Víctor de Aldama fue el “nexo corruptor” para la Guardia Civil. El “jefe real” de la trama. Y este miércoles abrirá la ronda de declaraciones de los encausados en el Tribunal Supremo en el caso de los mascarillas. Se juega su primera sentencia condenatoria. Fiscalía Anticorrupción pide para él 4 años de prisión por pertenencia a organización criminal y tres por cohecho.
La de Aldama es la petición de condena más baja frente a los 24 años que la Fiscalía pide para el exministro José Luis Ábalos y los 19 que pide para Koldo García. Pero podría ser aún más baja, según las fuentes consultadas del caso. Y con ese objetivo va a centrar Aldama su interrogatorio, que empezará a las diez de la mañana y que podría prolongarse hasta la tarde e, incluso, hasta el día siguiente. Extremo que podría retrasar los testimonios del exministro y su asesor.
El fiscal Francisco Luzón, en la vista preliminar, ya advirtió de que el atenuante que había aplicado a Aldama “no era definitivo” a la espera de valorar si colaboración era “cualificada o no”. Anunció que esperaría a la celebración del juicio oral para medir ese grado de colaboración. En concreto, todo depende de lo que diga este miércoles.
Para demostrar esa voluntad, Aldama contestará todas las preguntas de todas las partes. Su abogado, José Antonio Choclán, ya anunció al inicio del juicio que así lo haría y descartó que hubiera un “acuerdo opaco” con la Fiscalía. “Es un comportamiento procesal que está previsto en la propia ley penal”, defendió.
Entonces, explicó Choclán que el artículo 570 del Código Penal “establece una atenuación penal para aquel investigado que se le atribuye un delito de organización criminal, que contribuye al acuerdo y la colaboración con las autoridades a desmantelar esa organización, a determinar quiénes son sus responsables y al descubrimiento de los hechos que se hayan atribuido a esa organización criminal”.
En este sentido, algo muy revelador de su estrategia de defensa a lo largo de las jornadas del juicio han sido sus escuetas preguntas a casi todos los testigos. De hecho, no hizo ni una sola pregunta a los agentes de la UCO de la Guardia Civil pese a que le incriminaron con sus testimonios.
Para la Fiscalía Anticorrupción y la UCO, Ábalos, Koldo y Aldama formaron una organización criminal para lucrarse ilícitamente con comisiones gracias a ayudar a empresarios con su influencia desde el ministerio de Transportes.
Precisamente, Aldama tratará de mostrar su voluntad de acabar con esa trama confesando todo detalle de su funcionamiento.
El escrito de acusación del Ministerio Público sitúa a Aldama como el empresario “que, en beneficio propio y de terceros, aprovechando su influencia sobre el también investigado Koldo García Izaguirre y sobre el mismo José Luis Ábalos Meco, garantizada mediante el pago continuado de elevadas cantidades de dinero, consiguió para sí o para terceros y con beneficio económico propio, la adjudicación de determinados contratos”.
Luzón describe su rol así: “Era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la Administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a Ábalos y a Koldo García”.
Extremos que han ido ratificando la mayoría de testigos que han acudido a testificar, apuntalando la función de Aldama como “nexo corruptor”, como dijo la UCO en sus primeros informes. De hecho, altos cargos de Transportes han relatado la omnipresencia de Aldama en el ministerio. “Una vez comenté a Ábalos que me preocupaba que, muchas veces que él no estaba allí,, estuviera Aldama”, desveló Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif. “Entraba y salía sin nadie decirle nada, usaba el aparcamiento de autoridades y subía por el ascensor del exministro”, retrató el responsable de seguridad del ministerio.
También ha quedado acreditado que fue él quien luchó para conseguir el rescate de Air Europa mediando con el ministerio y que encargó a su socio Alberto Escolano que pagara el piso de la pareja de Ábalos, Jésica Rodríguez. Asimismo, medió también para que otro socio, Claudio Rivas, pagara un chalé en la Alcaidesa a la familia de Ábalos.
En su declaración, por tanto, tendrá que hacer un repaso a casi toda la causa. Para Aldama es capital reducir al máximo esta condena porque tiene otros frentes judiciales abiertos. Está imputado aún en la Audiencia Nacional en la causa que juzga los mismos hechos que el Supremo. Pero allí se añade el delito de fraude fiscal. La semana pasada, la Agencia Tributaría envió un informe al juez indicando que defraudó 2,4 millones de euros al fisco por el negocio de las mascarillas.
Además, la causa que más le preocupa es la de los hidrocarburos. Está imputado por un fraude del IVA junto a su socio, Claudio Rivas. Habrían desfalcado más de 182,5 millones de euros al fisco. Es por ello que también se ha presentado como testigo voluntario en la causa de los pagos del PSOE, asegurando que tiene información que acreditaría financiación ilegal de la Internacional Socialista.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.