Felipe II presumía en el siglo XVI de liderar el imperio más “rico” del mundo gracias al oro y la plata de América, pero en realidad tuvo que declarar la bancarrota hasta en cuatro ocasiones. A la Hacienda de entonces le resultaba imposible cuadrar las cuentas porque el gasto militar era entre elevado e infinito y el sistema fiscal era, por decirlo suave, ineficiente.
Al Gobierno de Pedro Sánchez son las parlamentarias son las cuentas que no le cuadran, y eso a pesar de que es campeón (autoproclamado) en limpieza democrática, creación de escudos sociales y crecimiento económico.
Aquello que en noviembre de 2023 se llamó “bloque de investidura” (y que dio pie a la tercera elección de Sánchez como presidente) podría haberse llamado “Unión por el Mediterráneo” o “Alianza de las Civilizaciones”, por citar dos ejemplos incontestables de inoperatividad. El caso es que aquel mes de noviembre se reunieron las partes, se entregaron las llaves de Moncloa y, poco después, el Congreso de los Diputados dejó de legislar y pasó a convalidar (en el mejor de los casos). Y así sigue.
El recordman de los decretos
Dos años y cuatro meses después de aquella investidura, es tan difícil llevar la cuenta de los reales decretos ley que ha aprobado el Gobierno como de las promesas que ha realizado de presentar unos Presupuestos. El presidente amplió ayer ambos registros con dos nuevos reales decretos y otra promesa de Presupuestos (indeterminada en el tiempo).
Sánchez, que ha tenido que aficionarse a estas normas reglamentarias para aliviar la parálisis legislativa del Congreso, no tenía previsto añadir dos reales decretos más (solo contemplaba uno) a un récord histórico que ya supera los 150 (muy por encima de los 129 de Felipe González y de los 108 de José Luis Rodríguez Zapatero).

No tenía la intención, decíamos, pero no tuvo más remedio que hacerlo para sofocar el motín de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de sus colegas de Sumar que —en un gesto inédito avanzado por Artículo14—, se plantaron y se negaron a participar en un primer momento en el Consejo de Ministros que debía aprobar el paquete de medidas anticrisis para afrontar las derivadas económicas de la Guerra en Irán.
El puño y letra de PP y Junts
La vicepresidenta segunda se cuadró y Sánchez acabó aceptando la aprobación de un segundo real decreto con el propósito de prorrogar o congelar los contratos de alquiler de vivienda que expiran en 2026. El problema es quién convalidará esta norma en el Congreso de los Diputados, puesto que no existe ni bloque de investidura, ni Unión por el Mediterráneo, ni Alianza de Civilizaciones que lo haga posible. Así que la ganancia únicamente podrá medirse en términos de escaparate político para Sumar (si es que los tiene).
Las circunstancias son muy distintas respecto al otro real decreto, el de medidas económicas que incluye rebajas fiscales del 21% al 10% en la electricidad, el gas y la gasolina. A la vista de lo aprobado, PP y Junts se apresuraron a reclamar la autoría de estas propuestas. “Es la moción que aprobamos hace unos días en el Senado”, dijeron en el PP. “Sánchez compra todas nuestras rebajas fiscales”, afirmó Junts en un comunicado.
De ambas reacciones podría intuirse que el presidente del Gobierno ha hallado en PP y Junts la mayoría que no tiene con sus dizque socios para convalidar en el Congreso este decreto ley e incluso malpensarse que a Sánchez le han acabado interviniendo como a Felipe II cuando los banqueros de la época (Génova y Augsburgo) le dictaban qué podía y qué no podía financiar el Imperio Español.
