El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) da un viraje en su política de comunicación y pasa de un perfil bajo a una posición más activa en la que quiere resaltar su aportación a la Abogacía y a la sociedad. Este cambio se produce cuando su enfrentamiento con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), su miembro más poderoso, ha alcanzado su cénit y cuando le ha cesado de su cúpula.
En el Pleno del pasado 23 de enero se anunció el nombramiento de Ainhoa Goñi como nueva directora de Comunicación, a la par que el presidente del CGAE, Salvador González, subrayaba la voluntad de “potenciar la comunicación de la institución, situándola como un eje transversal de la estrategia de la Abogacía”. Esta prioridad, dijo, se refleja en la incorporación de Goñi, que ha sido asesora de información internacional en la Presidencia del Gobierno de España entre 2020 y 2024, al Comité de Dirección del Consejo.
En el Pleno celebrado este viernes, en el que se ha elegido a 10 nuevos consejeros electivos, se han apreciado cambios. Este proceso no es nuevo y se viene produciendo al amparo del Estatuto de la Abogacía de 2021 y ya estaba en el de 2001. La novedad reside en que hasta la fecha estaba reservado a los colegios de abogados y apenas se informaba de ello, pero en esta ocasión el CGAE lo ha querido abrir a la sociedad y resaltar la aportación de estas personas.
El presidente del CGAE, además, ha atendido a los medios, en un encuentro en el que se ha tratado sobre la futura ley de Justicia gratuita y la asistencia letrada a extranjeros.
El pasado 18 de febrero, González defendió el secreto profesional en las X Jornadas de Prevención y Represión de Blanqueo de Capitales que organiza Órgano de Prevención de Blanqueo de la Abogacía (OPBA). Precisamente el asunto que ha abanderado el ICAM en los últimos meses y que se ha saldado con la condena al fiscal general del Estado por el Tribunal Supremo. Y en el que el decano, Eugenio Ribón, ha declarado que habría preferido que el CGAE fuera “más contundente”.
Preguntados por Lex14 por esta nueva política, desde el CGAE trasladan que “la Abogacía Española tiene, como uno de sus objetivos, comunicar con transparencia para que todos los profesionales de la Abogacía, y la sociedad, conozcan en profundidad el trabajo diario que se hace aquí, y entiendan la importancia de la defensa del Estado de Derecho y de los derechos de la ciudadanía”.
E insisten: “Vamos a seguir comunicando todo los que hacemos, y las reivindicaciones históricas en defensa de la profesión por las que estamos luchando; siempre con el respaldo del Pleno, como ha ocurrido este viernes”.
La batalla por las cuotas se salda con el cese del ICAM
El Consejo ha demandado al ICAM por impago de las cuotas en un conflicto que empezó hace un año y en el Pleno del 23 de enero se ha realizado lo que denomina una “renovación de la estructura de la organización”, en forma de una nueva composición de su Comisión Permanente, de la que ha cesado al decano del Colegio de Madrid, con más de 75.000 colegiados. El CGAE acusa ahora al ICAM de impago de las cuotas, y éste, a la Abogacía, de mala gerencia económica y de exigir cuotas duplicadas.
El ICAM ha señalado que este cese se ha producido tras las discrepancias mantenidas en relación con el modelo de financiación y la gestión del presupuesto del Consejo. “En septiembre de 2025, el ICAM presentó una propuesta formal de reforma presupuestaria del CGAE orientada a mejorar su eficiencia, racionalizar su gasto y avanzar hacia un reparto más solidario con los colegios de menor tamaño. Las propuestas, basadas en criterios objetivos de sostenibilidad y productividad -con medidas como la revisión de determinadas partidas, incluidas las destinadas a sueldos directivos- rechazadas en su totalidad, sin que existiera margen para el diálogo”.
“En el Pleno del pasado viernes se trató el impago de cuotas del Colegio de la Abogacía de Madrid, decidido unilateralmente por el ICAM, sin que hubiesen impugnado los presupuestos del Consejo General. En el caso de 2025, superado ya el intento de inadmisión planteado por el ICAM, el procedimiento judicial está pendiente de resolución. Respecto a 2026, como se acordó en Pleno, se prepara ahora la demanda en defensa de la legalidad y de los intereses del conjunto de la abogacía”, ha informado el CGAE en una nota.
“Asimismo, se abordó la decisión del ICAM, que afecta a las cuotas de nueva incorporación y al procedimiento de colegiación, de sustituir unilateralmente el sistema estatutario por una declaración responsable y suprimir el cobro de la cuota correspondiente a la Abogacía Española. En este punto, y a diferencia del anterior, el ICAM ha rectificado, dejado sin efecto la declaración responsable y reestableciendo la exigencia del certificado y el abono de la cuota”, ha añadido.
El conflicto del secreto por el novio de Ayuso
El conflicto se venía barruntando desde hace tiempo y no ha sido ajeno a estas instituciones en otras épocas, pero que en la última legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez se ha recrudecido, cuando el Colegio de Madrid ha liderado la denuncia contra el fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar secretos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. Y cuando el Consejo se ha mantenido en una posición más cercana al Ejecutivo.
Tras presentar su denuncia contra la Fiscalía, el ICAM informó el 20 de marzo de 2024 de que había remitido una comunicación formal al Consejo para que se revisara el Protocolo de conformidad suscrito con la Fiscalía General del Estado para establecer mecanismos reforzados de confidencialidad.
“En tanto ello no se produzca, el ICAM se desvincula del mismo dada su inadecuación y a que, vistos los hechos, el secreto de sus comunicaciones no parece estar garantizado”, anunció.
Cuando el pasado noviembre se conoció la condena del Tribunal Supremo al fiscal General del Estado, el CGAE, que no había entrado hasta entonces en un asunto liderado por el ICAM, informó de que está negociando un nuevo Protocolo de conformidad con la Fiscalía tras saltar por los aires el que había con la revelación de datos en la causa.
Lex14 ha preguntado al CGAE si hay novedades en este asunto y han respondido que no han tratado ese tema en el último Pleno.