La regularización de migrantes abre una nueva guerra entre el Gobierno de Sánchez y la Abogacía de Madrid

“¿Necesito contratar un abogado para el proceso de regularización? ¡No es necesario! Infórmate por fuentes oficiales y no caigas en la desinformación”. Así lo está difundiendo el Ministerio de Inclusión y Migraciones de Elma Saiz en sus redes sobre la regularización que comienza el próximo 1 de abril, lo que ha originado una nueva batalla entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que se suma a la vivida por el secreto de las comunicaciones de los abogados tras las filtraciones desde la Fiscalía General del Estado en las que pudo participar Moncloa de las negociaciones del letrado del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Eugenio Ribón, decano del ICAM, ha remitido este sábado un escrito formal de queja al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en relación con la campaña institucional difundida en Instagram y en X, solicitando la retirada de la campaña en sus actuales términos “por considerar que proyecta un mensaje impropio e injusto sobre la función de la abogacía”.

El ICAM muestra su “profunda preocupación por el enfoque de una comunicación pública que, al presentar el recurso al abogado o abogada especializada como algo prescindible y al asociar de forma indirecta el asesoramiento profesional con la desinformación, la innecesariedad o incluso prácticas fraudulentas, erosiona la confianza de la ciudadanía en una profesión esencial para la garantía de derechos y para el correcto desenvolvimiento de sus relaciones con la Administración”.

El decano de la Abogacía de Madrid recuerda que el valor del asesoramiento profesional no depende de que su intervención sea o no legalmente obligatoria. En cualquier procedimiento con alcance jurídico, y muy especialmente en materias de extranjería, el consejo de un abogado o abogada cualificado aporta seguridad jurídica, prevención de errores, adecuada preparación documental, correcta identificación de la vía procedente y defensa efectiva de los derechos e intereses de la persona afectada. “Presentar esa intervención como superflua desdibuja la realidad de unos procedimientos que pueden tener consecuencias personales, familiares, laborales y administrativas de enorme trascendencia”, destaca.

Charlas formativas

El ICAM subraya, además, en un comunicado que ha mantenido en los últimos días un “compromiso activo y constructivo con el futuro proceso de regularización extraordinaria, impulsando actuaciones de formación, coordinación y preparación técnica”. En este marco, el Colegio ha celebrado esta misma semana una doble sesión informativa para colegiados sobre el alcance de la futura regularización, así como un encuentro de trabajo con representantes de 40 consulados, precisamente con el objetivo de favorecer un acompañamiento riguroso, ordenado y útil a la ciudadanía y a los profesionales que habrán de intervenir en estos expedientes, impulsados por el diputado responsable de extranjería del ICAM, Emilio Ramírez.

En dichos actos ya se anunció que el ICAM realizará charlas formativas gratuitas para los ciudadanos extranjeros cuando esté aprobado el texto definitivo del proceso de regularización extraordinaria y ya hay en marcha acuerdos con distintas ONG para aportar voluntarios del ICAM para asesorar a las personas que lo necesiten.

“Ese compromiso institucional se completa con la defensa permanente del acceso universal al Derecho”, insiste. El ICAM recuerda que presta a la ciudadanía, a través del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), un servicio público y gratuito de información y orientación sobre la defensa de sus derechos e intereses, y que gestiona asimismo la Asistencia Jurídica Gratuita para quienes carecen de recursos económicos, también en el ámbito de la extranjería. El propio Colegio dispone de servicios y canales específicos para esta materia, lo que acredita que la orientación jurídica a las personas migrantes es, para esta corporación, una prioridad real y sostenida.

Para Eugenio Ribón, “es profundamente inapropiado e inaceptable el uso, explícito o implícito, de expresiones como “fraude” o “desinformación” cuando pueden ser percibidas por la opinión pública como una descalificación genérica de la actuación de los abogados y abogadas especializados en extranjería. La denuncia de eventuales abusos o malas prácticas concretas, allí donde existan, no puede hacerse a costa de sembrar sospechas sobre una profesión que actúa con sometimiento a la ley, a la deontología y al control colegial”.

“La Abogacía madrileña comparte plenamente la necesidad de que la ciudadanía reciba información oficial, clara y accesible, y combate sin ambages los bulos y cualquier actuación irregular que perjudique a las personas migrantes. Pero precisamente por ello reclama que las campañas institucionales se elaboren con rigor, equilibrio y respeto institucional, sin mensajes que desacrediten a quienes, desde el ejercicio profesional o desde los servicios públicos de orientación jurídica, contribuyen cada día a hacer efectivos los derechos de las personas”, destaca el ICAM.

En su escrito, el decano solicita al Ministerio la retirada de la campaña en su formulación actual y su “sustitución por otra que, manteniendo la legítima difusión de información oficial, evite cualquier menosprecio del asesoramiento jurídico profesional y reconozca expresamente la labor de la abogacía en la protección de los derechos de la ciudadanía, en especial de las personas en situación de mayor vulnerabilidad”. Y muestra su “disposición al diálogo institucional y a la colaboración leal con las administraciones públicas para que el futuro proceso de regularización extraordinaria se desarrolle con todas las garantías, con información veraz y accesible, y con el acompañamiento jurídico adecuado para quienes lo necesiten”.