Este martes comienza uno de los juicios que más preocupa al PSOE. Sentará en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo al que fuera número dos de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos. Fue ministro de Transportes y secretario de Organización de los socialistas. También pasarán por el Tribunal Supremo Koldo García, su asesor, y el empresario Víctor de Aldama, el “nexo corruptor de la trama”, como le apodaron los agentes de la UCO.
Por el Alto Tribunal pasarán más de 80 testigos en 23 sesiones de mañana y tarde. Hasta el último día, el 28 de abril, no tomarán la palabra los acusados. Entre los testigos más relevantes están la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Si bien, podrán testificar por escrito tal y como dispone la ley para algunos altos cargos.
¿De dónde nace la investigación?
La investigación parte de una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por el diputado popular de la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano. Apuntaba a contratación irregular en la compra de material sanitario durante la pandemia.
La instrucción comenzó en la Audiencia Nacional y se hizo pública con la detención de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, en febrero de 2024.
Uno de los informes de la UCO presentados señaló directamente a Ábalos en octubre de 2024. Por aquel entonces, mantenía el acta de diputado aunque el PSOE le había expulsado y estaba recluido en el grupo mixto.
Es por ello, que gozaba de aforamiento y solo podía investigarlo el Tribunal Supremo. En consecuencia, el juez Ismael Moreno remitió la causa al alto tribunal que se quedó con la investigación de los tres principales imputados por las conexiones directas entre ellos.
¿Qué se va a juzgar?
La investigación se centró en un principio en 36 millones de euros públicos dedicados a la compra de material sanitario. Aldama reconoció que de estos contratos dados, presuntamente, a dedo se llevó más de 6 millones de euros en mordidas.
Si bien, el auto de la audiencia preliminar de la Sala que enjuiciará a los tres acusados deja claro que no solo están sobre la mesa los contratos, sino que hay otros tejemanejes que también se juzgarán.
En primer lugar, el disfrute del chalet vacacional en Marbella por parte de José Luis Ábalos, gracias a las gestiones realizadas para que Air Europa consiguiera el rescate por parte del Gobierno cuando Aldama era asesor de la compañía.
Por otro lado, el disfrute de Ábalos y su familia del chalé de la Alcaidesa, en Cádiz, por presuntamente ayudar a que una de las empresas del socio de Aldama consiguiera una licencia para la distribución de hidrocarburos.
Además, también se juzgará la contratación irregular de “amigas” de Ábalos. A Claudia Montes la contrataron en Logirail después de que el ministro lo pidiera y a Jésica Rodríguez en Ineco y Tragsatec. Todas empresas dependientes del ministerio que dirigía.
Por último, la Sala indagará si hubo alguna gestión a través del ministerio de Hacienda para que Aldama pudiera fraccionar una deuda tributaria.
¿Qué pide la Fiscalía?
El fiscal que lleva el caso es el Fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien siempre ha dado veracidad a las confesiones de Aldama, en las que se han basado la investigación. En su escrito de acusación, pide 24 años de prisión para Ábalos 19 para Koldo y 7 para Aldama.
Para Luzón, los tres formaron un “convenio criminal” en el que cada uno tenía un papel determinado. Ábalos era el “jefe”, tal y como se referían a él Koldo y Aldama. Era la “autoridad” y también ejercía “influencia directa” en el Gobierno a partir de su posición de ministro. Aldama era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión, siempre a cambio de la entrega de elevadas cantidades de dinero y otro tipo de gestiones. Koldo García se convirtió en la mano derecha de Ábalos y entabló una estrecha amistad con Aldama.
¿Cuál es la estrategia de defensa de los imputados?
Ábalos y Koldo han llevado estrategias de defensa muy similares y un pacto de no agresión. En ningún momento se han incriminado entre ellos y han centrado su defensa en intentar anular la investigación por errores procesales que, a su entender, los han conducido a un juicio sin garantías.
Ambos se han quejado en numerosas ocasiones que el suplicatorio que aprobó el Congreso de los Diputados para imputar a Ábalos está mal formulado. Que no pueden ejercer su derecho a la defensa sin tener acceso a los dispositivos móviles de Koldo García, en los que se basa gran parte de la acusación. También denuncian una investigación prospectiva. Ambos critican que se dé veracidad al testimonio de Aldama y que a lo largo del proceso no se les haya aceptado ninguna diligencia que han solicitado para poder defenderse. Por supuesto, defienden su inocencia de todos los hechos que se les imputan.
Por su parte, Aldama ha optado por colaborar con la Fiscalía Anticorrupción. Su situación judicial no es complicada en esta causa, sino en la de los hidrocarburos, que lo investiga por un fraude a Hacienda de 182,5 millones de euros. Por eso, se ha dedicado a “tirar de la manta” y sembrar de indicios la investigación a cambio de salir de la prisión provisional que le interpuso el juez Santiago Pedraz en la causa de los hidrocarburos. De ahí que Anticorrupción haya rebajado su petición de condena.
¿Cuál es la situación de Ábalos y Koldo en prisión?
Anticorrupción consideró que, por la proximidad del juicio oral y la elevada petición de penas, existía riesgo de fuga en el caso de Ábalos y Koldo por eso decidió pedir al juez instructor que los enviara a prisión. Están en Soto del Real desde noviembre.
Tras la vista preliminar, las defensas volvieron a pedir la libertad, pero la Sala enjuiciadora rechazó la petición al considerar que se seguían dando las mismas circunstancias y que se habían habilitado espacios en prisión para que prepararan con los abogados el juicio.
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