A punto de cumplirse tres meses de los trágicos accidentes ferroviarios en Adamuz y Gelida, con un total de 211 víctimas -47 de ellas mortales-, el mecanismo de ayudas económicas “ágiles” del Gobierno solo ha llegado a 21 afectados, apenas un 10%. Así se desprende del último listado de resoluciones provisionales, fechado el 9 de abril, en el que el Ministerio de Transportes reconoce ayudas a 21 personas. Las cuantías oscilan entre 36.060,73 euros y 2.404,04 euros, y el importe total concedido supera ligeramente los 584.000 euros.
El 27 de enero, el Ejecutivo aprobó un real decreto-ley con el objetivo de agilizar la concesión de ayudas a las víctimas y facilitar liquidez inmediata sin esperar al desenlace de las reclamaciones. “No queremos que a la desgracia del accidente se le añada penuria económica para afrontar sus consecuencias”, aseguró Óscar Puente durante su presentación en el Consejo de Ministros.
Lo más importante son las víctimas. Aprobamos 20 M€ para los afectados en Adamuz y Gélida.
Ayudas directas no reembolsables y anticipos sobre las cantidades a abonar por el seguro de responsabilidad civil. No queremos que a la desgracia del accidente se le añada penuria… pic.twitter.com/HfvVqX1iUl
— Óscar Puente (@oscar_puente_) January 27, 2026
Hasta 20 millones
Tal y como explicó el ministro, este paquete económico tenía como objetivo acelerar el cobro por parte de los damnificados. Se asignaron 10 millones de euros en concepto de ayudas urgentes no reembolsables, que se suman al resto de coberturas existentes. Cabe recordar que estas compensaciones públicas no sustituyen a las indemnizaciones por responsabilidad civil ni a los seguros, sino que se integran como un mecanismo adicional.
En paralelo, otros 10 millones estaban destinados a anticipos de indemnización para aquellos casos en los que las víctimas hayan iniciado o prevean iniciar una reclamación, con el objetivo de adelantar recursos en las primeras fases tras el accidente. De esta forma, según la guía del Ministerio, se articula un sistema que permite “recibir dinero de forma rápida sin esperar al final del proceso”.
Fuentes de la Asociación de Víctimas han reconocido la escasa llegada efectiva de estas ayudas. Desde el Ministerio de Transportes no han respondido a las preguntas de este medio.
Plazo hasta el 4 de mayo
En este contexto, llama la atención el reducido número de ayudas reconocidas cuando falta menos de un mes para finalizar el plazo de solicitud. Desde la publicación de la norma, Transportes fijó un plazo de tres meses que se extiende hasta el 4 de mayo de 2026, con posibilidad de ampliación en determinados supuestos. Las solicitudes pueden presentarse tanto de forma telemática como presencial. De hecho, se han habilitado oficinas en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para asistir a las víctimas en la tramitación.
A su vez, desde la Asociación de Víctimas reconocen que las compañías implicadas en el accidente de Adamuz -Iryo y Renfe- ya están abonando las indemnizaciones en el marco de la cobertura del viajero, que obliga a compensar a los afectados por el accidente.
Peticiones de las Víctimas
En paralelo al despliegue de las ayudas económicas, la Asociación de Víctimas de Adamuz trasladó al Ministerio un paquete de medidas urgentes que, según denuncia, no han tenido respuesta, pese a haber sido trasladadas directamente a Óscar Puente, informa Rocío Esteban. Tal y como informó Articulo14 el 10 de marzo, el titular de Transportes recibió formalmente a las víctimas del corredor andaluz. Una reunión no exenta de tensión, ya que estas exigieron su dimisión por la gestión de la tragedia, que dejó 46 fallecidos y 155 heridos.
Entre ellas, -según ha podido saber este medio- reclaman su participación en la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), con derecho a “exponer sus opiniones y puntos de vista”. También piden la creación de un mecanismo estable de atención a víctimas, mayor control sobre las operadoras -incluidas posibles sanciones- y acceso a toda la información de la investigación, como el análisis de las cajas negras o los informes previos.
Consideración como accidente laboral
En el plano económico, solicitan un reparto equitativo de las ayudas, la revisión del baremo de daños y peritajes médicos independientes que incluyan daños psicológicos. A ello se suman cambios en la baja laboral para evitar pérdida de ingresos y una revisión de la inversión en seguridad ferroviaria.
En este sentido, el pasado 19 de marzo, poco antes de ser designada candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero anunció que el Gobierno tiene previsto aprobar una modificación legal para que el accidente de Adamuz tenga la consideración de un accidente laboral. Este cambio -que ya se aplicó en la DANA- permite prestaciones más elevadas tanto para los heridos, como en los casos de incapacidad permanente, viudedad y orfandad.
Medidas pactadas con los maquinistas
En paralelo, el Ministerio de Transportes debe dar cumplimiento al acuerdo alcanzado con los sindicatos del sector ferroviario -SEMAF, CCOO y UGT-, que permitió desconvocar la huelga prevista para el 9 de febrero. Hasta 2030, el pacto incluye un refuerzo de la inversión en mantenimiento de 1.800 millones de euros, la creación de 3.650 empleos y un conjunto de medidas orientadas a mejorar la seguridad operativa, tanto en la red como en el material móvil y la organización del sistema ferroviario.
Entre los compromisos, se contemplaba la modificación del marco normativo para reforzar la seguridad operacional de forma que las paradas de menos de 45 minutos de los maquinistas computen como conducción efectiva. La modificación del reglamento salió a consulta pública previa el pasado 9 de marzo. También se ha creado un comité de coordinación de riesgos con participación sindical y el grupo de trabajo de las alertas meteorológicas, mientras que sigue pendiente de formalizarse el de seguimiento de las limitaciones temporales de velocidad (LTV).
En el primer trimestre, estas crecieron casi un 40% y, en total, están activas más de 1.200 limitaciones. También se acordó incrementar los recursos de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y ampliar las plantillas tanto en Adif como en el grupo Renfe en los próximos años.
Valoración sindical
En cuanto al grado de ejecución, los sindicatos reconocen avances en la puesta en marcha de algunas de estas medidas, especialmente en el ámbito normativo y organizativo, pero advierten de un cumplimiento desigual. Según trasladan desde SEMAF, mientras las administraciones están desarrollando los compromisos adquiridos, el grupo Renfe “parece priorizar otros asuntos” y aún tiene pendientes actuaciones clave, como el refuerzo de plantillas en el colectivo de conducción o la implantación de determinados procedimientos vinculados a la seguridad. Fuentes de Renfe recodaron que la compañía tiene abiertos procesos selectivos.