Las conformidades son un mecanismo penal por el que la persona acusada acepta los hechos o la pena solicitada por las acusaciones. A cambio, el procedimiento se resuelve sin celebrar juicio y normalmente con una rebaja de condena. Es una figura habitual en el sistema judicial español y se aplica en numerosos delitos. Sin embargo, cuando aparece en causas de violencia de género o violencia sexual, suele abrir un debate mucho más amplio sobre cómo responde la justicia ante este tipo de violencias.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2025 se dictaron en España 48.906 sentencias penales por violencia de género. De ellas, 31.247 fueron de conformidad, lo que representa el 63,9 % del total. Es decir, en casi dos de cada tres casos la persona acusada aceptó los hechos o la condena y el procedimiento terminó sin necesidad de celebrar juicio completo.
Estrategia de defensa
La cifra suele analizarse desde el punto de vista del acusado: estrategia de defensa, reducción de pena o conveniencia procesal. Pero detrás de ese porcentaje aparece otra pregunta menos visible y quizá más importante: por qué tantas mujeres prefieren no continuar con la acusación hasta el final o aceptan una salida pactada antes que llegar al juicio oral.
En muchos procedimientos, el desgaste comienza mucho antes de sentarse en una sala de vistas. La denuncia no cierra el episodio vivido, sino que abre una nueva etapa marcada por declaraciones repetidas, trámites prolongados, incertidumbre y tiempos judiciales que pueden alargarse durante años. Para muchas víctimas, el proceso penal no se percibe como un camino lineal hacia la reparación, sino como una sucesión de obstáculos administrativos, emocionales y personales.
A ello se suma el temor al juicio oral. Comparecer frente al agresor, volver a relatar los hechos, escuchar una versión contraria de lo sucedido o exponerse públicamente son factores que pesan de forma decisiva. Incluso cuando existen medidas de protección, muchas mujeres llegan al momento del juicio con un cansancio acumulado difícil de sostener. La posibilidad de cerrar el procedimiento antes de esa fase puede convertirse entonces en una salida asumible, aunque no plenamente satisfactoria.
Violencia institucional
También influyen razones prácticas. Seguir adelante con una causa judicial exige tiempo, energía y estabilidad personal. Hay víctimas que atraviesan cambios de domicilio, problemas laborales, cuidados familiares, dificultades económicas o procesos psicológicos complejos mientras el procedimiento sigue abierto. Mantener durante años una causa activa puede resultar incompatible con la necesidad urgente de reconstruir la vida cotidiana. A ello se suma, en muchos casos, una forma de violencia institucional que se expresa en procedimientos que se alargan durante años, declaraciones repetidas, interrogatorios duros o una atención escasamente sensible. Como resumía el letrado Isaac Guijarro, de Olympe Abogados, “las agresiones sexuales son procedimientos larguísimos” y muchas veces hay que estar “recurriendo todo constantemente”.
Cuando el juicio finalmente llega, muchas víctimas lo hacen exhaustas. Guijarro advertía de que, tras años de proceso, “solo quieren acabar con el procedimiento como sea”. Y añadía: “Prefieren asegurarse una condena, aunque sea irrisoria, para poder pasar página”.
En los casos de violencia sexual, además, existe un componente añadido vinculado a la exposición de la intimidad. Aunque la legislación española ha incorporado límites para evitar preguntas invasivas o juicios morales sobre la vida privada de la denunciante, muchas mujeres continúan afrontando el proceso con la expectativa de ser cuestionadas. El miedo a no ser creídas, a ser juzgadas o a revivir el daño sufrido sigue apareciendo como un factor central. También aquí pesa la experiencia de declaraciones múltiples, interrogatorios duros o la sensación de tener que demostrar constantemente un daño ya denunciado.
El Supremo pide extremar el control de las conformidades
Las conformidades también permiten evitar la incertidumbre del resultado judicial. Un juicio nunca garantiza condena, incluso cuando la víctima considera sólidos los hechos denunciados. La posibilidad de asegurar una sentencia condenatoria, aunque implique una pena menor de la inicialmente solicitada, puede pesar más que el riesgo de atravesar un proceso largo para acabar en absolución. Para algunas mujeres, el acuerdo representa al menos un reconocimiento formal de lo ocurrido y la posibilidad de cerrar el caso.
El Tribunal Supremo ha insistido recientemente en la necesidad de extremar el control judicial en retractaciones y conformidades en violencia machista, comprobando que cualquier decisión se adopta libremente, con información suficiente y sin presiones externas. Ese recordatorio resulta especialmente relevante en procedimientos donde pueden existir dependencias emocionales, económicas o miedo al agresor.
Por eso, las conformidades no solo hablan de acusados que pactan. Hablan también de víctimas que, con frecuencia, sienten que seguir adelante tiene un coste demasiado alto. Detrás de cada acuerdo puede haber una estrategia penal, pero también agotamiento, miedo, necesidad de estabilidad y deseo de pasar página. La cuestión de fondo no es únicamente por qué existen estos pactos, sino por qué tantas mujeres perciben el juicio no como reparación, sino como una nueva carga.