El caso de los hidrocarburos se ha convertido en una fuente de testimonios que apuntan a una posible financiación ilegal del PSOE. De hecho, la UCO y la Fiscalía Anticorrupción trabajan de la mano y están detrás de todas estas declaraciones. Incluso no descartan aglutinar estos indicios en la pieza separada que instruye el juez Ismael Moreno y que indaga si las cuentas del partido están en orden. Además, se plantean llamar de nuevo a declarar a todos estos testigos para cerciorarse del relato expuesto en el caso que investiga un presunto fraude de 182 millones de euros a Hacienda por la comercialización de fuel.
El último en apuntar a esta presunta financiación irregular fue el chófer de Carmen Pano, Álvaro Gallego. En su declaración de este miércoles ante el juez Santiago Pedraz ratificó la versión de Pano. La empresaria ha declarado en dos ocasiones que llevó 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE en la calle Ferraz en bolsas.
Y ahora, ante el juez, Gallego asegura que fue él quien condujo a Pano: “Yo me quedé en doble fila en el paseo de Pintor Rosales. Se bajó y se dirigió a la puerta de Ferraz porque, según me dijo, tenía que parar a hacer una cosa. Ella cruzó la calle, que yo la vi, porque sabía que llevaba dinero y estaba pendiente, por seguridad. No sé a quién se lo dio. Luego vino sin las bolsas”, relató el testigo.
Los hechos ocurrieron a finales de 2020, y Gallego dio detalles incluso de cómo se transportó el dinero: “Era una bolsa blanca dentro de una bolsa de cartón. Yo vi tacos de 5.000 euros en billetes de 50”, precisó.
Una declaración que se suma a la de Pano, que reiteró en el juzgado por segunda vez que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Según su relato, era dinero de Claudio Rivas, imputado en el caso de los hidrocarburos por ser el dueño de Villafuel. Empresa bajo el foco de la UCO porque sospechan que los imputados querían con sus tejemanejes conseguir para la compañía una licencia del Gobierno para la distribución de hidrocarburos.
Según su versión, Víctor de Aldama, también imputado y socio de Rivas, no podía llevarlo y ella accedió a regañadientes. “De acuerdo, pero es la última vez que te hago este tipo de favores”, advirtió Pano, que aseguró no saber la procedencia del dinero. La primera vez entregó 45.000 euros y en la segunda ocasión Rivas le dio el dinero a través de un amigo suyo llamado “Lolo”. Otro hecho también ratificado por Gallego en su declaración: “El dinero lo trajo a casa de Pano un ayudante de Claudio Rivas”. Preguntado por si se trataba del tal Lolo, Gallego afirmó.
Por otra parte, están los indicios de financiación irregular que lanzó Aldama en su declaración. En su caso como investigado, sin obligación de decir verdad. El fiscal Luis Pastor se interesó por una foto de un sobre de PDVSA (la empresa pública del petróleo de Venezuela) que aparecía en un informe de la UCO. Al parecer, pertenecía a Víctor de Aldama, pero lo custodiaba un socio. Los agentes no pudieron ver el interior del sobre pero dedujeron que “pudiera tratarse de documentación vinculada al sector de los hidrocarburos puesto que el remitente es la empresa petrolera de origen venezolano y pendiente del Estado venezolano PDVSA”.
Preguntado por el sobre, Aldama respondió que era “relativo al negocio de los hidrocarburos y a la financiación ilegal del PSOE, de la internacional socialista”, y aseguró que ese sobre se lo dio la propia Delcy Rodríguez. Pero no quiso explayarse. Prefirió dejar esa explicación para seguir pactando sus beneficios procesales con el ministerio público: “Si no les importa es algo que tenemos que negociar ustedes directamente, estamos hablando de financiación ilegal del partido”, añadió.
Eso sí, más de una semana después, no hay novedades de que haya aportado ningún tipo de documentación que certifique lo expuesto, tal y como publicó este periódico.
Estas declaraciones añaden indicios que pueden acabar bajo la lupa del juez Ismael Moreno que investiga en esos pagos del PSOE. El juez de la Audiencia Nacional instruye el caso a petición del Supremo que encontró descuadres en el seno de la investigación del caso Koldo. Había desajustes contables entre lo que decían las conversaciones de whatsapp incautadas y los pagos reflejados en las cuentas oficiales del partido.
En estos momentos, esa pieza está declarada secreta y hay pendiente un informe de la UCO que “despeje estas incógnitas en la medida en que pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas”, según indicó el juez del Supremo Leopoldo Puente. En la investigación el PSOE se podría enfrentar a una posible imputación por financiación irregular como persona jurídica.
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