Carmen Rodríguez Torre, diputada 1ª de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Burgos, se dedica a la Extranjería dese hace 27 años y ha visto “de todo”. Esta regularización va “superrápido”, traslada, pero la técnica legislativa le parece “deplorable, con constantes notas aclaratorias y cambios de criterio”. En este escenario, destaca en una entrevista con Lex14, “la Abogacía tiene un papel fundamental, hay muchas situaciones complejas”.
De hecho, el pasado miércoles se celebró una jornada entre la Abogacía y el Ministerio de Migraciones con la que cree que en parte el Gobierno intenta arreglar los problemas de sus anuncios de que el abogado no es necesario. Así, avisa de que “la regularización parece sencilla pero en el fondo es compleja”, y apunta a que el Ejecutivo busca ahora reconducir la avalancha de la regularización con los abogados.
Hay 28.617 abogados censados en Mercurio, la plataforma en la que se realizan los trámites de Extranjería, de los que 14.050 son mujeres y 14.529, hombres (y no hay datos sobre 38). Rodríguez Torre subraya la seriedad y formación constante de la mayoría. Si hay alguna excepción, actúa el Consejo con sanciones, que pueden ser “importantes”.
Pregunta. Hay más de 28.000 abogados que se dedican a Extranjería. ¿Cómo se hace el censo? ¿Hay intrusismo?
Respuesta. Estos 28.000 son los que están dados de alta en la plataforma Mercurio. Y por lo tanto son los autorizados a presentar cualquier tipo de documentación en materia de migración, no sólo la regularización, sino en el proceso general.
Los abogados estamos obligados a relacionarnos de forma telemática con la Administración, entonces todo lo que presentemos tiene que ser a través de Mercurio, obligatoriamente. Ahora en el proceso de regularización y antes. Un abogado que no esté dado de alta en Mercurio no puede tramitar en la regularización ningún expediente porque no tiene la autorización previa.
P. ¿Qué le parecen las campañas en redes del Ministerio de Inclusión donde se decía que el abogado no es necesario?
R. Que el abogado no sea necesario es completamente inviable e imposible, tal como ha dicho nuestro presidente. La Abogacía aquí tiene un papel predominante y de la misma manera que salían esas noticias del Ministerio de Inclusión, la Secretaria de Estado ha puesto en valor el papel fundamental que ejerce la Abogacía, incluso pidiéndonos la intervención directa porque hay muchas situaciones complejas. Como el informe de vulnerabilidad.
P. ¿La jornada que organizó Inclusión intentaba arreglar los problemas que han causado estos anuncios?
R. En parte sí, en parte no. Yo creo que la jornada es para poner de manifiesto que se trata de un proceso simple en apariencia, pero complejo en el fondo.
Si no lo interpretas bien y no solo eso, el Real Decreto no es un Real Decreto de regularización al uso, porque modifica el Real Decreto 1155/2024, que es el Reglamento de Extranjería, que se publicó en noviembre del 24 y entró en vigor en mayo del 25.
Este Real Decreto no se limita a decir: Vamos a intentar arreglar el desaguisado del Real Decreto 1155 porque fue un desastre. Y entonces ha habido situaciones que ha tenido que sacar a la luz de otra manera, como, por ejemplo, la de los solicitantes de protección internacional, pero no se ha limitado a eso.
También ha reformado el reglamento, con lo cual los letrados o los colaboradores que pretendan presentar expedientes de regularización sin conocer lo que es el reglamento en profundidad, van a tener muchas carencias y esos expedientes van a tener muchos problemas.
P. ¿Esa modificación del reglamento que dice que era un desaguisado, se puede hacer en otro decreto? Había dudas de si se puede hacer una regularización de este calado por un real decreto
R. Al final esto surge por una iniciativa popular que no es de ahora, es de 2024, en la que se presentaron 700.000 firmas en el Congreso de todos los sectores sociales que reclamaban este proceso.
El Gobierno lo quería hacer por la vía de urgencia, y ha optado por la vía del real decreto y ni siquiera lo ha pasado por el Congreso.
P. ¿No era necesario que fuera un real decreto-ley?
R. Hubiera tenido mayores garantías jurídicas y además no sabemos cuál es el destino final porque ya se ha admitido a trámite un recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid. Y hay varios, con medidas cautelares y la cosa podría quedar paralizada.
P. En el caso de que al final hubiera algún tipo de anulación del proceso cuando ya ha acabado, ¿cree que le afectaría en algo jurídicamente?
R. Yo creo que no. Porque la consigna y digo consigna entre comillas es que en el plazo de tres meses tiene que estar resuelto.
La verdad es que va superrápido porque presenté expedientes el domingo por la mañana y por la tarde tenía número de expediente ya, cosa que en el en el régimen general no ocurre ni de lejos. Y el plazo de resolución es de tres meses.
Por otra parte, hay orden de que más o menos a los 15 días se emita el acuerdo de inicio con una autorización provisional para residir y para trabajar. Eso supone que estos migrantes ya adquieren todos los derechos, tienen derecho de residencia provisional, derecho de trabajo.
P. Entonces, como se les va a conceder una autorización provisional para recibir y trabajar, aparte de la autorización final, si se anulara el proceso ¿qué puede pasar?
R. El extranjero va a adquirir un derecho, en el caso de que sea definitivo, un derecho a recibir y a trabajar amparado en una norma sea o no sea definitivamente refrendada o legalizada, pero va a chocar el derecho particular de una persona y de un colectivo frente a una u otra norma. Sí que es cierto que en este Real Decreto es preceptivo el informe del Consejo de Estado.
P. Señaló siete puntos esenciales y los han cambiado
R. Claro. Teniendo en cuenta que el informe del Consejo de Estado son 85 folios y el Real Decreto, 22, ya te hace ver un poco por dónde pueden ir los tiros.
A nivel judicial sí que es cierto que los elementos fundamentales en los que ponía hincapié el Consejo de Estado se han regulado.
P. Lo que no me ha quedado claro es lo del choque de normas. ¿Se refiere a que en el caso de que se anule vamos a tener una norma que así lo dice pero estas personas ya tendrán un derecho, su residencia trabajo?
R. Claro. Va a haber un choque muy muy importante porque hay una vulneración de un derecho individual, pero también de uno colectivo, porque es una regularización que afecta a al menos 500.000 personas, yo creo que más. Va a ser complicado.
P. ¿Quiere decir que con todo el volumen que va a haber va a ser complicado que se tumbe? Por la fuerza de los hechos
R. Sí, sí. Hay que tener en cuenta también el enfoque que le han dado. El enfoque social, un enfoque económico y un enfoque tributario. El enfoque social, desde el punto de vista de los derechos de las personas migrantes, sobre todo haciendo hincapié en la vulnerabilidad; un enfoque económico, es decir, España es un país muy envejecido con crecimientos negativos desde hace unos cuantos años, con una necesidad de mano de obra evidente y palmaria, y con un enfoque tributario porque esta gente en el momento que se va a poner a cotizar a la Seguridad Social, va a pagar impuestos aparte de los que paga de forma por vía indirecta al vivir, comprar, vivir, etcétera.
P. Al final que por la fuerza de los hechos se acabará imponiendo
R. Yo creo que sí, es mi opinión personal.
P. A pesar de la catarata de recursos al Supremo
R. El Supremo no va a atender a estas cuestiones, el Supremo atenderá a la norma. Pero creo que el hecho de que lo hayan tramitado por vía de Real Decreto no va a afectar para nada a que sea legal o deje de serlo, porque no es la primera vez.
Y es una potestad que tiene, es que entonces tenían que tumbar toda la normativa de este Gobierno.
P. Pero no hablamos de Real Decreto-ley sino de Real Decreto
R. Sí, pero las dos vías son posibles.
P. Tengo entendido que en la regularización de 2005, que fue por Real Decreto, se había hecho una modificación de la Ley Orgánica de Extranjería donde se ponía una disposición que decía que se iba a hacer una regularización por Real Decreto, es decir, tenía más apoyo legal
R. Sí. Ya no sólo es que la técnica legislativa es deplorable, es que se contradicen. Nos han dicho que a lo largo de la semana se van a publicar notas informativas y así vamos con todo, pero llevamos así desde el Reglamento 1155, exactamente igual, si se publicó el 20 de noviembre, a los dos días ya había notas aclaratorias.
P. ¿Cuántos años lleva llevando temas de Extranjería?
R. 27.
P. Habrá visto situaciones de todo tipo
R. Pues bastante. Sí. Pero lo que he visto a nivel legislativo últimamente, no.
P. ¿Cómo va el proceso? Decía que muy rápido
R. Sí, va muy rápido, y hay muchísimas solicitudes, la plataforma va superrápida y muy bien, hay que decirlo porque se caía con mucha frecuencia, es decir, la inversión ha tenido que ser importante y el primer día ten en cuenta que se publica el día 15 en el BOE y el 16 de forma telemática se podía presentar.
P. ¿Se puede hacer de forma presencial y telemática?
R. Se podía ir por una vía por otra, de hecho lo han venido cambiando en estos días, se ha cambiado varias veces de criterio, por ejemplo, en el tema de los solicitantes de protección internacional.
P. Los funcionarios venían quejándose de que era imposible hacerlo en tres meses y llegar al 30 de junio, a los tres meses por solicitud
R. Sí, pero hay una encomienda de servicios a Tragsa, se han habilitado 400 oficinas entre Correos, Seguridad Social y determinadas oficinas de Extranjería, además de los ayuntamientos.
Otra cosa es una vez que esté resuelto, el problema o la pelota se traslada a comisaría de Policía que debe tomar las huellas. Y ahí sí que no hay refuerzo.
Y que a mí me conste, el problema también viene con la Seguridad Social porque en los acuerdos de inicio traen la autorización provisional para trabajar, viene con el correspondiente enlace a la Seguridad Social para dar de alta. Es decir, ¿cómo se va a desarrollar todo esto? Lo iremos viendo.
P. ¿Qué le parecen las colas que se están viendo en los Ayuntamientos?
R. Lo que nos ha dicho el director general de Migraciones es que la Abogacía tenía que tomar ahí un papel predominante para reconducir la situación técnicamente. Viene a decir que más del 80% de los solicitantes no necesitarán el informe de vulnerabilidad, porque si tú tienes contrato de trabajo o has estado trabajando en algún momento de tu vida, porque has tenido acceso a la regularización, porque has sido solicitante de protección internacional y luego te lo han denegado, o bien porque haces una declaración responsable diciendo que vas a ser autónomo, esos perfiles no necesitan el informe de vulnerabilidad y tampoco lo necesitan las unidades familiares que estén compuestas por los progenitores, hijos menores o hijos mayores discapacitados o con ascendientes, ese perfil tampoco necesita informe de vulnerabilidad.
Entonces, lo que dice el director general es que si quito esos perfiles, pues no voy a tener tantos y que todas estas colas que se están preparando, él está convencido de que hay muchísima gente que está haciendo la cola para el informe y que no lo necesita. Yo no lo veo así. Tú no tienes una bolita de cristal para decir que el que está haciendo la cola está haciendo la cola en balde.
Yo creo que el que está haciendo la cola es porque es un solicitante que no tiene posibilidad de acceder a un contrato de trabajo ni de demostrar que ha trabajado nunca, ni se puede poner por cuenta propia ni tiene una unidad familiar compuesta por progenitores y por menores o por ascendentes.
P. ¿Este comentario lo ve como una especie de voluntarismo o de huida hacia adelante o que están intentando hacer otro cambio de criterio?
R. No, yo creo que cambio de criterio no, yo creo que es un poco echar balones fuera porque en el informe de vulnerabilidad hay una cuestión evidente, a la persona que lo necesita no le vale con la solicitud.
He leído que un ayuntamiento en el primer día de citas se ha ido ya hasta el 20 de mayo, es que es prácticamente inviable que yo el 30 de junio pueda tener ese informe.
Lo que nos ha dicho el director general es que los organismos competentes para la emisión, que son los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las entidades locales y las entidades colaboradoras del tercer sector, que, en el caso de ayuntamientos y comunidades autónomas, la firma no tenía que ser, por ejemplo, del secretario de ayuntamiento, que les valía cualquiera que trabajara en el ayuntamiento.
Por ejemplo, el trabajador social que emite el informe, pues que firme y ya está. Eso hay que analizarlo y creó mucha alarma social porque el primer día en los ayuntamientos, por lo menos los de grandes poblaciones, dijeron que no lo iban a hacer. Claro. Que no tenían ninguna obligación y además es así, eso lo ha dicho Santiago Yerga [director general de Migraciones], que no tienen obligación de emitir ese informe.
Si yo voy mañana como migrante al Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona me dice: “Lo siento mucho, señor, yo no le voy a emitir el informe”, ¿qué hace el extranjero?
Entonces se quedará sin regularizar, igual que el que no tenga los antecedentes penales, por ejemplo, Pakistán está tardando una media de ocho meses, está la declaración jurada de que no he podido conseguir el certificado. Lo que consigues con eso es que la UTEE (Unidad de Tramitación Externa) le haga una encomienda al Ministerio de Justicia, y que éste se ponga en contacto a través del Consulado con el país correspondiente, pero si en el plazo de tres meses no recibe contestación, se retrotrae el camino, es decir, el Ministerio de Justicia se pone en contacto con la UTEE y ésta va a requerir al extranjero de nuevo y le va a decir: “Señor, tiene usted 15 días para aportarme el certificado de antecedentes penales”. Y si no se va a archivar, o sea, no le van a conceder la regularización.
Con el informe de Vulnerabilidad va a pasar lo mismo.
P. ¿Y qué ocurre con los antecedentes penales y policiales?
R. Los penales sí se van a tener en cuenta, es lo que acabo de comentar, y en relación a los policiales ahí es un poco un criterio discrecional, porque lo que dice es que no tiene que suponer una amenaza para el orden público, salud pública y seguridad pública.
En teoría si nos vamos a lo que es una amenaza, la normativa europea dice que “la amenaza tiene que ser real, inmediata, etcétera”. Pero, ¿cómo lo van a valorar? No lo sé. Lo antecedentes policiales en sí mismos no son susceptibles para denegar la autorización.
Sería cuestión de si se deniega, pelearlo a los tribunales, hasta qué punto son policiales y luego han devenido en penales.
P. ¿Sería con la Justicia gratuita?
R. Por supuesto, si no tienen acceso a recursos económicos, a través de la Justicia gratuita.
Partimos de la base de que con la autorización provisional pueden trabajar. Si resulta que esa oferta de trabajo no gusta o ha salido otra mejor, no hay ningún problema.
P. En los datos de abril de la Seguridad Social se podrá ver un aumento ya importante de cotizantes
R. Abril a lo mejor es un poco pronto, pero en mayo sí.
P. Por lo que cuenta hay muchas incógnitas todavía
R. Sí, sí, porque de hecho es lo primero que nos han dicho, que a lo largo de estas semanas se van a publicar más notas informativas y de hecho el Ministerio está cambiando la página web.
P. ¿Qué perfil tienen los abogados de Extranjería?
R. Yo llevo en la subcomisión de Extranjería muchos años y el grupo en el que nosotros estamos, en distintas asociaciones, llevamos todos muchos años, pero sí que es cierto que hay mucha gente nueva.
Todos los que están en la plataforma Mercurio llevan la Extranjería como se tiene que llevar. Con formación. En el mundo de la Extranjería a nivel jurídico no hay semana en la que no haya cambios y el abogado tiene que estar muy preparado y muy al día.
P. Se han denunciado abusos de abogados o pseudoabogados y que han estado incluso cobrando antes incluso de que se publicaran los borradores. ¿Cómo se controla esto?
R. Siempre te vas a encontrar con casos de ese tipo en esta profesión y en todas. Desde el Consejo y desde la Subcomisión de Extranjería denunciamos cualquier irregularidad, abuso que detectemos, el Código de la Abogacía es muy estricto y nosotros perseguimos esas situaciones.
El colectivo de la Abogacía no es el único que está en Mercurio, también están los graduados sociales, los gestores administrativos, las sociedades colaboradoras, las ONG y los sindicatos. Entonces, el filtro, el rigor con el que determinados colectivos pueden actuar, pues ahí ya nosotros no podemos entrar. Pero desde luego desde la Abogacía institucional se corrigen y se persiguen los abusos que se puedan cometer, que como en todas las profesiones, desde luego habrá quien quien quiera aprovecharse, quien no sea riguroso.
P. ¿Actúan de oficio?
R. Actuamos como colegios profesionales. Yo estoy en la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Burgos. Como Junta de Gobierno podemos hacerlo. Tenemos que tener conocimiento de la situación. Y estudiar el expediente porque, hay sanciones y las sanciones son importantes.
P. ¿De cuánto pueden ser?
R. Puede ser apartarte del ejercicio de la abogacía un año. Y si encima estás actuando de oficio, las sanciones se multiplican por cinco. Hay más control en el ejercicio de la abogacía del turno de oficio que en el ejercicio libre, porque en el ejercicio libre si yo contrato los servicios de un abogado como extranjero y te digo que te voy a cobrar 2.000 euros por tu expediente de regularización y al extranjero le parece bien, pues quién soy yo para poder decir nada. Puede parecer un abuso, pero si la persona lo ha contratado libremente, hay determinadas situaciones en las que se puede hacer poco.
P. ¿Hay sanciones económicas?
R. No.
P. En paralelo se ha aprobado también un Real Decreto en marzo de Sanidad universal para inmigrantes en situación irregular
R. Sí, pero bueno, técnicamente ya lo tenían.
P. Hay en el Congreso un proyecto de ley parado en la Mesa y luego está el Real Decreto que han sacado en marzo
R. Depende, yo por ejemplo tengo clientes que van a la Sanidad y sin urgencia, eso lo tramitan los asistentes sociales de los centros de salud. Si estás en situación irregular, por lo menos en Castilla y León, no te dan la tarjeta, te dan una hojita blanca provisional que tienes que ir renovando. Pero tienes asistencia.
P. Y entonces, la ley y el Real Decreto, ¿qué pretenden?
R. Pueden ser cuestiones políticas y económicas porque afecta mucho a las cuentas de la comunidad, pero la atención básica ya se estaba dando. Pero luego también hay casos como los de un cliente y su esposa. Él es nacional, tienen muchos hijos y son originarios de Ghana. En el último embarazo de la esposa, que todavía no había obtenido la autorización, no le querían hacer el seguimiento y tuvo muchos problemas. Hay casos así.