“Lo he vivido. No me lo han tenido que contar.” Ana Méndez, abogada especializada en violencias machistas, no habla en abstracto. Habla de lo que ocurre dentro de los juzgados. De lo que ve, de lo que ha tenido que frenar y, en sus palabras, de lo que constituye muchas veces “un ejercicio de violencia institucional”.
Hablamos con ella después de que la fiscal de sala de Violencia contra la Mujer, María Eugenia Prendes, afirmara en la Cadena SER que prácticamente ninguna mujer que denuncia volvería a hacerlo. Una idea que, lejos de sorprenderle, encaja con lo que observa a diario en sala. Para ella, el problema puede surgir desde el instante en que una mujer decide denunciar.
Ese momento, explica, suele vivirse como un punto de inflexión. Denunciar no es un gesto cualquiera, implica cerrar una etapa, reunir fuerzas y enfrentarse a lo ocurrido. Pero ese paso, que debería abrir un espacio de protección, no siempre lo hace. A veces, señala, marca el inicio de un recorrido en el que la víctima vuelve a sentirse cuestionada.
El grueso de la revictimización, en los juzgados
Aunque reconoce que la atención inicial en comisaría ha mejorado en algunos casos —especialmente cuando intervienen unidades especializadas—, sitúa el núcleo del problema en los juzgados. Es ahí donde, con más claridad, se manifiesta lo que denomina revictimización.
No se trata solo de lo que ocurre, sino de cómo ocurre. Méndez describe interrogatorios en los que falta formación específica y, sobre todo, una mirada adecuada hacia la víctima. Preguntas que no deberían formularse, otras que la propia ley y la jurisprudencia desaconsejan de forma expresa, y un tono que, más que buscar esclarecer los hechos, parece poner en duda el relato desde el primer momento.
Se refiere, por ejemplo, a cuestiones como por qué la víctima tardó en denunciar, qué ropa llevaba, cómo se comportó antes o después de los hechos o incluso aspectos de su vida sexual. “Eso no se puede preguntar”, subraya. Tampoco son admisibles insinuaciones que responsabilicen a la víctima de lo ocurrido o que sugieran que podría haber evitado la agresión con otro comportamiento. Sin embargo, asegura que este tipo de planteamientos siguen apareciendo en sala.
“A la víctima hay que escucharla, sin juzgar”, insiste. Pero, según su experiencia, ese principio no siempre se cumple. Y el problema no es puntual. Habla de dinámicas que se repiten y que trasladan a la mujer la sensación de que debe justificar lo que le ha ocurrido.
Revivir un episodio traumático
La revictimización, explica, no es un concepto abstracto. Tiene consecuencias muy concretas. Declarar implica revivir un episodio traumático, y no todas las víctimas pueden hacerlo en cualquier condición. Cuando el entorno no es el adecuado, cuando las preguntas o el tono generan presión o incomodidad, el impacto es inmediato: hay mujeres que se bloquean, que entran en disociación o que no pueden continuar.
Ella misma ha tenido que intervenir. Levantarse en mitad de un interrogatorio, señalar que no se estaba respetando la legislación, pedir que se modificara la forma de preguntar o, directamente, parar una declaración. No como algo excepcional, sino como una necesidad ante situaciones que, asegura, ha vivido en primera persona.
Ese desgaste deja huella en el proceso. Hay víctimas que llegan a la fase de juicio oral sin poder sostenerlo. Otras optan por acuerdos de conformidad para evitar volver a declarar. No porque no crean en lo que han denunciado, sino porque el recorrido previo ha sido demasiado duro. El problema, insiste, no es solo el resultado judicial, sino el tránsito.
Méndez introduce, además, un matiz importante: no todas las mujeres buscan lo mismo cuando denuncian. Para algunas, ser escuchadas ya supone una forma de reparación. Otras necesitan una condena o una respuesta más contundente. Pero en todos los casos hay un elemento común: el proceso no debería añadir más daño.
Los jueces pueden estar formados y no aplicar la perspectiva de género
Parte de la explicación, apunta, está en la falta de formación. Pero advierte de que no es suficiente con acumular cursos. “Puedes estar formada y no aplicarlo”, señala. A esa carencia se suman la sobrecarga de trabajo en los juzgados y, sobre todo, la persistencia de estereotipos que siguen influyendo en cómo se interpretan estos casos.
Ahí sitúa una de las diferencias clave. Mientras que en otros delitos el relato de la víctima no se cuestiona de la misma manera, en los casos de violencia sexual o machista sigue existiendo una sospecha de base. Un filtro que no se aplica igual en otros contextos y que, a su juicio, tiene una raíz clara: el machismo estructural.
Ese contexto también ayuda a entender por qué muchas mujeres no denuncian. En delitos que, además, suelen producirse en el ámbito íntimo o dentro del entorno cercano, el peso de iniciar el proceso recae casi por completo en la víctima. Y el miedo no es solo a lo que ocurrió, sino a lo que puede venir después.
Aun así, Méndez evita trasladar un mensaje de cierre. Insiste en que el sistema puede funcionar de otra manera. Para que una mujer se sienta reparada, señala, es necesario que exista una atención especializada desde el primer momento, acompañamiento psicológico y social, y un procedimiento que garantice sus derechos sin someterla a nuevas formas de violencia. “No es incompatible proteger a la víctima con respetar la presunción de inocencia”, subraya.
Las palabras de la fiscal han abierto el debate. La experiencia de quienes trabajan dentro del sistema, como Méndez, lo aterriza. Y lo que describe no es solo un fallo puntual, sino una forma de funcionamiento que, en demasiadas ocasiones, convierte el proceso judicial en algo que muchas mujeres no querrían volver a atravesar.