Los hechos de los que hemos sido testigos durante la última semana dibujan un retrato hiperrealista de la deriva nacional. Resulta impresionante la naturalidad con la que la opinión pública española digiere, sin problemas, una sucesión de acontecimientos que, a priori, pueden parecer hechos aislados o errores puntuales. Sin embargo, la acumulación de episodios refleja un deterioro profundo en la forma de ejercer el poder y en los mecanismos de control que deberían vigilarlo.
Escándalos políticos y judiciales
En primer lugar, las sesiones previas del juicio a un exministro de Rajoy y a su secretario de Estado. Inicialmente, su misión institucional debió ser la persecución del delito. Sin embargo, se sientan en el banquillo acusados, supuestamente, de cometer delitos para robar material a investigados, eliminar pruebas y evitar que la justicia pudiera perseguir otros delitos. Todo ello para proteger a un presidente del Gobierno que estaba a por uvas, como tantos otros.
Se da la circunstancia de que, quien llegó al poder, lo hizo, precisamente, para luchar contra esas prácticas. Pero en la misma semana se ha sentado, también en el banquillo, un exministro del Gobierno de Pedro Sánchez, que a su vez ocupaba el cargo de secretario de Organización del PSOE. Un dirigente público que encabezaba, junto con otros, una trama que se aprovechó de los privilegios del poder para enriquecerse.
Durante estas sesiones han declarado mujeres que, a cambio de sus servicios, reclamaron ser colocadas en empresas públicas ferroviarias donde no daban ni golpe. En el mismo juicio hemos escuchado el relato sobre el tráfico de dinero de dudosa procedencia en la sede del PSOE. Una práctica que, durante un tiempo, formó parte de la vida cotidiana de la formación. El trasiego se hacía con tanta naturalidad que personas ajenas al partido entraban y salían de la sede socialista con fajos de billetes.
Y además, hemos escuchado testimonios sobre cómo los implicados recibían comisiones y mordidas a cambio de licencias de hidrocarburos o de rescates multimillonarios a empresas públicas.
Fallos estructurales del sistema
En paralelo, durante estos días, hemos asistido a la difusión de nuevas conversaciones de técnicos de Red Eléctrica, en las que alertaban de que España podría sufrir un gran apagón. Numerosas advertencias técnicas señalaban que la altísima exposición del mix energético a la energía solar podría llevarnos a un “cero absoluto”. Los avisos no se atendieron a tiempo y España se quedó a oscuras.
Y, mientras todo esto sucedía, se ha revelado la causa del accidente del Alvia que dejó 46 muertos en Adamuz. Hemos sabido que la vía estaba rota desde 22 horas antes del accidente, pero que en ADIF no fueron capaces de detectarlo. También que algunas de las vías del tramo accidentado no tenían factura; es decir, no está claro ni el origen ni la calidad de los materiales, lo cual explicaría por qué el Ministerio de Transportes retiró, sin permiso del juez ni de la Guardia Civil, 40 metros de vía. Por último, hemos sabido que quien debía investigar el estado de las vías no tenía la titulación adecuada y que el sistema de seguridad del Alvia no funcionaba correctamente.
Todo esto, en solo una semana.
Lo que estamos viendo no es otra cosa que la hoja de ruta del populismo. En primer lugar, surge un líder que promete terminar con la corrupción y con todos los desequilibrios del andamiaje institucional. Se utiliza una narrativa que divide a la sociedad entre el pueblo y las élites que lo oprimen. Entretanto, se deterioran las instituciones colonizándolas con afines para ponerlas al servicio de un proyecto personalista.
Se muestra hostilidad hacia la separación de poderes: el poder judicial y el legislativo se perciben como obstáculos para la voluntad popular y se busca subordinarlos para concentrar mayor autoridad en el Ejecutivo. Se ataca a la prensa independiente; es decir, los medios que cuestionan estas prácticas de gobierno son señalados como enemigos, mientras se fortalece un ecosistema mediático afín al poder. Este ecosistema se utiliza para cultivar un discurso polarizador, fomentando el odio social y rompiendo la convivencia. Al mismo tiempo, se sustituyen funcionarios técnicos y capacitados por personas leales al partido o al líder, lo que reduce la eficacia gubernamental.
A medida que el populismo se instala en una democracia, los servicios se deterioran y los ciudadanos sufren las consecuencias. Se presumía de tener el mejor sistema financiero del mundo, hasta que la crisis de las hipotecas lo derribó. Nos contaron que teníamos la mejor sanidad del mundo, y la pandemia mostró la realidad. La alta velocidad española era la envidia mundial hasta que descarriló en Adamuz. Éramos la arcadia energética hasta que nos quedamos a oscuras. Y la corrupción era cosa del pasado, hasta que se demostró que siempre se puede robar más y mejor.
En definitiva, no estamos ante una simple coincidencia de hechos aislados, sino ante la evidencia de un deterioro estructural que afecta a instituciones, controles y servicios públicos. La normalización de la corrupción, la negligencia y la falta de responsabilidad política dibujan un escenario preocupante en el que el ciudadano queda cada vez más desprotegido.