El 16 de junio del año pasado, un Pedro Sánchez muy desmejorado irrumpió, con gesto pesaroso, en la sala de prensa de Ferraz. Horas antes, se habían publicado los audios en los que Santos Cerdán, Ábalos y Koldo traficaban con mordidas y con los servicios sexuales de mujeres pagadas por todos los españoles. Aunque eran ya cerca de las cinco y no había comido, al presidente del Gobierno le quedaban aún fuerzas para explicarnos a todos una epifanía que había tenido, una revelación profética que compartió con todos los españoles que lo estaban viendo: “Después del verano empezarán a resolverse muchas de las causas pendientes que tiene el Partido Popular, y entonces se verá quiénes son los delincuentes de verdad”. Se trataba de empatar el partido o, si acaso, de demostrar que su corrupción no era nada comparada con los terribles juicios a los que se iba a enfrentar el PP.
De todos ellos, el más comprometedor sería el juicio por la operación más cutre y chapucera que se recuerda. Se refería Pedro Sánchez a la operación Kitchen. Sin embargo, lo que le falló fue la fecha, porque no sería después del verano, sino ocho meses más tarde. El juicio por esta causa comienza este lunes en la Audiencia Nacional.
Un escándalo del pasado que vuelve
En el banquillo, entre otros, nada menos que Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior de Mariano Rajoy, y quien fuera su secretario de Estado, Francisco Martínez.
A esta cúpula de Interior se le acusa de haber montado, en 2013, una operación que tenía como fin robarle al entonces encarcelado Luis Bárcenas documentos comprometedores sobre la financiación irregular del PP que involucraría a Mariano Rajoy, algo que pensaron que podría hacer caer al gobierno.
Aunque se sospecha, no se sabe de quién partió la planificación de este operativo que destacó por su pésima ejecución y por los escasos resultados obtenidos. Sirva para el recuerdo el episodio del falso cura irrumpiendo con arma falsa en el hogar familiar y secuestrando a la familia Bárcenas, todo pagado supuestamente con fondos reservados. Los acusados se enfrentan a un amplio catálogo de delitos que van desde la revelación de secretos, la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias y la malversación, hasta la obstrucción a la Justicia, entre muchos otros. Resulta difícil o imposible creer que la cúpula del PP, o el mismo Mariano Rajoy, no estuvieran al tanto de esta operación.
Con este escenario y en estas circunstancias, con una vista que se prolongará hasta casi las elecciones andaluzas, semejante escaparate sería el idóneo para un presidente del Gobierno rodeado de corrupción que quisiera elevar sus expectativas en las urnas. Sin embargo, el destino ha querido que el inicio de este juicio coincida con el primer juicio del caso Koldo, que comienza este martes en el Supremo.
La corrupción que ya no es ajena
Tampoco es que la organización operativa de este otro entramado supuestamente delictivo sea propia del MI-5. Aquí se sientan en el banquillo José Luis Ábalos, la mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el PSOE; su exasesor Koldo; y el empresario y converso Víctor de Aldama, que lleva tiempo colaborando con la justicia. La trama, digna de Torrente, cuenta hasta con un trasunto del personaje: prostitutas, fiestas, dinero público, mordidas, dinero negro, enchufes y un etcétera más largo que El tiempo perdido, de Proust.
Lo de Kitchen es grave, pero afectaba a un Gobierno, el de Rajoy, que hace casi ocho años purgó sus pecados en una moción de censura que lo sacó del poder. El problema para Pedro Sánchez es que esta última trama le es tan familiar y tan cercana en el espacio y el tiempo que, por muchos especiales que se fabriquen en los medios afines, no puede aspirar a igualar el partido como pretendía en aquella comparecencia en Ferraz.
A estas alturas, tratar de construir un relato basado en el “y tú más” frente a los escándalos del adversario político se revela, a la luz de los acontecimientos, como una estrategia frágil y cortoplacista. Si bien casos como la operación Kitchen erosionan gravemente la credibilidad del Partido Popular, la irrupción del caso Koldo en el entorno más próximo del propio presidente elimina cualquier vestigio de superioridad moral que se pretenda esgrimir.
La coincidencia temporal de ambos procesos judiciales no solo impide ese empate que Sánchez anticipaba, sino que revela la imposibilidad de sostener un discurso regenerador cuando la corrupción le ha crecido en su despacho.
El problema no gira en torno a quién acumula más escándalos, sino ante la incapacidad estructural de la política española para desprenderse de ellos. Y ahí, lejos de la épica anunciada, el liderazgo de Pedro Sánchez queda cuestionado, no por lo que dijo que ocurriría, sino por lo que finalmente ha terminado ocurriendo a su alrededor.