El Gobierno había dado su palabra. El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026 debía llegar al Congreso de los Diputados en la recta final de 2025, para así comenzar una tramitación que suele extenderse durante cerca de dos meses. Ni siquiera los aprobaron en Consejo de Ministros para su posterior remisión a las Cortes. Tres meses después, a mediados de marzo, el esquema volvió a repetirse, aderezado con nuevas excusas.
Pedro Sánchez va camino de cumplir tres años de legislatura operando con las cuentas públicas aprobadas por un Parlamento que dejó de existir en mayo de 2023, cuando el presidente disolvió las Cámaras para adelantar las elecciones generales. El Gobierno, que lleva desde entonces evitando una derrota parlamentaria con las cuentas públicas que podría herirle de muerte, acostumbra a repetir que los Presupuestos que hoy están en vigor, aprobados a finales de 2022, cuentan con total validez. En sus filas reiteran que así está contemplado en la Carta Magna.
Sin embargo, suelen pasar de puntillas sobre el artículo 134.3 del mismo texto constitucional, que les marca plazos muy claros para actuar, y que han incumplido desde el inicio de la legislatura: “El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”, reza el artículo 134.3 de la Constitución Española.
Hasta 2025, Sánchez había aceptado las críticas por no hacer siquiera el intento de aprobar unas nuevas cuentas. Pero el pasado año decidió autoenmendarse, y contrajo públicamente el compromiso de presentarlas ante el Congreso. Para volver a desdecirse.
Primero eran para finales de 2025, luego para mediados del primer trimestre

El Ejecutivo ya aireaba que las cuentas llegarían a la Cámara Baja a “principios o mediados” del primer trimestre, antes de que Montero dejara el Consejo de Ministros para disputar las elecciones andaluzas. Cuando llegaron a “mediados” de este trimestre, empezaron a señalar los últimos días del mes de marzo, que marcan el fin del trimestre. “Queda tiempo”, repetían desde el entorno de Montero.
Y el 18 de marzo, 20 días después del inicio de la guerra en Irán, la ministra de Hacienda disparó las alarmas al no aludir a sus propios plazos, para rebajar su compromiso a la promesa de que las cuentas llegarán a lo largo de “este año”.
Desde Bruselas, el presidente aseguró que el Gobierno estaba “en lo importante y en lo urgente”. Esto es, en combatir el shock económico derivado de la guerra. Montero estimó que el nuevo retraso supondría “unas semanas más” de espera, sin mayor concreción. Las cuentas, según han ido deslizando desde su departamento durante meses, estaban prácticamente terminadas antes del estallido de la guerra.
A posteriori, además, desde el Ejecutivo han deslizado que están revisando las previsiones macroeconómicas que sustentan las cuentas, vistas las dimensiones del conflicto. Por eso han vuelto a justificar que hoy no tengan siquiera un horizonte temporal marcado en rojo. Ni siquiera un plazo tope para renunciar a estas cuentas, para pasar a concentrar esfuerzos en las del año próximo.
El nuevo ministro de Hacienda: “Me quedo con el ‘ay’ sobre los Presupuestos”
El martes, en el Consejo de Ministros previo al parón de Semana Santa, la ministra portavoz, Elma Saiz, intentó reforzar sus argumentos en esta línea: “Los Presupuestos llevan un trabajo previo importante que tiene que ver con la confección del cuadro macroeconómico, donde se constatan tanto las previsiones de ingresos como las previsiones de gastos, y estamos viviendo una situación gravísima en el orden mundial”.
“Y por eso nos estamos tomando unos días, unas semanas, no solamente para evaluar cómo va afectando la guerra a la situación económica, sino también para medir y evaluar el impacto de las medidas que se han puesto en marcha y que acaban de entrar en vigor”, remató. No quiso ir más allá.
Un par de días antes, en el acto de traspaso de carteras por la marcha de Montero a disputar las elecciones andaluzas del 17 de mayo, el nuevo titular de Hacienda evidenció la magnitud del reto que suponen las cuentas.
Arcadi España, ministro que sucede a la exnúmero dos del Gobierno, recordó una de las últimas respuestas de Montero al ser preguntada por los Presupuestos: “Ay, pues es una tarea muy difícil que tendrá que abordar la persona que me sustituya”, dijo la ya exvicepresidenta. “Si me permites”, bromeó España, “en este momento, me quedo con el ‘ay’”.

Pedro Sánchez, ante el pleno del Congreso.
La última “ventana de oportunidad”, en junio
Más allá de rectificaciones y excusas varias, desde hace meses fuentes del Gobierno asumen, en privado, la dificultad de la operación para armar unos Presupuestos. “No se dan las condiciones”, repiten, en alusión a sus aliados parlamentarios.
Montero lleva toda la legislatura trabajando con cuentas prorrogadas, modificando partidas, auxiliada por la buena marcha de la economía en términos macro, así como por el récord de recaudación fiscal. En sus 8 años como ministra de Hacienda, sólo ha logrado aprobar tres Presupuestos, ninguno en esta legislatura.
La “ventana de oportunidad” puede volver a abrirse en junio, si la Justicia permite finalmente el regreso a España del líder de Junts, Carles Puigdemont. Y si, transcurridas las elecciones andaluzas, el Gobierno accede a las pretensiones de ERC y cede la gestión del IRPF a Cataluña.
Es una exigencia que aplica también a cambio de los votos republicanos a las cuentas de la Generalitat de Salvador Illa, y la imposibilidad de pactar hoy ha forzado al president a posponer sus cuentas. Superadas las elecciones andaluzas, previsiblemente este escenario quedará más cerca. Los Presupuestos Generales del Estado, sin embargo, seguirán fuera de alcance, salvo que Puigdemont así lo decrete.
