Movimiento inesperado por parte de la defensa de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso. Su abogado ha presentado un recurso ante la Fiscalía general recurriendo la decisión de Teresa Peramato para evitar expulsar a Álvaro García Ortiz de la carrera fiscal tras la sentencia del Supremo que lo condenaba a una inhabilitación de dos años.
Según la defensa del novio de Ayuso, un particular puede recurrir esta decisión tomada por la nueva fiscal general porque “cualquier actuación administrativa que resuelva sobre derechos de ciudadanos es revisable”.
En el recurso presentado reclama “conocer el expediente” por el cual Peramato reubicó a García Ortiz a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Considera que el movimiento “es la perfecta cristalización procesal de la indefensión, no cabiendo mayor intensidad”, se queja el abogado que se considera “perjudicado directo” en el asunto por la comisión del delito de revelación de secretos por el que fue juzgado García Ortiz.
A su parecer la decisión de Peramato contradice “todas las normas existentes y reguladoras de las consecuencias administrativas de una sentencia condenatoria por delito doloso” Por eso, la defensa de González Amado pide la anulación del Decreto de Peramato y “el dictado de una resolución que declare la incapacidad para el ejercicio de funciones fiscales de D. Álvaro García Ortiz por haber sido condenado por delito doloso a pena superior a seis meses y la pérdida de la condición de Fiscal por la anterior causa de incapacidad y por la pena principal de inhabilitación para cargo público”.
Fuentes fiscales consultadas por Artículo14 tienen dudas sobre esta maniobra de González Amador: “La Fiscalía no ha aplicado correctamente la normativa interna contra García Ortiz, y le ha favorecido. ¿Tiene legitimación para recurrir González Amador? Pues ya se verá. Creo que puede defenderlo, pero son territorios nuevos a explorar”, aseguran.
Las mismas fuentes vaticinan que el asunto acabará en la vía de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo porque no creen que la Fiscalía dé la razón a la pareja de Ayuso. Sin embargo, fuentes de su defensa apuntan a que si Peramato rechaza su recurso el siguiente paso sería acudir a la Audiencia Nacional porque García Ortiz ya no está aforado. Extremo que hasta que no resuelva su recurso la Fiscalía no se plantean.
¿En qué basó Peramato su decisión?
Peramato interpretó que la inhabilitación dictada por el Supremo solo afecta al puesto de fiscal general, en ningún caso a su permanencia en la Fiscalía ocupando otro puesto dentro del Ministerio Público.
El subterfugio encontrado por Peramato se basa en que la sentencia especificaba: “La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público supone la privación definitiva del cargo sobre el que recae”. Y concretaba que ese cargo era el del fiscal general. Por tanto, según su interpretación, el fallo deja en el aire la continuidad de García Ortiz en la carrera. “No nos corresponde dilucidar las consecuencias extraprocesales de la condena, que se mueven en otro plano”, dictaba el fallo.
Así las cosas, Peramato echó mano del Estatuto fiscal y de la ley del Poder Judicial para interpretar el artículo 44.2 de la normativa, que fija entre las causas de expulsión estar “condenado por delito doloso, mientras no hayan obtenido rehabilitación con la excepción para los casos en que la pena no fuera superior a seis meses”, sin determinar si se habla de penas de prisión o de cualquier otro tipo.
Más quejas a Peramato
La decisión no solo ha sido cuestionada por la pareja de Ayuso, desde la Asociación de Fiscales, de corte conservadora, reclaman también el documento, aunque casi un mes después de su dictamen no han obtenido respuesta.
“Para hacer efectiva la transparencia propia de la actuación de las Instituciones de un Estado de Derecho es imperativo que haga público el decreto por el que acuerda el reingreso del Sr. García Ortiz a la Carrera Fiscal, por ser la decisión adoptada por usted de interés general que trasciende al régimen propio del Ministerio Fiscal”, le pedían en una misiva a la fiscal general.
En opinión de estos fiscales, el decreto tuvo que ser debatido en el Consejo Fiscal, extremo que no ocurrió.
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