El Gobierno dispara el gasto en Defensa más de un 50% sin pasar por el Congreso

Las inversiones reales en Defensa rozan los 10.000 millones en la ejecución de los Presupuestos prorrogados, sin el aval del Parlamento y entre tensiones con los funcionarios

La ministra de Defensa, Margarita Robles, saluda al embajador de los Estados Unidos, Benjamín León Jr., en el Ministerio.
RUBÉN SOMONTE/MDE

Los dos años ya cumplidos de prórroga de los Presupuestos de 2023 se saldan con un incremento del gasto en Defensa del más del 50% sin pasar por el Congreso. Los informes de ejecución de la prórroga presupuestaria de la Intervención General del Estado (IGAE) muestran los enjuagues y trucos que viene desarrollando el Gobierno a cuenta de partidas de otros ejercicios y sin relación con los nuevos objetivos, lo que está causando además malestar entre los funcionarios de la Intervención General del Estado.

Las inversiones reales en 2025 ascendieron a 14.965 millones, un 26,3% más, principalmente por los pagos realizados por el Ministerio de Defensa, que se incrementan en un 45,2% desde los 6.710 millones hasta los 9.746 millones, de los cuales, 6.147 millones corresponden a los programas especiales de modernización frente a los 2.930 millones en 2024.

En el primer año de la prórroga de los Presupuestos de 2023, este apartado se incrementó un 5,1%, de los 6.383 millones de 2023 a 6.710 millones en 2024.

Fondos de comunidades y de contingencia

Precisamente hace un año, en abril de 2025 el Gobierno aprobó un aumento del gasto en Defensa y seguridad para llegar al 2% del PIB tirando de varias partidas que suman 10.471 millones de euros entre las que destacaban más de 2.800 millones de ahorro por la menor necesidad de financiación de las comunidades autónomas en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ya que podían acudir a los mercados en mayor medida, casi 1.400 millones del fondo de contingencia para los sueldos y las pensiones de los militares y otros 1.357 millones de fondos europeos.

Igualmente, el Estado quería sacar partido de las “menores necesidades de amortización”, debidas a la bajada de tipos, que le favorecen en cuanto al pago de los intereses de la deuda. Y, además, en esta partida también se sacaría provecho de la reducción del déficit público, que cerró 2024 en el 2,8% frente al 3,5% del año anterior.

No es la primera vez que se han utilizado partidas destinadas a comunidades autónomas y ayuntamientos para gastos que no tienen nada que ver. Cabe recordar que entre enero y mayo de 2024, el Gobierno desvió para la entrada de la SEPI en Telefónica 2.285 millones de euros en su mayoría provenientes de partidas presupuestadas para comunidades y ayuntamientos, sin necesidad de validarlo en una norma con rango de ley.

Ingeniería presupuestaria

El Ejecutivo viene realizando lo que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha denominado “ingeniería presupuestaria”. Esto no es otra cosa que utilizar las ampliaciones de crédito y la reasignación de partidas para adaptar las cuentas a las necesidades financieras del momento, el gasto en Defensa, las operaciones de la SEPI o la DANA. En 2024 las ampliaciones de crédito ya alcanzaron los 50.000 millones de euros, y si se tienen en cuenta también las transferencias entre partidas, las modificaciones totales casi doblaron esa cuantía.

A los movimientos entre partidas se sumó la pretensión de aplicar el Fondo de Contingencia, de computar gastos que hasta ahora no se consideraban, y ampliar aquéllas que se pueda.

El Gobierno ha aprovechado el Real Decreto-ley de medidas por la guerra de Irán que convalidó el Congreso el pasado 26 de marzo para colar un mecanismo que le permita seguir operando sin Presupuestos y gastar más sin control del Parlamento. Los enjuagues que ha venido realizando en 2024 y 2025 a cuenta de los fondos europeos Next Generation y de la prórroga de partidas de años anteriores sin relación ya no bastan, y pasa ahora a financiar gasto con deuda, lo que amenaza el cumplimiento del déficit y directamente lo imposibilita si la recaudación no sigue aumentando como hasta ahora.

Este cambio se articula en un Real Decreto-ley habilitado para ayudas por la guerra que parecía tener asegurada su convalidación como así ha sido y cuando el Gobierno había anunciado un nuevo “paréntesis” en la presentación de los Presupuestos.

Ante el malestar que esto provoca en los funcionarios y en la Intervención General del Estado, del que ha informado este periódico, la ex ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha agradecido en su discurso de despedida en el Ministerio la ayuda de los funcionarios, su “mérito”, “en mi caso por las modificaciones presupuestarias”.

Tira y afloja con Trump

Pedro Sánchez presentó el 22 de abril de 2025 un plan que ha asegurado que asciende a 10.471 millones para llegar a un gasto de 33.123 millones y destinar el 2% del PIB a Defensa.

El Gobierno fijaba el horizonte para alcanzar el 2% en 2029, pero la Alianza no daba más de sí ante la creciente presión de Donald Trump y urgió a alcanzarlo antes de verano y desde la Comisión Europea se instaba a llegar más lejos. El listón ya se situó entonces en el 5%.

Con la Cumbre de la OTAN en La Haya en el horizonte y en pleno ataque de EEUU a Irán -que entonces se dijo que era definitivo-, un Sánchez asediado por los casos de corrupción que rodean a su Gobierno sostuvo en junio de 2025 que sólo llegaría al 2,1%, es decir, a unos 12.000 millones, lo que no fue bien recibido. Mark Rutte lo elevó al 3,5%.