Los migrantes podrán solicitar su regularización desde abril hasta junio

El decreto se tramitará por urgencia y los migrantes podrán trabajar desde que su solicitud sea admitida a trámite

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz

El acuerdo entre PSOE y Podemos permitirá a los extranjeros en situación irregular solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. Así lo ha explicado Elma Saiz, la portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, en una entrevista en La 1.

Saiz ha indicado que “hoy se da el pistoletazo de salida” a un proceso “complejo” y que “ha sido además muy trabajado”, que iniciará “todos los trámites para que, más o menos, a mediados, a principios del mes de abril, se puedan iniciar de facto, todas las tramitaciones, todas las solicitudes, hasta el 30 de junio, con garantías, de manera ágil, de manera eficaz”.

Según ha destacado Saiz, hoy es un día “histórico” porque lo que se está haciendo es “reconocer, dignificar, dar garantías, oportunidades y derechos” a personas que ya están en España.

Preguntada por los derechos que tendrán las personas migrantes, la ministra ha señalado que, desde que se hace la solicitud, “habrá un plazo no más de 15 días para que sea admitida a trámite”. “Y, desde ese momento de la admisión a trámite, ya van a poder trabajar en cualquier sector, en cualquier lugar del país”, ha afirmado.

“Somos muy conscientes de que el empleo y la familia son dos anclajes fundamentales”, ha declarado, al tiempo que ha añadido que esta medida también “va a dar derechos a esos menores que están con los titulares para que tengan esa regularización de su situación“.

Para Saiz, “lo más importante” es que el Gobierno se ha puesto “plazos” así mismo. “Somos muy conscientes de que la administración tiene que dar una respuesta ágil, eficaz, garantista y segura. Y, por eso, una vez que se pueda tramitar a partir de primeros del mes de abril hasta el 30 de junio, la idea es que las solicitudes sean reconocidas en un tiempo absolutamente limitado, no más de tres meses”, ha dicho.

Impacto real “positivo”

Respecto al impacto social de la medida, la ministra ha señalado que son estimaciones, pero que está en torno al medio millón de personas. “El impacto real, positivo, de la migración en nuestro país lo constatamos todos los días. Saben que el 14% de los afiliados son extranjeros, con lo cual es indiscutible ese aporte positivo de la migración al conjunto de la sociedad y también en términos económicos. ¿Por qué no reconocerlo?”, ha agregado.

Sobre las razones por las que han optado por tramitar esta medida por la vía de urgencia sin necesidad de pasar por el Congreso, la ministra considera que “es importante que la sociedad sepa” que hay “herramientas”. “Estamos hablando de una modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería, respetando absolutamente en el marco constitucional y en el marco de nuestra pirámide normativa”, ha asegurado.

En este sentido, Elma Saiz ha expresado que la iniciativa legislativa popular “estaba en un cajón”, a pesar de que fue “una amplia mayoría política la que dio luz verde”. “Nos hemos puesto a trabajar de manera intensa, de manera no sencilla, porque es un procedimiento complejo que tiene que tener todas las garantías para que, por el cauce, es una modificación de un reglamento, para que vea la luz cuanto antes“, ha remachado.

“Solamente con los últimos mensajes que he recibido en las últimas horas, desde luego cada día, para personas que están en esta situación, cada día cuenta. Por eso es importante que esto vea la luz y que pueda ser una realidad, como digo, a partir de los primeros días de abril”, ha insistido.

Ausencia de antecedentes penales

Otro de los requisitos, según han informado, será no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme al Estado de Derecho.

Igualmente, han indicado que la permanencia en España podrá acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.

En cuanto a la autorización, han señalado que será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería.

Menores regularizados con sus padres por un plazo de cinco años

Las mismas fuentes han defendido que la regularización “protege la unidad familiar, permitiendo la regularización simultánea de hijos e hijas menores que ya se encuentran en España“. En este caso, han añadido que su vigencia será de cinco años.

El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de las solicitudes las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.

Vox recurrirá ante el Supremo

Tras anunciarse el acuerdo, Vox manifestó su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo el real decreto que aprobará este martes el Consejo de Ministros.

Así lo ha avanzado la portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, en rueda de prensa, en la que ha destacado que solicitarán en el recurso la “suspensión inmediata” de cualquier regularización extraordinaria de inmigrantes.

“El PSOE se está cargando España y todo con tal de que Sánchez permanezca un rato más en la Moncloa, mientras la ilegalidad se premia y a los españoles nos castigan con impuestos abusivos y en esto se gastan el dinero de todos los españoles, no se lo gastan en los trenes, en sanidad, en educación, se lo gastan en fomentar el efecto llamada y pagar el alquiler de la Moncloa a los socios del Gobierno”, ha manifestado.

Millán ha incidido en que Vox “se opone a la invasión, a la ruptura de identidad y al colapso de los servicios públicos“, algo que, en su opinión, el Partido Popular no tiene “tan claro porque apoyó iniciar los trámites para la regularización de medio millón de inmigrantes ilegales, por mucho que ahora diga que son cortinas de humo”.

“El PP ha contribuido a esa cortina de humo, ahora ha cambiado las tornas porque las encuestas dicen otras cosas y porque la realidad es la que es, pero el Gobierno de Aznar en su momento llevó a cabo una de las mayores regularizaciones de inmigrantes y el Partido Popular, por mucho que diga que no, votó a favor de iniciar los trámites para la regularización de medio millón de inmigrantes”, ha recordado.

Sindicatos de Policía rechazan la regularización de migrantes

Otra organización que ha mostrado su negativa al acuerdo ha sido la del sindicato de policías, que lo relacionan con un “cálculo político”, porque se va a llevar a cabo “sin medios de refuerzo y poniendo en riesgo la seguridad“. En este sentido, han alertado del “efecto llamada” y del “balón de oxígeno para las mafias dedicadas al tráfico y trata de seres humanos“.

“Es una regularización masiva sin medios, responde a un cálculo político y pone en riesgo la seguridad”, ha sostenido el SUP en un comunicado en el que lamenta que el Gobierno “traslada toda la carga a la Policía y agrava la presión en fronteras y servicios ya saturados”.

El SUP ha afeado la “absoluta irresponsabilidad” que supone el acuerdo para una regularización extraordinaria que puede beneficiar a medio millón de personas residentes en España.

Este sindicato ha recordado que “no tener antecedentes penales no significa no tener antecedentes policiales. “Advertimos también del efecto llamada directo e inmediato que generan este tipo de anuncios”, ha continuado el SUP, que como otros sindicatos ha afeado a Podemos que acuse de forma genérica a la Policía de “racismo institucional”.

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