La Comunidad de Madrid aprobará esta semana en el Consejo de Gobierno la Ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida, con la que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso pretende aumentar la oferta de vivienda asequible y responder a la creciente demanda del mercado.
La norma, adelantada el pasado mes de noviembre, tiene como objetivo la creación de más de 18.000 nuevos hogares en los próximos cuatro años, además de reducir los plazos de construcción y facilitar el desarrollo de nuevas promociones.
Entre sus principales medidas, se incluyen incentivos para construir más vivienda sin consumir nuevo suelo, permitiendo incrementar hasta un 30% la densidad de las promociones y un 20% la edificabilidad, lo que permitirá aumentar el número de pisos en una misma parcela.
Medidas para aumentar la oferta
La ley se enmarca dentro de la estrategia de vivienda desplegada por la Comunidad desde 2019, periodo en el que Madrid ha liderado la construcción de vivienda pública en España, concentrando más del 40% del total nacional.
Entre las principales iniciativas ya en marcha destaca el Plan VIVE, que ha permitido entregar 5.300 viviendas de alquiler asequible y que prevé sumar otras 3.200 este año, con el objetivo de alcanzar las 14.000 en 2027.
A ello se suman otras medidas para facilitar el acceso a la vivienda, como las rebajas fiscales impulsadas en los últimos años, muchas de ellas dirigidas a jóvenes, o la ampliación de los avales públicos para hipotecas, elevando de 40 a 50 años la edad máxima de acceso.
También se ha impulsado la conversión de oficinas en viviendas, una iniciativa que ya ha permitido incorporar más de 8.000 nuevos pisos al mercado y beneficiar a miles de ciudadanos.
Apoyo a jóvenes y familias
El Gobierno regional refuerza además programas específicos como Mi Primera Vivienda, elevando hasta 425.000 euros el importe máximo subvencionable para facilitar el acceso a financiación hipotecaria del 100%.
En paralelo, la inversión en vivienda social aumentará un 24% en 2026, con el objetivo de entregar más de 700 viviendas dentro de las 2.100 previstas durante la legislatura para familias vulnerables.
La nueva ley también abre la puerta a construir vivienda protegida en suelos privados, modificando su uso en determinadas parcelas destinadas inicialmente a otros fines, como alojamientos turísticos o terciarios.
Además, se incorporan nuevas ayudas dirigidas a familias numerosas y monoparentales, se recupera el modelo de alquiler con opción a compra y se eliminan tasas para resolver conflictos entre propietarios e inquilinos, junto a medidas para aumentar la oferta de alquiler en municipios pequeños.
Con este conjunto de actuaciones, el Ejecutivo autonómico busca facilitar el acceso a la vivienda y reforzar uno de los principales ejes de su política social y económica.