Jorge Azcón será presidente de Aragón la próxima semana. Segundo gobierno desbloqueado en la nueva era entre el Partido Popular y Vox. Mientras en Zaragoza todo eran buenas palabras, en Madrid se recrudecía la batalla entre sus direcciones a propósito, precisamente, de uno de los puntos de los acuerdos de gobierno, el de la migración y esa “prioridad nacional” que han forzado los de Santiago Abascal.
Una vez disuelto el “tapón” que impedía hacer presidenta a María Guardiola en Extremadura, el pacto en Aragón llegaba con una semana de diferencia. Antes de San Jorge, una fecha muy simbólica para la comunidad, como avanzó este periódico. Azcón se fotografiaba con el que será su vicepresidente, Alejandro Nolasco, que contará con tres consejerías; la de desregulación, Agricultura y Medio Ambiente. El Gobierno tendrá un total de diez integrantes.

Azcón se asegura así salir investido a la primera la próxima semana con los votos de Vox, cuando se cumplirán casi tres meses desde las elecciones autonómicas. En síntesis, ambos partidos han cerrado en Aragón un acuerdo muy similar al de Extremadura, incluido el capítulo más comprometido que es el migratorio, pero las negociaciones se han encarado de manera muy distinta.
Guardiola se enfrentó a un camino lleno de espinas y por momentos daba por imposible el acuerdo, e incluso asumía la posibilidad de repetición electoral. Por el contrario, en Aragón, la fórmula secreta –reconocen las dos partes- ha sido la de la “discreción”. De hecho, según relatan fuentes cercanas al barón territorial, este ha querido llevar “personalmente” las conversaciones para evitar filtraciones que hiciesen descarrilar ese pacto.

“Ninguna negociación es sencilla”, precisan en todo caso fuentes al tanto de los contactos durante estas semanas. Se fue “paso a paso” hasta el pacto, y siempre mirando por el retrovisor el avance o retroceso en Extremadura. “Los tiempos los ha marcado Vox”, corroboraron en el entorno del presidente popular.
Una vez escenificado el pacto, ambos partidos se resuelven “satisfechos” con el resultado. “Contentos de poder cerrar el acuerdo y empezar a trabajar”, se confesaba un dirigente muy pendiente de las negociaciones. “Ahora, a trabajar. Al frente del gobierno somos más fuertes”, festejaban en el entorno de Azcón. “Ha sido una buena negociación. Ojalá tener todavía más fuerza, pero las ideas de Vox están en el acuerdo”, remataban desde Vox.
La bronca en Madrid
Este buen ambiente contrastaba con las espadas en alto a nivel nacional. De hecho, algunos cargos llegaron a temer incluso que el pacto se torciera. En Bambú siguen acusando a Génova de “poner palos en las ruedas” y “zancadillas” y así quiso denunciarlo el propio Nolasco en presencia de Azcón, al que agradecía su “disposición y valentía”.

De fondo, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal intensifican su pelea por el relato a causa de la “prioridad nacional” pactada tanto en Extremadura como en Aragón, y que ha desatado la polémica. Y es que un mismo concepto ha generado interpretaciones totalmente dispares entre quienes lo han acuñado. Para el PP, la prioridad nacional queda fundamentada “en el arraigo” y con arreglo a la Constitución y se asegura que la prioridad nacional es tan solo un “principio inspirador”. Para Vox, lo que significa es que “los españoles primero”.
En un paso más allá, Vox y PP llegaron a votar distinto en una moción sobre la “prioridad nacional” de ayudas en la que los primeros instaban al Ejecutivo a repatriar a migrantes ilegales, remigrar a quienes no contribuyen económicamente con el Estado o eliminar para ellos prestaciones y pensiones públicas. Los populares presentaron enmiendas que no fueron aceptadas.

Así, en el PP se plantaron al no contemplar estos asuntos en los acuerdos de gobierno. La tensión entre ambas direcciones fue tal que el portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, llamó “trileros” al PP. La vicesecretaria de Cohesión Social en el PP, Alma Ezcurra, replicó que los de Abascal “se han bajado” de lo acordado. “No se puede pedir una cosa por la mañana y otra por la tarde”, advertía.
La marejada política fue tal que incluso el propio Azcón tuvo que precisar que toda medida de su Gobierno en esta materia estará “revisada” por los letrados del Ejecutivo. “Aquí se cumple la ley”, sentencian en su equipo. “Las leyes se cumplen, no vamos a discriminar a ciudadanos”, añadieron en Génova. Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno ya han protestado.
