María Jesús Montero se va a despedir del Ministerio de Hacienda en una cumbre presidida por Pedro Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales, para mejorar el cupo vasco. Es el modelo en que se miran los independentistas catalanes para su cupo, aparcado desde otoño para no interferir en la candidatura de Montero a presidir la Junta de Andalucía.
Con esta consigna trabajan en Hacienda, según ha podido saber Artículo14, cuando el Gobierno sólo dice que Montero dejará el Gobierno “en los próximos días”. Cuentan con que la salida será la semana que viene porque Montero tiene que estar en esta cita este viernes y no puede cesar antes. Está previsto además que este jueves, en medio de la votación del Real Decreto-ley de ayudas por la guerra de Irán, la todavía ministra de Hacienda dé una rueda de prensa en el Ministerio en la que presentará la ejecución presupuestaria y recaudación de 2025 y los ingresos tributarios de enero y febrero.
El Gobierno vasco ha anunciado este martes que el lehendakari se reunirá este viernes con Sánchez en la Comisión Bilateral de Cooperación para abordar el impacto de la guerra de Irán, la migración (con la petición de que Euskadi sea considerada “frontera norte”), la huelga de médicos y la situación de Tubos Reunidos.
Traspaso de Seguridad Social y aeropuertos
Se trata de una cita que estaba prevista desde enero y en la que en realidad se quiere abordar la actualización del cupo, además del polémico traspaso de gestión de la Seguridad Social.
Hace dos semanas se reunió la subcomisión bilateral en Madrid, y se anunció que habían llegado a “acuerdos importantes” en materia de gestión de aeropuertos que permitirían a la comunidad autónoma participar en el diseño del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que incluye aspectos como las inversiones, los costes o las previsiones de tráfico de pasajeros.
Entonces Ajuria Enea adelantó que Pradales y Sánchez se reunirían antes de Semana Santa, y que podría firmarse el acuerdo definitivo para la gestión bilateral de los aeropuertos en País Vasco. Se creará para ello un órgano bilateral “para la colaboración, coordinación y gestión” de los aeropuertos de Loiu (Bizkaia), Foronda (Álava) y Hondarribia (Gipuzkoa).
Menos cupo por la política migratoria
Otro asunto sobre la mesa es la política migratoria, un terreno en el que Euskadi pide nuevas capacidades para la gestión migratoria y su reconocimiento como frontera norte y “lo que conlleva en términos de financiación y corresponsabilidad”. Esto indica que Ajuria Enea prevé lograr una nueva rebaja del cupo a cuenta de este asunto.
El Ejecutivo autonómico argumenta que el País Vasco es un territorio de tránsito hacia Europa, lo que genera una presión adicional sobre sus recursos de acogida.
Opacidad y abuso del cupo
El cupo es la cantidad que el País Vasco paga cada año por los servicios que el Estado le presta en un sistema en el que la Hacienda Foral gestiona e ingresa sus impuestos. Es un modelo exótico que no sería polémico si su cálculo fuera ajustado y transparente, según denuncian expertos e inspectores de Hacienda. Acaba suponiendo que al final la cantidad que se negocia sea negativa y que País Vasco sea la región mejor financiada de España, sólo seguida de cerca por Navarra.
En febrero de 2023, el Congreso aprobó los proyectos de ley de modificación del Convierto vasco y Convenio navarro, y el proyecto de ley del Cupo Vasco para 2022-2026. Y lo hizo, como está regulado, en lectura única, con lo que los grupos no pueden participar ni introducir enmiendas. Moncloa y Ajuria Enea negociaron un cupo de 1.467 millones en 2022, prácticamente el mismo que el del último quinquenio, fijado en 2017.
El Estado paga el sobrecoste de las pensiones vascas
Se ha producido desde entonces un cambio de trascendencia: las pensiones ya no sólo se financian con cotizaciones a la Seguridad Social y el Estado ha asumido cerca de 40.000 millones de gastos impropios de la Seguridad Social vía impuestos.
Esto supondría más de 2.300 millones que debería asumir el País Vasco, por el 6,24% del PIB del Estado que aporta, y que no se han incluido.
Sobre el momento elegido para renegociar el cupo, Francisco de la Torre, autor con el profesor Jesús Fernández-Villaverde del libro La factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a ciudadanía (La esfera de los libros), ha explicado en una tribuna en The Objective que “el PNV considera que otra mayoría en las Cortes Generales podría afectar a esta negociación. Esto no es teoría: durante la mayoría absoluta del PP entre 2011 y 2016, el cupo no se renovó. Sin embargo, cuando el PP necesitó el apoyo del PNV para aprobar presupuestos en 2017, Rajoy pactó una rebaja retroactiva del cupo para el siguiente quinquenio, el conocido como cuponazo”.
El cupo catalán, en ‘stand by’
Poco después del encuentro entre Sánchez y Predales en enero, los empresarios catalanes, en una nota conjunta de Foment, Pimec y la Cambra de Comerç criticaron abiertamente, por primera vez, la sobrefinanciación foral.
El cupo catalán que ERC viene negociando a cambio de la investidura de Sánchez en noviembre de 2023 y la de Salvador Illa en agosto de 2024 está ahora en stand by, a la espera de las elecciones andaluzas.
El anuncio de Illa el pasado miércoles de que retiraba sus Cuentas del Parlament por no contar con el apoyo de ERC no parece casual. Ese mismo día Sánchez y Montero dieron el enésimo viraje del timón y plantearon que los Presupuestos quedaban en un “paréntesis”. El escollo de la cesión del IRPF a Cataluña arroja luz sobre todo el proceso: el Ejecutivo de Sánchez no puede negociar este asunto antes de las elecciones andaluzas.
Una vez que pasen los comicios a la Junta el 17 de mayo, sí se podrían empezar a tramitar los Presupuestos, estatales y de Cataluña, de 2027.
Coincidiendo con estas fechas se esperan las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y del Tribunal Constitucional sobre la amnistía de Carles Puigdemont, que pueden garantizar el apoyo de Junts a las cuentas.
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