La versión definitiva del Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030 revisa al alza un 14% los precios máximos del alquiler, lo que supone un incremento mensual de hasta 115 euros para los inquilinos. Según consta en el Real Decreto, al que tuvo acceso Artículo14, el Ministerio de Vivienda ha elevado de 7 euros a 8 euros mensuales por metro cuadrado de superficie útil de vivienda el precio máximo del alquiler social. El Departamento que dirige Isabel Rodríguez fija este límite durante el primer año de vigencia del Plan.
De esta forma, el precio máximo para una vivienda de 85 metros cuadrados sin garaje ni trastero se sitúa en 680 euros, frente a los 595 euros del borrador que salió a consulta pública. La subida de 85 euros al mes equivale a 1.020 euros al año. Si el inmueble se alquila con garaje y trastero (25 metros cuadrados adicionales), la renta mensual sube hasta los 800 euros, frente a los 680 euros que publicada en septiembre de 2025.
Con esta revalorización, el Ejecutivo pretende hacer más atractiva la promoción pública de vivienda en alquiler asequible.
Un euro más por m2, en colaboración público-privada
Por el contrario, en la construcción de vivienda pública o en régimen de colaboración público-privada, Vivienda ha mantenido en 9 euros por metro cuadrado el precio del alquiler. De esta forma, una vivienda de 85 metros, sin ningún elemento anexo, implicará un alquiler máximo de 785 euros. Esta renta podría elevarse hasta los 900 euros si se incluyen el trastero y el garaje.
En función de la tipología, adicionalmente, el Plan prevé ayudas para la construcción o adquisición de viviendas para el mercado de alquiler. En el caso de la vivienda pública o en régimen de colaboración público-privada, se financia la construcción con hasta 85.000 euros por vivienda. Si se construye con técnicas de industrialización, se habilita una ayuda adicional de hasta 8.500 euros, lo que eleva la ayuda total a 93.500 euros.
Adicionalmente, si se construye en una zona declarada como zona tensionada, se añade otra ayuda de hasta 8.500 euros. Así, el apoyo total podría llegar a 102.000 euros por vivienda, si se cumplen todos los requisitos. Estos inmuebles quedarán protegidos de forma permanente.
Una renta por debajo del mercado libre
A pesar del incremento que prevé el Plan de Vivienda, el precio máximo que fija el Gobierno se sitúa casi un 50% por debajo (46,6%) del precio medio de vivienda libre. En marzo de 2026, según datos de Idealista, este se situó en 15 euros por metro cuadrado. La única excepción es Extremadura, donde el precio del alquiler libre alcanzó los 7,5 euros.
A su vez, el Ministerio deja la puerta abierta -también lo hacía en el borrador inicial- a revisar este umbral de precio. Para ello, Vivienda y la comunidad autónoma deberán llegar a un acuerdo.
El reto, como reconoció ayer Isabel Rodríguez, es facilitar el acceso a un alquiler asequible y evitar que “los trabajadores tengan que destinar entre el 50% y el 60% de sus ingresos a pagar el alquiler, como ocurre en Madrid”.
El Gobierno cifra el parque de vivienda de titularidad pública, de ámbito autonómico y municipal, en 318.000 viviendas, lo que supone una cobertura de alrededor del 1,7% de los hogares. Un dato que también revisa al alza en dos décimas tras conocerse la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística en 2025. En conjunto, el parque de alquiler social en España (vivienda a precio inferior al de mercado) suma el 3,5% de total, frente al 9% de la Unión Europea.
Más control sobre las autonomías
Quien usa la vivienda pública para especular y no para garantizar el derecho está traicionando a la ciudadanía
Transparencia, control y tolerancia cero con los privilegios en adjudicaciones. Lo público se respeta. No permitiremos que el PP (ni nadie) vuelva a hacer de las suyas https://t.co/05zAenIHAx pic.twitter.com/M5Z14yWfsI
— Isabel Rodríguez García (@isabelrguez) April 22, 2026
Frente a planes anteriores, uno de los mayores cambios es el refuerzo del control sobre la gestión autonómica por parte del Gobierno central. Ahora se exige una mayor transparencia de la información sobre los contratos de arrendamiento. Así, las comunidades autónomas deberán compartir con el Ministerio la información de alquiler, con una previsión de rendición de cuentas semestral de este mercado.
El control de la financiación pública del Plan de Vivienda Estatal, que destinará hasta 7.000 millones hasta 2030, será trimestral. Las autonomías quedarán obligadas a enviar informes de seguimiento cada tres meses, además de uno anual. La ejecución de la inversión deberá estar certificada.
Desde las comunidades autónomas gobernadas por el PP se ha criticado el intervencionismo de la administración central y el reparto de fondos previsto, según el cual una autonomía como Asturias recibe hasta un 40% más de inversión por habitante que Andalucía, lo que puede complicar la mayoría necesaria para la aprobación de la distribución de fondos en la Conferencia Sectorial.
En la versión final, el Ministerio de Vivienda introduce como novedad una cláusula que prevé este supuesto. Y así señala que en caso de no adoptarse el acuerdo de distribución de fondos en la Conferencia Sectorial, serán aplicables con carácter transitorio, en tanto sea alcanzado dicho acuerdo, los criterios de distribución y reparto acordados para el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.