Juan Carlos Peinado ata su investigación contra Begoña Gómez por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Así concluye dos años de instrucción contra la mujer del presidente del Gobierno, justo a las puertas de su jubilación, cosa que ocurrirá este mes de septiembre. Y, como avanzó Artículo14, antes de marcharse quiere mandar a Gómez al banquillo de los acusados, aunque esto podría demorarse hasta 2027.
Así, en su último auto, el juez rechaza prorrogar la instrucción, la da por terminada y pide a las partes las conclusiones finales para así poder dejar abierto el juicio oral y remitir toda la causa a la Audiencia Provincial antes de su jubilación.
En la Audiencia hay recursos interpuestos por las defensas aún por resolver. Es más, este último auto puede ser recurrido también. De ahí que fuentes del caso consultadas por Artículo14 apunten a que esta institución podría no tomar una decisión sobre Gómez hasta mediados de 2027. Es decir, que hasta entonces no se sabría si la mujer de Pedro Sánchez acabará sentada en el banquillo de los acusados.
Traducido, en el caso de que la Sala avale la instrucción de Peinado, los magistrados podrían decidir sobre el juicio en pleno año electoral, toda vez Sánchez siempre ha dicho que no adelantará las generales.
Ahora las partes -defensas, acusaciones y fiscalía- tienen cinco días para presentar esas conclusiones finales. Tras ello, Peinado convocará una vistilla para exponer esos informes y lo siguiente será dictar auto de apertura de juicio oral, remitiendo toda la causa a la Audiencia Provincial para que prosiga con los trámites de Tribunal con Jurado.
Nuevas diligencias
Es llamativo que Peinado, en el mismo auto, solicita nuevas diligencias. Algo de lo que las defensas se quejarán con toda probabilidad. Fuentes de las mismas entienden que no puede cerrar la investigación y ordenar nuevos elementos que complementen la instrucción.
En concreto, solicita a la Universidad Complutense que remita de quién es la titularidad del software que ordenó desarrollar Begoña Gómez a la empresa privada para usarlo como herramienta didáctica. Diligencia que tiene que ver con el delito de apropiación indebida ya que considera que la mujer del presidente quiso adueñarse de un software desarrollado para la cátedra que codirigía valorado en más de cien mil euros.
Por otro lado, requiere más información a la Complutense para aclarar el destino efectivo de los fondos aportados a la cátedra y su aplicación al desarrollo del proyecto tecnológico.
Por último, solicita a la presidencia del Gobierno una descripción exacta de las funciones de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, porque sospecha que se excedió de sus funciones y ayudó a Gómez en sus proyectos privados.
En su último escrito, Peinado renuncia a seguir adelante con el delito de intrusismo laboral. Investigaba también a Gómez porque consideraba que al firmar unos pliegos con información sobre el desarrollo del software de la Cátedra, estaba ejerciendo labores para las que no tenía titulación. No obstante, abandona esta idea porque “no puede afirmarse que la elaboración de especificaciones técnicas para el desarrollo de una plataforma informática constituya un acto propio de una profesión que requiera titulación oficial habilitante”.
Los argumentos de Peinado
En suma, el juez insiste en su tesis de que Gómez se benefició profesionalmente de la llegada de su marido al Palacio de la Moncloa: “Se habría valido de su condición personal y relacional para impulsar la creación y financiación de la cátedra y del proyecto tecnológico asociado”. Por eso, ve indicios de tráfico de influencias en un proceder digno de “regímenes absolutistas”.
El magistrado le atribuye también el delito de apropiación indebida por el software porque, concluye, “no figura” a nombre de la universidad una herramienta didáctica desarrollada para el centro docente público.
Además, cree que habría malversado fondos públicos con la contratación de Álvarez, a la que atribuye el mismo delito por excederse en sus funciones cobrando un sueldo público y contribuyendo a la actividad privada de Gómez. Una “desviación a usos privados aparece, presuntamente, por la utilización de fuerza de trabajo y cobertura institucional sufragadas por el Estado para finalidades privadas y profesional y mercantilmente propias de la investigada” y “no puede subsumirse en meros favores aislados o episodios episódicos”.
Por último, Peinado atribuye también a su socio Juan Carlos Barrabés una participación necesaria en el desarrollo de la cátedra, en la búsqueda de financiación y sospecha que Gómez firmó cartas de recomendación para que consiguiera financiación pública.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.