO (@sae_fsc_ccoo) April 22, 2026
UGT incide también en el retraso en la ejecución de ofertas anteriores. Más de 9.000 plazas de personal laboral -5.765 de turno libre y 3.328 de promoción interna- siguen pendientes de convocatoria correspondientes a las ofertas de 2023, 2024 y 2025. El compromiso del Ministerio de convocarlas en un plazo aproximado de dos meses no supone, a juicio del sindicato, un avance sustancial, ya que la oferta de 2023 caduca en julio y la medida busca evitar la pérdida de plazas. “Las ofertas de empleo están para cumplirse, no para guardarse en un cajón”, puntualiza la portavoz de UGT Servicios Públicos, Elena Tarjuelo.
A estas carencias se suma la falta de avances en promoción interna. Los sindicatos denuncian que los procesos llevan más de un año en fase de análisis sin resultados concretos y con niveles de cobertura insuficientes. CCOO añade que existen dificultades específicas para cubrir plazas en los grupos C2 y parte del C1, vinculadas a niveles salariales que, según el sindicato, disuaden a los aspirantes de incorporarse tras superar los procesos selectivos.
En este contexto, la regularización actúa como un test de estrés para el conjunto de la Administración. La magnitud del proceso -que podría implicar a entre medio millón y un millón de personas- pondrá a prueba la capacidad de respuesta.