Este lunes seis de abril, comienza uno de los juicios más esperados. Sentará en el banquillo de los acusados al ministro del Interior del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz, y como testigos al que fuera presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a su número dos en el partido, María Dolores de Cospedal. El objetivo es juzgar, trece años, después si hubo una operación para policial orquestada desde la cúpula del ministerio del Interior para intentar interceptar documentación comprometida sobre la caja B del PP al extesorero del partido, Luis Bárcenas.

Esta es una guía práctica para no perderse sobre el caso que provocó un auténtico terremoto en las filas del PP.
¿De dónde nace la investigación?
El caso Kitchen es una pieza separada de la macrocausa contra el comisario José Manuel Villarejo, un ex Policía Nacional que se dedicó durante años a grabar a jueces, políticos, empresarios, periodistas y policías para sonsacar información comprometida y cumplir encargos de quien se lo pidiera. En este caso, los agentes de la UDEF de la Guardia Civil encontraron en el registro de su domicilio un pendrive con información sobre este dispositivo parapolicial urdido en 2013 por el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
¿Qué se juzga?
El dispositivo desplegado por la cúpula de Interior. Fue motivado por un cambio en la estrategia de Luis Bárcenas, que estaba en prisión provisional imputado por el caso Gurtel. Amagó con contar lo que sabía sobre la corrupción del PP. El objetivo pasaba por arrebatar a Bárcenas todas las pruebas de la existencia de una caja B del partido.
La operación, supuestamente, fue sufragada por fondos reservados, dinero público en última instancia, y los policías consiguieron sustraer a Bárcenas su agenda personal, documentos de la contabilidad del PP, notas sobre la financiación irregular de las campañas en Madrid y apuntes relacionados con la tesorería nacional del partido.
En total, participaron 71 agentes de la UCAO, la Unidad Central de Apoyo Operativo. Usaron como informador al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.

Imputados
La Fiscalía Anticorrupción pide para Fernández Díaz, su número dos, Francisco Martínez; el entonces Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino; y el comisario Andrés Manuel Gómez Gordo 15 años de prisión por delitos de malversación, contra la intimidad y encubrimiento.
Para Sergio Ríos y García Castaño, Anticorrupción pide 12 años y medio. Por último, para el comisario José Manuel Villarejo el ministerio público pide hasta 19 años por cohecho y los delitos anteriores.
Pruebas sobre la operación
La investigación se basa en los audios incautados al comisario Villarejo junto la confesión del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, y los mensajes que llevó ante notario el número dos de Interior, Francisco Martínez.
En las grabaciones hay una conversación entre Villarejo y el abogado Javier Iglesias Redondo. En ellas habla de lo sustraído a Bárcenas con su operación: “Te puedo decir que lo que había en el escondite de Bárcenas… hay cosas muy muy duras”, aseguraba.
En el audio especifica quién está involucrado: “Como (Eugenio) Pino, o Paco Martínez hablen… Y Paco tirará para arriba, porque él le daba todas las novedades al Asturiano (otro mote con el que se refería a Rajoy)”, sostenía.
“Hay un secretario, Paco Martínez, que está cabreado como una mona. Y lo saben todos, y todos le han mandado. ¡Que lo ha encargado el Barbas! ¡Que lo ha encargado así! Que algunas me las encargaba a mí.”, decía el comisario.
Por otro lado, la confesión del chofer de Bárcenas también es clave. Ríos admitió que Villarejo y Andrés Gómez Gordo le habían captado para que colaborase y, a cambio, le hicieron entrega en varias ocasiones de dinero. Precisó que se lo proporcionaron los mandos policiales que dirigieron la operación Kitchen, quienes le iban guiando en la información que debía conseguir. En los informes policiales consta que el propio Villarejo entregó varios teléfonos al conductor para que contactara con los mandos policiales.
Del sumario de esta operación parapolicial se desprende que Ríos recibió 25 pagos de 2.000 euros entre los meses de julio de 2013 y septiembre de 2015 por su labor de confidente. Ascendieron a un total 53.266 euros con dietas.
Otra de las pruebas importantes son los mensajes que Francisco Martínez, el ex número dos de Interior, intercambió con su jefe, Jorge Fernández Díaz. Los llevó ante notario y pondrían en evidencia que el ministro era quien daba las órdenes y se interesaba por los avances del espionaje. El ex ministro sostiene que los mensajes están manipulados.
Testigos
El juicio se extenderá hasta junio por todos los testigos que acudirán a la Audiencia Nacional. Todos los ojos están puestos en la declaración de Rajoy y Cospedal del 23 de abril. Tendrán que aclarar el nivel de conocimiento de la operación.
Según el comisario Villarejo, el entonces presidente del Gobierno era conocedor de todo y sobre eso hablaba en las llamadas incautadas que mantenía con sus interlocutores.
Por su parte, Cospedal tiene conversaciones con el propio Villarejo interesándose por el contenido que había llegado a Eduardo Inda, director del periódico Okdiario, sobre la financiación B del partido: “Oye, y la famosa libretita, ¿tú crees que la sacarán?”, le decía al comisario en una conversación grabada en 2013.
Sin embargo, el juez García Castellón no abrió investigación en contra del criterio de Anticorrupción porque consideró que los encuentros entre Cospedal y Villarejo.
Episodio del falso cura
Uno de los episodios más rocambolescos de la historia es el asalto en la casa de los Bárcenas en octubre de 2013 de Enrique Olivares, un hombre que se disfrazó de cura y entró en el domicilio del extesorero cuando él ya estaba en prisión provisional al grito de: “O me dais información que tumbe al Gobierno u os mato“.
Olivares murió en la cárcel cumpliendo pena por otros delitos en 2018. El juez instructor García Castellón no quiso imputarle porque los forenses acreditaron problemas mentales y nunca quedó claro si el asalto a esta casa fue urdido también por la operación parapolicial, aunque Bárcenas está convencido de ello.
