Los dos sentados en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo tras 77 días en prisión y con un claro objetivo de sus defensas: conseguir su libertad. José Luis Ábalos, con aspecto cansado y serio, y Koldo García, con la cabeza agachada y cubriendo su cara con la mano y un abrigo. Dos policías los separaban de Víctor de Aldama, el empresario que les incriminó para salir de prisión.
En la vista preliminar, ninguno de los procesados interviene. Solo se escuchan las cuestiones de nulidad de las defensas. Esto es, sus abogados exponen por qué creen que la causa debería ser archivada y los derechos que consideran vulnerados durante el proceso. Oportunidad que no dejaron escapar las defensas de Ábalos y Koldo, que han ido de la mano durante toda la instrucción, tal y como avanzó este periódico.
Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García ,empezó su intervención denunciando una “indefensión tremenda” durante todo el juicio. Pidió la recusación de cinco de los siete magistrados de la Sala que los va a enjuiciar “por falta de imparcialidad”.
La petición suspendió la sesión durante quince minutos para que los magistrados decidieran finalmente que la petición era “extemporánea” porque la Sala lleva ya meses conformada y tal reclamación podía haberla realizado con anterioridad.
Frustrado este intento de paralizar la vista, De la Hoz continuó defendiendo que el Supremo debería plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo al considerar que si Ábalos ya no mantiene el acta de diputado, el tribunal competente para juzgar a los tres procesados es la Audiencia Nacional. Esto es, reclamó que se paralice el juicio a la espera de que Europa se pronuncie sobre esta cuestión.
Además, la abogada de Koldo García considera que el suplicatorio que envió el Tribunal Supremo al Congreso de los Diputados está mal planteado. Cree que el trámite se realizó para investigar a Ábalos por una cuestión concreta que era el supuesto amaño de contratos públicos para la compra de material sanitario. Cuestión que quedó sobrepasada cuando ambos han sido procesados por más cuestiones que nada tienen que ver con este objeto, como la contratación en empresas públicas de las amigas de Ábalos.
Por ello, De la Hoz considera que se deberían haber pedido suplicatorios específicos para cada rama de la investigación. De ahí que intente archivar el caso por esa vía al considerar que no se ha respetado la inviolabilidad parlamentaria de Ábalos.
Asimismo, reclamó, como viene haciendo a lo largo de toda la instrucción, la devolución de los dispositivos electrónicos incautados a Koldo para poder defenderse del contenido incriminatorio que se ha desprendido de las conversaciones allí albergadas. Además, planteó un careo con Aldama para contraponer sus versiones y una prueba poligráfica para plantear si dicen verdad.
El abogado de Ábalos, misma línea
Marino Turiel, nuevo abogado de Ábalos, avaló casi todas las cuestiones planteadas por la defensa de Koldo García. A lo largo de la instrucción han ido de la mano ambas defensas y no fue diferente en esta ocasión. Defendió que perdido el aforamiento del exministro ya es razón suficiente para que el juicio vaya a la Audiencia Nacional.
El trasfondo de estas cuestiones planteadas la dejó explícita la abogada de Koldo García pidiendo la “puesta en libertad inmediata” de su defendido. Quieren paralizar el juicio ya sea con la cuestión prejudicial o enviando la causa a la Audiencia Nacional, retrasando así los plazos.
El planteamiento de los letrados es que si ya no está próximo el juicio oral decae el argumento impuesto por el juez para enviar a prisión provisional a ambos. El juez y la Fiscalía vieron “riesgo extremo” de fuga por la proximidad del juicio y por la elevada petición de penas para ambos, 24 años para Ábalos y 19 para Koldo García por parte del ministerio público.
Aldama en el punto de mira
La última bala que guardaba la defensa de Ábalos pasaba por sembrar la duda de un acuerdo “opaco” de conformidad entre la Fiscalía y Víctor de Aldama. Explicó que, a su juicio, gracias a ese acuerdo desconocido, el ministerio público ha dado veracidad a todo el testimonio de Aldama, y solo pidiera para él siete año de cárcel.
La cuestión revolvió a la defensa de Aldama, José Antonio Choclán, y al fiscal Anticorrupción, Alejando Luzón, que negaron cualquier conversación paralela. El abogado de Aldama lo rebatió así: “Lo que ha hecho Aldama no es sino un comportamiento procesal que está previsto en la ley penal. Se nos atribuye un delito de organización criminal, que establece una atenuación penal para el acusado que contribuya a desmantelar esa organización, a determinar quiénes son sus responsables y al descubrimiento de los hechos que se atribuyan a esa organización. Esto es lo que ha hecho Aldama y no firmar un acuerdo opaco, sino acogerse a una norma penal para hacer lo que la norma quiere: incentivar esos comportamientos”, defendió.
La posición de Luzón
Por su parte, el fiscal Luzón también usó su turno de palabra para defender que el juicio debe mantenerse en el Supremo, tumbando todo el argumentario previo de Ábalos y Koldo: “El aforamiento es un privilegio para el investigado y el último límite es el auto de apertura de juicio oral”, aseveró. Reflexión a tener en cuenta ya que las decisiones y consideraciones de la Fiscalía han sido muy tenidas en cuenta por todos los magistrados de esta causa.
Así las cosas, ahora la Sala debatirá sobre las cuestiones de nulidad y fijarán fecha para el inicio de las declaraciones de este juicio que podría desarrollarse a principios de abril, cuando veremos de nuevo a Ábalos y Koldo en el banquillo.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.