La eutanasia de Noelia Castillo ha dejado de ser solo un caso judicial y social en España para convertirse también en un asunto con eco internacional. En las últimas horas, el diario estadounidense New York Post ha asegurado que la Administración de Donald Trump ha solicitado indagar en las circunstancias que rodearon la muerte de la joven española de 25 años, fallecida el 26 de marzo tras acceder legalmente a la prestación de ayuda para morir prevista en la legislación española. Por ahora, la información sobre ese supuesto movimiento parte de esa publicación y no consta, al menos de forma pública, una confirmación oficial detallada del Departamento de Estado.
El interés de Estados Unidos, según ese diario, estaría relacionado con dos grandes cuestiones. La primera tiene que ver con la forma en que España aplicó la ley de eutanasia en un caso especialmente sensible, por el perfil de la paciente y por la controversia pública y judicial que acompañó todo el proceso. La segunda apunta a una preocupación política y diplomática más amplia sobre la protección de personas vulnerables. Algo que el Post vincula a supuestas dudas sobre si Noelia mantuvo de manera firme su voluntad en la fase final del procedimiento.
De dónde sale la investigación que cita la prensa de EEUU
El origen de esta historia está en una información publicada por el New York Post, que asegura haber tenido acceso a un cable diplomático y a fuentes conocedoras del asunto. Según esa versión, el Departamento de Estado habría pedido a la Embajada de Estados Unidos en Madrid que recopilara información sobre el caso, incluidas las decisiones administrativas y sanitarias que hicieron posible la eutanasia de Noelia Castillo. El diario enmarca ese supuesto interés en una inquietud por los derechos humanos y por la respuesta institucional dada a una mujer joven, parapléjica y con antecedentes de sufrimiento psíquico severo.
Ese punto es importante porque marca el matiz central del asunto. No se trata, al menos por lo que se ha publicado hasta ahora, de una causa judicial abierta por autoridades estadounidenses contra España, sino de una presunta indagación diplomática e informativa para conocer mejor cómo se resolvió un procedimiento que en el país europeo fue legal, pero extraordinariamente polémico.
Un caso que llevaba semanas agitando el debate en España
La eutanasia de Noelia Castillo ya venía ocupando titulares mucho antes de que apareciera el foco de Estados Unidos. La joven había solicitado formalmente la prestación en abril de 2024 y su petición fue avalada en julio de ese mismo año por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el órgano previsto por la ley para revisar este tipo de expedientes. Desde entonces, el procedimiento quedó atrapado en una larga cadena de recursos impulsados por su padre, con el apoyo de Abogados Cristianos.
Durante ese tiempo, distintos tribunales fueron respaldando la validez de su decisión. Tanto la justicia española como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaron frenar definitivamente el proceso. El caso terminó convirtiéndose en uno de los episodios más delicados desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021, que regula la eutanasia en España desde el 25 de junio de 2021. Esa norma reconoce el derecho a solicitar y recibir ayuda para morir a quienes cumplan una serie de condiciones y superen un procedimiento garantista.
Qué preocupa a quienes cuestionan el procedimiento
La información publicada en Estados Unidos insiste en varios elementos que han estado presentes también en el debate español. Uno de ellos es si una persona con gran sufrimiento psicológico, además de físico, puede expresar un consentimiento plenamente libre, estable y no condicionado por su contexto. Otro es si el sistema de evaluación fue suficientemente riguroso a la hora de descartar cualquier falta de capacidad o presión externa.
Sin embargo, esa es precisamente la cuestión sobre la que los tribunales españoles ya se pronunciaron. Las resoluciones que permitieron continuar el procedimiento consideraron que no se había acreditado una falta de capacidad para decidir y que Noelia había mantenido de forma consistente su voluntad de acceder a la eutanasia. De hecho, el caso ha vuelto a abrir en España otro debate paralelo: si un padre puede o no recurrir judicialmente la eutanasia concedida a un hijo mayor de edad con plena capacidad, una cuestión sobre la que el Supremo quiere fijar doctrina en otro asunto similar.