El portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido este lunes el acuerdo alcanzado con Vox para la investidura de María Guardiola, asegurando que permitirá “garantizar la estabilidad política durante los próximos cuatro años” y la aprobación de los presupuestos de toda la legislatura.
En rueda de prensa, el dirigente popular ha subrayado que el pacto da continuidad al proyecto iniciado por Guardiola y se basa en una política orientada al crecimiento económico y al refuerzo de los servicios públicos.
El respaldo al acuerdo llega en la víspera del debate de investidura de María Guardiola, que comenzará este martes a las 17:30 horas en la Asamblea de Extremadura.
“Mandato de las urnas”
Sánchez Juliá ha insistido en que el acuerdo responde al resultado electoral y a lo que, a su juicio, expresaron los ciudadanos en las urnas: “Pidieron que María Guardiola siguiera al frente de la Junta, el entendimiento entre PP y Vox y desterrar el sanchismo de Extremadura”.
El portavoz ha defendido que el pacto cuenta con un respaldo social amplio y ha enmarcado la negociación en ese mandato político.
Igualdad y medidas económicas
Uno de los puntos en los que ha puesto el acento es el “blindaje de la igualdad, la diversidad y los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI“, que, según ha afirmado, queda garantizado dentro del acuerdo firmado entre ambas formaciones.
Además, ha detallado algunas de las medidas incluidas en el pacto, como la bajada de impuestos, el impulso al acceso a la vivienda, el apoyo al sector agrario o la protección de la central de Almaraz, junto a la reducción de la burocracia.
En el ámbito social, también ha destacado el aumento del gasto sanitario y mejoras en educación, como la subida salarial de los docentes.
Críticas a la oposición
El portavoz popular ha cargado contra la izquierda, a la que ha acusado de “no ser alternativa” y de rechazar un acuerdo que, según ha defendido, aporta estabilidad a la región.
Asimismo, ha rechazado las críticas sobre el contenido del pacto y ha insistido en que “no es interpretable” y que se ajusta plenamente a la legalidad vigente.
Sánchez Juliá ha defendido que el documento busca priorizar el arraigo y el desarrollo de la región sin excluir a ningún colectivo, en respuesta a las críticas lanzadas desde la oposición