El juicio del caso Mascarillas se abrió con la petición de la Fiscalía de 7 años de cárcel (cuatro por pertenencia a organización criminal y tres por cohecho) para Víctor de Aldama y en ese mismo listón se mantendrá, a pesar de que el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, se había mostrado abierto a atenuar esta pena durante las cuestiones previas al proceso, siempre y cuando que el presunto comisionista de la trama prestara una colaboración cualificada.
Ese era el criterio de Luzón hace solo unos días, el de disponerse a pedir una rebaja de pena a la mitad de años de cárcel mientras Aldama colaborara eficazmente con la acción de la Justicia.
Pero la intervención de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha logrado modificar el criterio de Luzón de aplicar a Aldama una “atenuante muy cualificada” de confesión, según las fuentes consultadas por Artículo14.
Aldama señaló a Sánchez
Se sabía desde el inicio del juicio que la “atenuante muy cualificada” estaba en manos de Peramato (y no de Luzón, con quien ha hablado del asunto). Y la fiscal general del Estado ha hecho valer su jerarquía, en particular después de que Aldama señalara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como “el 1” de una trama en la que también involucró con todo tipo de detalles al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.
Peramato —que hace muy pocos días relevó a Almudena Lastra, la fiscal Superior de Madrid que señaló al anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador (pareja de Isabel Díaz Ayuso)— ha dado ahora otro paso en el sentido de presionar con la línea que interesa al Gobierno, molesto con el dedo acusatorio de Aldama y con el manejo de la investigación del fiscal Luzón.
El mandato de Luzón (2027)
El problema de fondo con Luzón, en realidad, tiene difícil solución para el Gobierno, puesto que su segundo mandato como jefe de la Fiscalía Anticorrupción no caduca hasta octubre de 2027, lo que significa que ningún Ejecutivo podrá moverle la silla hasta después de las elecciones generales (que Sánchez sitúa al final de la legislatura, es decir, el verano del año que viene).
Entretanto, el Gobierno tendrá que convivir con Luzón sabiendo que su superior jerárquica, la fiscal general del Estado, vigila su actuación. Fuentes fiscales consultadas describen así la intención del fiscal Anticorrupción de pedir para Aldama la “atenuante muy cualificada”: “Estaba justificada la rebaja de pena, dicho lo cual, quizá al final no importe, porque el tribunal puede bajarla al margen del fiscal”.
Los casos que afectan al Gobierno
Decida lo que decida el tribunal, demasiadas cartas han quedado sobre la mesa en este primer juicio por un caso de corrupción que afecta al Gobierno. En este primer proceso se decidirá el castigo o la absolución de Aldama, Ábalos y Koldo por el caso Mascarillas, pero hay varios juicios más que afectan de lleno al Gobierno y en los que los testigos que colaboren con Anticorrupción ya saben a qué atenerse.
El caso Mascarillas sienta un claro precedente respecto a la actuación de la Fiscalía General del Estado y respecto a los límites que va a tener que asumir Anticorrupción. Que Aldama se prestara a detallar en el juicio según qué cosas no ha tenido premio extra por parte de la Fiscalía, así que es más que probable que los involucrados en el caso Begoña Gómez, en el caso Hidrocarburos, en el caso Plus Ultra o en el caso David Sánchez hayan tomado nota.
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