El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan de Vivienda 2026-2030, que aspira a movilizar 7.000 millones de euros, de los que el 60% corresponderá a la inversión del Gobierno y el resto a las comunidades autónomas. En su presentación tras el Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez reclamó a las comunidades autónomas, especialmente a aquellas en manos del PP, “lealtad institucional”.
“Todos tenemos la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias. Sin duda, el Gobierno de España cumple con este plan y yo espero también el compromiso y la lealtad del resto de administraciones, que se tienen que hacer cargo del despliegue en el territorio”, admitió Rodríguez. La previsión de Vivienda es transferir recursos a las autonomías en la segunda mitad de 2026. Cabe recordar que las competencias en esta materia son autonómicas, pero en este Plan el Gobierno ha tratado de introducir mecanismos de control por parte del Estado.
En el Plan, Vivienda también incluye el reparto de fondos por comunidades autónomas. Tres de ellas -Andalucía, Madrid y Cataluña- contarán con recursos por encima de los mil millones de euros. Sin embargo, cuando se analiza esta distribución con un criterio de población -una variable que en esta cuestión está relacionada por la potencial demanda y necesidad- la radiografía cambia: Andalucía recibe un 40% menos por habitante en comparación con Asturias.
Reparto de los fondos, en detalle
En su intervención, Rodríguez no detalló cuál es el criterio que ha seguido el Ministerio para la distribución de los fondos, aunque subrayó que triplican la inversión del Plan 2022-2025. De media, el nuevo Plan de Vivienda prevé un gasto de 145 euros por habitante, frente a los 44 euros del anterior, lo que supone 3,3 veces más. En esta comparativa, Cataluña se sitúa por debajo de la media con un crecimiento inferior (1,82), una situación que se explica porque el anterior plan contó con la mayor asignación de recursos (69 euros por habitante), solo superada por Cantabria.
Este reparto autonómico podría complicar el acuerdo con las comunidades autónomas, especialmente las populares, aunque el Ministerio confía en que los importes planteados sean lo suficientemente atractivos. En relación con las críticas de Isabel Díaz Ayuso y su negativa a aplicar la Ley de Vivienda, Rodríguez afirmó que le “sorprendería que también se quedara fuera de él, porque estarían renunciando a mil millones de euros para hacer vivienda pública protegida para siempre en la Comunidad de Madrid”.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció el “absoluto fracaso” del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda. A su juicio, “digan lo que digan” y “hagan la propaganda que hagan, nadie va a creerles, porque la vivienda se ha convertido en un lujo con este Ejecutivo”.
Hoy el Gobierno está anunciando a bombo y platillo otro Plan de Vivienda.
Ya está bien de tomar el pelo a la gente. pic.twitter.com/Zq7RYZAA43
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) April 21, 2026
Calendario
Tras su aprobación, y para tratar de llegar al objetivo de que en el segundo semestre del año el Plan Estatal esté desplegado, el Gobierno ha convocado para el próximo 28 de abril la Comisión Multilateral para preparar la Conferencia Sectorial. Vivienda convocará después de las elecciones andaluzas (17 de mayo), aunque previamente habrá también una ronda de reuniones técnicas bilaterales con las autonomías para la redacción de los convenios.
La agenda del día de la Conferencia Sectorial a la que acuden los consejeros autonómicos será la aprobación del criterio de reparto del presupuesto del plan. Será necesaria solo una mayoría simple en la Conferencia Sectorial para que los criterios de reparto sean aprobados. Una vez se aprueben los criterios de reparto autonómico, deberán pasar por Consejo de Ministros para su aprobación. Y volverán a ser ratificados por una segunda Conferencia Sectorial, aunque esta tendrá simplemente carácter administrativo.
Para 2026, la Administración General “adelantará” el presupuesto -unos 800 millones- y dará flexibilidad para que las comunidades aporten la parte proporcional en los cuatro años siguientes.
Compromiso de ejecución
➕ Más construcción
➕️ Más rehabilitación
➕️ Más protecciónY lo más importante: ni un euro para financiar la especulación y sí para garantizar el derecho
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 ya es una realidad 🏘️ pic.twitter.com/PSASU8sLcn
— Isabel Rodríguez García (@isabelrguez) April 21, 2026
Según detalló el Ministerio, la distribución territorial de los fondos está sujeta a un compromiso de ejecución. De esta forma, el Gobierno podrá suspender total o parcialmente la transferencia de fondos del Plan si las comunidades autónomas no facilitan la información necesaria para planificar y evaluar las políticas públicas en esta materia. El objetivo es reforzar la base de datos disponible y dotar de mayor transparencia al mercado inmobiliario, según informa Europa Press.
Vivienda confía en cerrar acuerdos con las comunidades para que remitan, con carácter semestral, los datos de contratos de arrendamiento procedentes de sus registros autonómicos. Según defienden, este intercambio de información no supone una invasión de competencias, sino una herramienta para mejorar el conocimiento del mercado. “Es muy importante la fiscalización de todas las administraciones para conseguir un resultado real, la entrega final de llaves a la ciudadanía”, aseguró Rodríguez.
Con estos datos, el Ministerio pretende nutrir el Observatorio de Vivienda y Suelo y poner la información a disposición de administraciones, agentes del sector y ciudadanos, con el fin de aportar mayor claridad y combatir, en palabras del propio departamento, los “discursos del miedo” en torno a la vivienda.
El 40% irá a construcción
De los 7.000 millones de euros, la partida más elevada se destinará a construir nuevas viviendas, con 2.800 millones, el equivalente al 40% del presupuesto, un porcentaje que podrá ampliarse mediante acuerdos con las comunidades a costa de otras partidas. A su vez, la rehabilitación del parque ya existente y el apoyo a la ciudadanía con ayudas directas, cuenta con 2.100 millones, respectivamente.
En el ámbito de las ayudas, el nuevo plan refuerza el Bono Alquiler Joven, que se integra como línea propia y eleva su cuantía hasta los 300 euros mensuales para menores de 35 años que cumplan los requisitos. También se amplía el umbral de ingresos hasta cinco veces el IPREM (3.000 euros), frente al límite anterior de tres veces, con el objetivo de llegar a más beneficiarios. En paralelo, se fijan topes de renta de hasta 1.000 euros mensuales por vivienda y de 600 euros por habitación, susceptibles de ajuste en función de los acuerdos bilaterales.
Por último, el plan introduce una ampliación de plazos para las actuaciones financiadas con fondos europeos. Las promociones de vivienda en construcción podrán finalizar sin un límite temporal cerrado, mientras que las intervenciones de rehabilitación energética dispondrán de plazo hasta el 30 de junio de 2028, más allá de la fecha inicialmente prevista de junio de 2026.