Pedro Sánchez mantiene abiertas dos líneas de acción bien definidas de donde no se moverá de aquí a las andaluzas. Está la confrontación y la línea política. Sánchez contra Trump, el PSOE contra los pactos PP-VOX y el ministerio de Isabel Rodríguez en primera línea. Internacional, nacional y políticas públicas vía BOE evitando las mayorías de investidura imposibles. “La precariedad y la vivienda se llevarán por delante a este Gobierno”, advirtió Gabriel Rufián. O el Ejecutivo impulsa una agenda sólida de vivienda o el coste político puede ser decisivo.
Para el Gobierno, el PP se ha quedado atrapado en la ambigüedad con su posición internacional e intentado explicar la “prioridad nacional”. En este contexto de embestida de Trump y la jugada de VOX, la posición intermedia de Feijóo no existe. En privado, el Ejecutivo asegura que estar únicamente contra la guerra no significa nada y criticar al gobierno por esto no cala. Sánchez ya contaba con que los acuerdos harían daño al PP por la urgencia de cerrar los gobiernos autonómicos. Desde Moncloa consideran que el error de la prioridad nacional puede favorecer a Juanma Moreno (no a María Jesus Montero) pero será un calvario para el PP nacional durante todo el año. Un ejemplo. La fecha tope para la investidura en Castilla y León es el 7 de mayo, primera semana de campaña andaluza, donde VOX obligará a retratarse al PP de nuevo en el tercer pacto gemelo de gobierno. Abascal intenta recuperar el pulso perdido y presionará con las mociones en ayuntamientos y parlamentos autonómicos del ‘españoles primero’.
La coyuntura nacional e internacional facilita el camino a Sánchez y frena la capacidad de oposición de Feijóo. Paradójicamente, el relevo lo ha tomado Junts. Quieren lo suyo y Miriam Nogueras ha recuperado el fantasma del adelanto electoral al preguntar qué “argumento democrático” le queda para no convocar. Pero tiene letra pequeña. Internamente, aclaran que Nogueras no ha pedido expresamente que convoque. Pero entienden que si no amagan, no reaccionan. “Sin pegar la patada, aquí no se mueve nada”, señalan.
Escenificaron la ruptura para cambiar de dinámica y desbloquear su agenda. Consiguieron aprobar la ley de multirreincidencia. ¿Qué quieren ahora? Autónomos y Vivienda. La proposición para eximir del IVA a los autónomos con bajos ingresos se acordó a cambio de apoyar el decreto anticrisis y obliga al ejecutivo a desarrollar una norma para esa exención fiscal de la que nadie sabe nada. En Vivienda, exigen desgravar los alquileres y las hipotecas. Porque mientras el gobierno ha ingresado un 57% más desde 2018, la gente no tiene un 57% más de capacidad adquisitiva en su bolsillo. La desgravación la eliminó el PP de Cristobal Montoro y entienden que el PSOE, si estaba en vigor con Zapatero, debería recuperarla. Así que no habrá moción, ni ruptura real, pero sí presión. Y no precisamente con el decreto de alquileres de Sumar, más que amortizado con un ‘No’ tan anunciado por Nogueras que ha conseguido desgastar a Sumar.
El decreto de los alquileres que decae hoy ya estaba superado por el Plan Estatal. Para el Gobierno, como la iniciativa no iba a salir adelante, era tiempo perdido. Aprobar medidas imposibles de convalidar contribuye al discurso en ocasiones, otras desgasta.
La votación pasará sin mucha gloria porque Sumar ha perdido el pulso, dicen en privado. Hacia fuera, el enfrentamiento entre Vivienda y el socio de coalición es explícito. En la cartera de Isabel Rodríguez cuesta impulsar políticas sin mayorías para que la oposición venga del ministro Pablo Bustinduy. Y desde Sumar, entienden que es su obligación presionar con la crisis social de mayor calado. Consumo ha puesto cifras a los jóvenes que viven en casa de sus padres, dos de cada tres hasta los 35 años, según el INE.