El fraude de ley de una legislatura sin Presupuestos

Pedro Sánchez no tiene problema alguno en que en toda la legislatura no haya presupuestos. Desde diciembre de 2024 viene haciendo alarde de que no necesita al Parlamento para gobernar y precisamente el origen medieval y primera función de los parlamentos es controlar los gastos del gobernante. El “No taxation without representation” que gritaban los colonos americanos al rey inglés. A lo que todavía no parece dispuesto Sánchez es a aceptar que las Cortes le tumben unas cuentas y agotar la legislatura como pretende.

En el enésimo cambio de guión con este asunto que dio a la vuelta del verano parecía que tampoco le importaría este rechazo. Entonces el Gobierno planteó que esta vez sí que iba a presentar Presupuestos, a diferencia de 2024 y 2023, aunque no tuviera apoyos, de acuerdo con el deber que marca el artículo 134 de la Constitución, que establece la obligación del Gobierno de presentar a las Cortes generales un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.

El argumentario era que por ellos no quedaría, que iban a hacer el esfuerzo, en lo que se interpretó que podría suponer un movimiento publicitario ante las elecciones autonómicas, o incluso generales, que se avecinaban, con la presentación de unas cuentas con guiños sociales y el mensaje de que si no se aprobaban no era por su culpa.

Casi siete meses después no ha habido nada. Y ahora la excusa es la guerra de Irán. En estos meses, se sostenía que se estaba negociando con los grupos, cuando el argumento inicial era que se iban a presentar con o sin apoyos.

En todo este tiempo, el Gobierno pone plazos que sistemáticamente va rebasando. El pasado febrero Artículo14 informó de que el de “enero-febrero” que planteó María Jesús Montero en noviembre se iba a incumplir. Pasó entonces a ser el “primer trimestre”, consigna que se ha mantenido férrea hasta este mismo martes, en el que desde Moncloa se apuntaba incluso a que podrían validarse el 31 de marzo.

La excusa de la guerra de Irán

Pues bien, al día siguiente, a la salida de una sesión de control en la que se ha visto a Montero contrariada y en la que se le ha preguntado hasta cinco veces por la ausencia de Presupuestos, desde el Gobierno se ha trasladado que están ahora mismo en un “paréntesis”. “Lo más importante”, hoy por hoy, son las medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán, que aprobaron este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario. 

Así lo ha planteado el propio Sánchez en rueda de prensa poco después, cuestionado sobre los plazos para las cuentas públicas: “Estamos ahora mismo gestionando una de las mayores crisis que durante todos los años de mandato he tenido que gestionar”, ha argumentado en su comparecencia con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de visita en La Moncloa.

Montero ya había dado pistas durante la sesión de control: “Seguimos trabajando para traer unos presupuestos durante este año”. Es decir, ya no hablaba de primer trimestre y no ha concretado que se traten de los de 2026. También dio señales el propio Sánchez el pasado 10 de marzo en una entrevista en elDiario.es en la que subrayó que con estos Presupuestos se puede “dar respuesta a todas las eventualidades derivadas, por ejemplo, de la crisis por la guerra de Irán”.

En privado el Gobierno asume que no los va a presentar, pero en público siguen los bandazos. Y es que crece la presión para que el Gobierno presente Presupuestos, y desde el pasado febrero se ha añadido un elemento que puede provocarle cierta inquietud: el Tribunal Constitucional (TC) estudia por primera vez su incumplimiento de su deber de presentar Presupuestos.

El recurso del PP ante el TC

En un conflicto de atribuciones de la mayoría del PP en el Senado que el TC ha aceptado analizar por unanimidad, se sostiene que el Gobierno le ha hurtado la posibilidad de debatir y aprobar las cuentas públicas por no presentar las de 2026, aunque también denuncia las sucesivas prórrogas de los Presupuestos aprobados en 2023. Señala vulneraciones, entro otros, de los artículos 1.3 y 66.2 de la Constitución, que establecen que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria y atribuyen a las Cortes Generales la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, respectivamente.

También esgrime una violación del artículo 134, que regula la presentación de las cuentas públicas. “Estamos ante un supuesto de estricta usurpación de atribuciones pues el Gobierno, mediante el abuso de la prórroga, se está arrogando una competencia que no le corresponde, autorizando gastos no previstos en el Presupuesto de 2023 y, por tanto, no aprobados por las Cortes Generales, sobre la base de un Presupuesto prorrogado más allá del límite temporal permitido por la Constitución”.

Además, alega que “la prórroga sucesiva y concatenada, arrastrada año tras año, del mismo Presupuesto de 2023 es inconstitucional” porque “desvirtúa la anualidad del Presupuesto que se convierte en plurianual y es un uso fraudulento del mecanismo de la prórroga para evitar la aprobación parlamentaria de unos nuevos Presupuestos que, por definición, han de ser anuales”.

Montero de salida

Ante este escenario, y cuando el malestar en la Intervención General del Estado (IGAE) y entre funcionarios de Hacienda es creciente, las declaraciones contradictorias se suceden.

Una Montero de salida ha preferido no aprobar el anteproyecto de presupuestos ni llevarlos al Congreso, toda vez que planea el adelanto electoral de las andaluzas a mayo, lo que supondría que le quede menos de un mes en el Ministerio, mediando la Semana Santa. Sin embargo, decía el jueves que en unas semanas pueden aprobarse.

Cuestionado por los medios este viernes por la excusa de la guerra de Irán para no presentarlos, Sánchez ha llegado a decir que está “muy enfadado” por la guerra, que es un asunto “muy grave y serio que haya cuatro millones de personas desplazadas”.

En todo caso, por primera vez sí ha admitido que la incertidumbre sobre la duración y efectos de la guerra y sobre el precio del petróleo y otros indicadores no parece el mejor momento para aprobar unos Presupuestos. Aunque tenerlos en vigor ayudaría a afrontar la emergencia, a juicio de hacendistas, lo que Sánchez niega.

Tensiones internas en Hacienda

En Hacienda hay tensiones internas por la prórroga presupuestaria y funcionarios trasladan su malestar por los enjuagues que deben hacer para aprobar partidas sin que haya dotación presupuestaria y sin pasar por el Parlamento, según ha podido saber Artículo14. Una situación que se ha producido con la entrada de la SEPI en Telefónica en 2023 usando fondos de la prórroga presupuestaria para comunidades y ayuntamientos y que se está repitiendo con las partidas que se destinan a Defensa.

Ahora mismo la tensión es tal que se están pagando las nóminas con partidas de otros años y con otros fines, lo que expertos y juristas consultados por Artículo14 consideran que se hace en fraude de ley. Estos mismos funcionarios han tenido que preparar ya dos cuentas que no se han presentado y unas terceras que van camino de ello.

Estrategia común con Illa

El anuncio de Salvador Illa este miércoles de que retiraba sus Cuentas del Parlament por no contar con el apoyo de ERC no parece casual. El escollo de la cesión del IRPF a Cataluña arroja luz sobre todo el proceso: el Ejecutivo de Sánchez no puede negociar este asunto antes de las elecciones andaluzas.

Una vez que pasen los comicios a la Junta en junio, sí se podrían empezar a tramitar los Presupuestos, estatales y de Cataluña, de 2027.

Coincidiendo con estas fechas se esperan las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y del Tribunal Constitucional sobre la amnistía de Carles Puigdemont, que pueden garantizar el apoyo de Junts a las cuentas.

Sin embargo, la tramitación de los Presupuestos de 2027 también se podría ir retrasando hacia lo que es posible que sea la primera legislatura de la historia sin aprobar presupuestos, mientras se han estirado los que propusieron Nadia Calviño, Teresa Ribera, Reyes Maroto, José Luis Escrivá, Irene Montero, Miquel Iceta y Pilar Llop, ministros que ya no están en el Gobierno. Y que, sobre todo han validado unas Cortes de otra legislatura, en las que el PSOE tenía 120 escaños; el PP, 88; Vox, 52; 33 Podemos, y en las que tenía presencia Ciudadanos, con nueve.