Vaya semanita. El miércoles, una huelga general por la vivienda y los salarios. El jueves, el arranque de la campaña electoral y, entre medias, una colección de encuestas que parecen describir países distintos. Si uno consulta el CIS, el PSOE ganaría las elecciones y el PP y Vox quedarían sin mayoría absoluta. Si abre Artículo14, El Mundo, ABC o El Español, el panorama cambia considerablemente. Hay quien ya reparte ministerios y quien todavía confía en volver a entrar en el Gobierno. Todo depende de qué encuesta se mire y, sospecho, también de cuál apetezca creerse.
Los números ilustran muy bien el desconcierto. El CIS, publicado este jueves, otorga al PSOE un 33,3% de los votos, frente al 25,5% del PP y al 18,4% de Vox. Sin embargo, Sigma Dos sitúa al PP en el 30,8%, al PSOE en el 25,3% y a Vox en el 19,6%. La diferencia no es menor: en un escenario la derecha no alcanza los 176 diputados; en el otro, PP y Vox podrían superar holgadamente esa cifra.
No significa que las encuestas sean inútiles. Ni mucho menos. No seré yo quien vaya en contra de la demoscopia. Significa que son estimaciones elaboradas con metodologías distintas, no resultados electorales anticipados. Ya sabemos que hay que cogerlas con pinzas. Y que, cuando las mayorías parlamentarias pueden variar tanto según el modelo utilizado, dar por decidido el 29 de noviembre resulta bastante aventurado.
Pero hay algo que me interesa más que averiguar quién acertará la porra electoral. Mientras discutimos sobre bloques, pactos y transferencias de voto, seguimos sin resolver el problema que precipitó estas elecciones: la vivienda.
La huelga del miércoles debería ayudarnos a entender la magnitud del asunto. No se protestaba únicamente contra el precio de los alquileres. También contra unos salarios cuya capacidad adquisitiva resulta insuficiente para llevar una vida autónoma. Porque tener empleo y poder vivir de él se han convertido, para demasiadas personas, en dos cuestiones distintas.
Los datos son demoledores. Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, apenas el 14,5% de los jóvenes vive emancipado. Alquilar una vivienda en solitario exige el 98,7% del salario medio juvenil. Un número histórico. Pero no por ser el mejor de toda la serie. Y entre quienes trabajan y viven de alquiler, el riesgo de pobreza pasa del 25,9% al 43% tras pagar la vivienda.
Es decir, hay jóvenes que no son pobres hasta que pagan por un techo.
Esta realidad tiene consecuencias que van mucho más allá del mercado inmobiliario. Retrasar la emancipación implica posponer decisiones sobre la maternidad, las relaciones personales, la movilidad laboral o los proyectos profesionales. Significa que la ayuda familiar determina cada vez más las oportunidades de partida. Y significa también que la desigualdad patrimonial se transmite antes incluso de que una generación haya podido acumular patrimonio propio.
Por eso me cabrea tanto que sigamos tratando la vivienda como una preocupación sectorial de los jóvenes. Estamos hablando de cómo se distribuyen las posibilidades de construir una vida y hasta qué punto el esfuerzo individual sigue siendo suficiente para mejorar nuestra posición social. Además, ya vimos con Maricarmen que esto no va de jovenzuelos.
En fin. La cosa está fea, sí. Pero una cosa es estar hartos de la política y otra muy distinta es renunciar a influir en las decisiones que condicionan nuestra vida. Si quieres techo, ejerce tu derecho. No porque una papeleta vaya a resolver por sí sola la crisis habitacional, sino porque las decisiones que han contribuido a producirla, y las que podrían empezar a corregirla, también se toman en las instituciones. Y porque el acceso a una vivienda no debería depender exclusivamente de cuánto patrimonio tenga tu familia o de cuántos años estés dispuesto a compartir piso.
Las mayorías importan. Lo hemos comprobado durante esta legislatura, cuando las propuestas sobre vivienda quedaron bloqueadas por los parlamentarios. Pero también importa lo que cada partido está dispuesto a hacer con esas mayorías. Hay diferencias sustanciales entre ampliar el parque público, intervenir en los precios, modificar la fiscalidad o confiar fundamentalmente en aumentar la oferta privada. Ninguna medida debería quedar exenta de evaluación, ni ninguna promesa merece crédito solo por aparecer en un programa electoral.
Entiendo perfectamente que haya jóvenes que estén hasta las narices de la política. Es difícil tomarse en serio a quienes llevan años prometiendo soluciones mientras que independizarse se convierte en un lujo. Pero hay algo que no podemos perder de vista: que nos dé igual quién gobierna no significa que nos dé igual quién gobierne. Las leyes se seguirán aprobando, los presupuestos se seguirán repartiendo y alguien seguirá decidiendo qué se hace o qué se deja de hacer con la vivienda.
La abstención puede expresar enfado. Lo que no puede es convertir ese enfado en poder parlamentario.
Faltan dos semanas para decidir quién ocupará los escaños del próximo Congreso. Dos semanas para examinar propuestas, exigir explicaciones y recordar a los candidatos que detrás de cada porcentaje electoral hay personas cuyas condiciones de vida no mejoran solo porque un partido suba tres puntos en las encuestas.
El 29 de noviembre no elegimos únicamente entre bloques. Elegimos quién tendrá la capacidad de decidir sobre nuestros salarios, nuestros alquileres y nuestras oportunidades. Porque las encuestas pueden equivocarse sobre quién gobernará. Lo que sabemos con certeza es que las decisiones del próximo Gobierno también afectarán a quienes no hayan votado. Así que si quieres techo, ejerce tu derecho.