El proceso de regularización de migrantes podría arrancar el próximo 16 de abril, en su calendario más optimista. El Consejo de Ministros prevé aprobar hoy el real decreto, cuya entrada en vigor está prevista al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una de las claves del texto es el plazo que se ha fijado el Gobierno para resolver los expedientes: tres meses a partir del día siguiente de su registro. Un periodo que sitúa al Gobierno ante el riesgo de incumplimiento.
Una advertencia que plantea el Consejo de Estado, que en su dictamen advierte de que el procedimiento diseñado supondrá un “importante desafío para la capacidad de las Administraciones implicadas”. Los principales riesgos identificados son, por una parte, el elevado número de solicitudes y, por otra, la complejidad del procedimiento. En este sentido, el informe señala que el proceso exigirá un “muy acusado esfuerzo para todos los interesados y los órganos administrativos actuantes”, en un contexto en el que la estructura administrativa deberá absorber una carga inédita en un periodo limitado.
Cabe recordar, en este sentido, que el Gobierno ha fijado en 15 días como máximo el plazo para que la solicitud se admita a trámite, cuando ahora los tiempos de espera de estas solicitudes oscilan entre los 50 y los 70 días hábiles. Fuentes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) confirmaron ayer a Artículo14 que no han recibido ninguna notificación formal sobre las tramitaciones. Tal y como publicó este medio, la incertidumbre entre los funcionarios encargados de la tramitación de la regulación es máxima. “No nos han facilitado información. La Seguridad Social se iba a encargar de la digitalización en el programa Mercurio, pero estamos en una situación de cero información”, explicaba Javier Cruz, portavoz de CSIF.
Extranjería, al límite.
📄 Los registros de Extranjería están saturados.
➕ Hay que reforzar plantillas ante la regularización extraordinaria de inmigrantes.
✅ Exigimos una reunión inmediata a Política Territorial. pic.twitter.com/BgUIppRJjB
— CSIF Nacional (@CSIFnacional) February 5, 2026
¿Cuál es el alcance real?
El primer reto del proceso es el elevado volumen de solicitudes, ya que no hay una cifra consensuada sobre el alcance de la regularización. La Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) estima en 750.000 los potenciales solicitantes y en 500.000 los beneficiarios. Sin embargo, otras fuentes como Funcas elevan el potencial a 840.000 personas, mientras que la Comisaría General de Extranjería habla de 1,2 millones o el CNI lo sitúa en 1,3 millones. Esta cifra supone una carga inédita de trabajo en un periodo limitado, lo que generará un gran estrés en las estructuras administrativas del Estado.
A su vez, el Consejo de Estado avisa de la complejidad del procedimiento. Según recuerda, las solicitudes se presentarán en las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno de la provincia donde resida el solicitante. Posteriormente se trasladarán a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería del Ministerio de Migraciones. Esta es la responsable de la tramitación, incluyendo la gestión de los antecedentes penales de los solicitantes en España y en sus países de origen o de previa residencia, con intervención del Ministerio de Justicia. Finalmente, la resolución corresponderá a Santiago Yerga Cobos, como director general de Gestión Migratoria.
Dudas sobre la viabilidad operativa
“Se trata, en suma, de una tramitación ciertamente compleja y diversificada […]. No resulta ocioso insistir en la importancia de esta cuestión a la vista de que se contempla que el plazo máximo para la resolución del expediente y notificación de su decisión final es de tres meses a partir del día siguiente a la fecha en que las solicitudes hayan tenido entrada en el registro de la aludida Unidad”, señala el dictamen.
Las dudas sobre la viabilidad operativa emergieron durante la fase de consulta pública. Según recoge el dictamen, en este trámite de audiencia -con más de 300 aportaciones de ciudadanos, entidades sociales y colegios profesionales, entre otros— se planteó, entre otras cuestiones, “ampliar el plazo de solicitud ante el previsible colapso administrativo”. Como soluciones, se propuso habilitar vías telemáticas más accesibles a los interesados o permitir que entidades sociales canalizaran solicitudes, con el objetivo de evitar una sobrecarga del sistema. Migraciones abrió el pasado 9 de marzo el registro de colaboradores, en el que espera contar con sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro.
🙋🏻♀️ #Cazabulos
👉El proceso de regularización extraordinaria empezará pronto❌ Hasta que no se publique en el BOE, no se pueden presentar solicitudes
❌ Tampoco estará habilitado hasta entonces el sistema de cita previa👉 Infórmate en fuentes oficiales y evita caer en bulos pic.twitter.com/wwq4R7rKDW
— Secretaría de Estado de Migraciones (@SEstadoMigr) April 9, 2026
Complejidad en Correos y Tragsa
Para facilitar la presentación de solicitudes, el Gobierno prevé contar con el apoyo de Correos y Tragsa. En este sentido, el dictamen advierte de que el despliegue dentro de Correos puede suponer “otra dificultad para que los servicios puedan eficazmente organizarse y prestarse dentro de los plazos” previstos. Incluso llega a señalar que los requisitos aplicables para que el personal de Correos pueda actuar como representante de los solicitantes de las nuevas autorizaciones “arrojan serias dudas sobre el acierto de este primer frente de servicios”. Por ello, recomienda su reconsideración.
Desde CSIF advierten del impacto directo que tendrá esta medida en la red de oficinas. Según recuerda, la tramitación se articulará a través del contrato-programa que mantiene la empresa con el Estado. En el sindicato alertan de una “fortísima avalancha de trabajo” en ventanilla, con estimaciones que apuntan a hasta un millón de solicitudes hasta el mes de junio. Por ello, reclaman instrucciones claras, refuerzo de personal y una compensación económica adecuada.
En paralelo, el Consejo insiste en acotar el papel de Tragsa. En su opinión, su participación debe limitarse a tareas instrumentales y que “deberá ceñirse a actuaciones administrativas de gestión y canalización documental”, sin asumir funciones que impliquen el ejercicio de potestades públicas. Así, esta es una de las observaciones de carácter esencial que incorpora el dictamen. Más allá de la operativa, el Consejo de Estado también cuestiona el diseño de la norma. Aprecia “un considerable desorden y falta de sistemática en su estructura” y advierte de que “se echa en falta una justificación detallada de los datos” que sustentan la medida.
Pendientes de los ajustes de Inclusión
La memoria, además, presenta carencias. El dictamen califica de “laguna llamativa” que el impacto presupuestario siga sin concretarse y que “está siendo objeto de estudio”, pese al volumen previsto de expedientes. En la MAIN, se apunta un coste de casi 25 millones de euros. El informe introduce asimismo ajustes en aspectos clave, como la acreditación de antecedentes penales -donde reclama “la máxima prioridad a una rigurosa acreditación”- y en la relación con los procedimientos de asilo, con observaciones de carácter esencial.
Desde el Ministerio de Inclusión, que dirige Elma Saiz, valoraron el dictamen. En este sentido, aseguran que las “recomendaciones” del organismo caminan en la misma línea del texto original” y “respetan la esencia” del mismo”. No obstante, sí está previsto ajustar algunos aspectos en línea con lo señalado por el Consejo de Estado. Su intención es “clarificar ciertos aspectos que mejoran la comprensión” del texto y “su aplicación”.
Así, una de las claves será si el Gobierno adopta medidas para prevenir un posible incumplimiento de los plazos. Una situación que en caso de producirse, no será una sorpresa, pues de ella ha advertido incluso el Consejo de Estado.