Noelia, la joven barcelonesa de 25 años con paraplejia que ha reabierto el debate sobre la eutanasia en España, murió este jueves por la tarde tras recibir la prestación en el centro sociosanitario Sant Camil, en Sant Pere de Ribes, después de un prolongado recorrido judicial impulsado por la oposición de su padre.
La intervención se produjo una vez agotadas todas las vías legales abiertas para frenarla. La solicitud de Noelia había quedado bloqueada durante meses por los recursos presentados por su progenitor, representado por la asociación Abogados Cristianos, que sostuvo en distintas instancias que la joven no reunía la capacidad necesaria para adoptar una decisión de esa trascendencia. Sin embargo, los tribunales que examinaron el caso acabaron avalando que mantenía intacta su facultad para comprender y decidir sobre su situación.
El procedimiento se prolongó durante cerca de dos años desde que la joven formalizó su petición de eutanasia ante los órganos competentes de Cataluña. A lo largo de ese tiempo, el caso pasó por varias instancias judiciales. Primero se pronunció un juzgado de Barcelona, que autorizó la prestación. Después llegaron los recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y, finalmente, el intento de paralización ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ninguna de esas actuaciones logró modificar el criterio de fondo: que la petición había sido realizada de forma libre y consciente.
El caso de Noelia
Las resoluciones judiciales recogieron, según la información difundida sobre el caso, que Noelia había sido sometida a distintas evaluaciones por especialistas en psicología clínica, neuropsicología y psiquiatría. Esos informes coincidían en que no presentaba un deterioro cognitivo que invalidara su consentimiento y que comprendía plenamente el alcance de la medida solicitada. También se describía una situación de sufrimiento persistente, vinculada tanto a su lesión medular irreversible como a un malestar psíquico cronificado.
Noelia aseguró haber sufrido varias agresiones sexuales, entre ellas una grupal, ocurrida poco antes de su último intento de suicidio. Según explicó, no llegó a denunciar los hechos debido a la situación emocional extrema en la que se encontraba en ese momento, lo que impidió que se abriera una investigación posterior.
Estos episodios se suman también a problemas de salud mental, que la propia joven había reconocido, como un trastorno límite de la personalidad y otro obsesivo compulsivo. Además de autolesiones y una vivencia de sufrimiento acumulado que, según su testimonio, contribuyó a deteriorar de forma significativa su estado anímico mucho antes de la lesión medular que acabaría condicionando su vida física.
Un último intento fallido
En el exterior del centro sanitario se vivieron escenas de tensión contenida durante buena parte de la tarde. Hasta Sant Pere de Ribes se desplazaron familiares, representantes de Abogados Cristianos, personas cercanas al entorno de la joven, curiosos y también miembros de colectivos cristianos que rezaron y cantaron en las inmediaciones. El acceso al recinto estuvo fuertemente controlado y los Mossos d’Esquadra desplegaron un dispositivo para restringir la entrada únicamente a allegados.
Según las informaciones aportadas, Noelia quiso permanecer sola en la habitación en el momento final, aunque su familia se encontraba en el centro. La práctica siguió el protocolo previsto para estos casos, con personal sanitario no objetor de conciencia, que antes de iniciar el proceso confirmó de nuevo que la joven mantenía su voluntad de seguir adelante.
Horas antes de la eutanasia, el padre había intentado una última maniobra judicial para detenerla, pero su petición fue rechazada. Con esa resolución quedó despejado el último obstáculo formal a una decisión que ya contaba con respaldo administrativo y judicial firme.
Tras la muerte de la joven, Abogados Cristianos cargó contra el sistema legal y sanitario. Su letrado defendió que Noelia habría necesitado otro tipo de atención y más apoyo social, y lamentó que el proceso terminara de este modo. En paralelo, sectores religiosos y representantes políticos conservadores expresaron públicamente su rechazo y denunciaron lo que consideran una deriva hacia una “cultura de la muerte”.