El Consejo de Ministros aprobará, previsiblemente, mañana el real decreto para la regulación extraordinaria de migrantes, tras recibir el dictamen del Consejo de Estado. “Estamos trabajando las horas que nos quedan”, confirmó hoy Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y la Justicia.
“Estos migrantes están viviendo sin derechos, sin hacer aportación a la Hacienda Pública, ni a la Seguridad Social”, señaló, al tiempo que recordó que esta regulación cuenta con el apoyo de la patronal y la Conferencia Episcopal.
Así, el Ejecutivo aprobará una modificación del Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Una vez que entre en vigor la norma, el procedimiento para poder presentar la solicitud estará abierto hasta el 30 de junio.
A su vez, una vez que se hace la solicitud, “habrá un plazo no más de 15 días para que sea admitida a trámite”. Desde ese momento de la admisión a trámite, el solicitante podrá trabajar de manera formal.
Consejo de Estado
El Consejo de Estado avaló el pasado 9 de abril la aprobación urgente de las modificaciones del Reglamento de Extranjería para iniciar el proceso de regularización de medio millón personas que residen en España, según los cálculos del Ejecutivo. El informe señala que “se han respetado las garantías” para “concluir con éxito” el procedimiento.
No obstante, el dictamen introduce varias advertencias relevantes. En primer lugar, detecta una “laguna llamativa” en la memoria económica, al señalar que el impacto presupuestario del proceso “está siendo objeto de estudio”, pese al alcance “complejo y masivo” de la gestión prevista.
Asimismo, el órgano consultivo cuestiona algunos elementos del diseño del procedimiento. En concreto, rechaza que la solicitud de arraigo implique paralizar expedientes de protección internacional en curso. En este sentido, considera que puede generar “inseguridad” para los solicitantes, y otorga a esta objeción carácter “esencial”.
También advierte sobre el uso de declaraciones responsables para acreditar la ausencia de antecedentes penales. En su opinión, esta técnica es “inadecuada” en un proceso de estas dimensiones, al poder “relajar injustificadamente la diligencia” exigible. Por ello, pide que se exija la documentación correspondiente o, en su defecto, que el procedimiento quede en suspenso hasta su aportación.
Ajustes conforme al Dictamen
El Consejo de Estado reclama además una mayor concreción en los criterios para acreditar la vulnerabilidad y señala problemas de “desorden y falta de sistemática” en la construcción jurídica del texto. A ello se suman dudas sobre la capacidad operativa de Correos para asumir la carga de gestión en plazo y sobre el alcance de la colaboración de Tragsa, que deberá limitarse a funciones administrativas instrumentales.
Desde el Ministerio de Inclusión, que dirige Elma Saiz, valoraron el dictamen. En este sentido, aseguran que las “recomendaciones” del organismo caminan en la misma línea del texto original” y “respetan la esencia” del mismo”.
No obstante, sí está previsto ajustar algunos aspectos en línea con lo señalado por el Consejo de Estado. Su intención es “clarificar ciertos aspectos que mejoran la comprensión” del texto y “su aplicación”.
Requisitos
En este proceso de regularización, se exigen tres condiciones a los solicitantes: acreditar presencia previa en España, demostrar un periodo mínimo de permanencia continuada y carecer de antecedentes penales. De esta forma, solicitantes deberán justificar que se encontraban en territorio español antes del 31 de diciembre de 2025. A ello se suma la exigencia de acreditar una estancia continuada de al menos cinco meses previos a la solicitud, un requisito que podrá demostrarse mediante documentación diversa, como el empadronamiento, registros sanitarios o cualquier otro documento oficial que evidencie la permanencia en el país.
Además, deberá demostrarse la ausencia de antecedentes penales, tanto en España como en los países en los que el solicitante haya residido anteriormente. Este requisito será condición indispensable para acceder a la regularización.
Autorización
El objetivo de esta regulación extraordinaria es que los migrantes obtengan una autorización de permiso de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería.
En paralelo, el Gobierno ha abierto la puerta a que también puedan acogerse a este proceso determinados solicitantes de asilo cuya petición hubiera sido registrada antes de la fecha de corte fijada.
Desde Inclusión se destaca que la regularización protege la unidad familiar. De esta forma, permitirá la regularización simultánea de hijos e hijas menores que ya se encuentran en España”. En este caso, su vigencia será de cinco años.