No se sabe cuándo arranca ni cómo ni con qué medios. En el comienzo de abril, fecha en la que el Gobierno anunció que empezaría la mayor regularización de inmigrantes de la historia de nuestro país, la incertidumbre es máxima entre los funcionarios que deben tramitarla, que muestran su “preocupación” y falta absoluta de información, “cero informativo”, lo llaman: “Vamos a ciegas”, trasladan a Artículo14.
“No nos han facilitado información. La Seguridad Social se iba a encargar de la digitalización en el programa Mercurio, pero estamos en una situación de cero informativo”, explica Javier Cruz, portavoz de CSIF, en la cuenta atrás de un proceso que prevé atraer entre 500.000 migrantes y un millón, unos 840.000, según Funcas, por encima de la que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero en 2004.
La capacidad operativa de las Oficinas de Extranjería no invita al optimismo. Cuentan con alrededor de 2.100 puestos laborales, pero operativas sólo hay 1.600, según ha reconocido a este medio César Pérez, responsable de Extranjería de Comisiones Obreras del Ministerio de Política Territorial. Con el personal en curso, cada uno de los profesionales tendría que elaborar más de 312 solicitudes para alcanzar sólo el medio millón de regularizaciones. Por lo que la reforma de adecuación amenaza con “colapsar las Oficinas de Extranjería. Esto va a dinamitarlas”, ha avisado Pérez.
Pero la situación puede agravarse aún más si se alcanzan las 840.000 regularizaciones que estima Funcas, ya que dispararía el número de expedientes por trabajador por encima de los 500, o incluso más.
Y cuando el Gobierno ha fijado en 15 días como máximo el plazo para que la solicitud se admita a trámite. En respuesta al periodo estipulado, el responsable del sindicato alega que con el personal actual “no hay capacidad. Ahora mismo es imposible”. Los tiempos de espera de este tipo de solicitudes oscilan entre los 50 y los 70 días hábiles por el mal funcionamiento de los programas y la sobrecarga de trabajo.
El retraso es una “mala noticia”
Sofía Castillo, secretaria de Migraciones y Atención a las Personas de CCOO, refrenda que “no se sabe cuándo va a estar en vigor. Se había anunciado el 1 de abril pero el Real Decreto sigue en el Consejo de Estado. La ministra sólo dijo “después de Semana Santa” en un acto del Consejo Económico y Social (CES) el pasado 26 de marzo”, señala.
Para Castillo, “como el proceso acaba el 30 de junio y es improrrogable, este retraso no es una buena noticia. Cuando ante empiece, mejor para todos”.
Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, preguntada por la regularización y por su inicio, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha dicho que va el proceso “según el calendario previsto y siguiendo los trámites preceptivos, con el Decreto en el Consejo de Estado”. Artículo14 ha intentando esta semana recabar más información del Ministerio, pero no lo ha conseguido.
“Todo esto, sin medios humanos suficientes, y tirando de empresas públicas como Tragsa y Tragsatec, cuyos posibles errores asumirá la Administración. Hay mucha confusión. Cada delegación del Gobierno sigue unos tiempos, no se ha planificado, y en principio se puso como inicio una fecha vacacional. Falta planificación y recursos”, opina Cruz, que añade que el año pasado entró en vigor el Reglamento de Extranjería, lo que “ya está tensionando el sistema”.
Al portavoz del CSIF todo esto le recuerda a cuando se aprobó la Ley de Dependencia, “una muy buena ley sin medios, que tardaron en llegar tres o cuatro años, cuando muchos pacientes ya habían muerto”.
“El problema de fondo es además que no hay un mando único de Extranjería, sino que está dividido entre las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, los Ministerios del Interior e Inclusión y la Dirección General de la Policía”, remacha este funcionario radicado en Canarias.
El Gobierno delega en sindicatos y ONG
Inclusión ha publicado una Orden de Colaboradores por la que sindicatos y Organizaciones No Gubernamentales sean gestores del proceso. CCOO, junto con otros sindicatos y ONG, quiere ser colaborador, pero hasta que no salga en el BOE el Decreto prefiere esperar, cuando además circulan distintos borradores. “No queremos precipitarnos”, explica su secretaria de Migraciones y Atención a las Personas. En todo caso, prevén darse de alta cuando hayan pasado las vacaciones en la Orden de Colaboradores en la web de Inclusión.
Los colaboradores tienen que ser entidades que hayan trabajado con Extranjería en los últimos tres años y que vayan a colaborar de forma gratuita.
“Llevamos décadas trabajando con Extranjería a través de los Centros de Información al Trabajador Extranjero (CITE), ayudando con los papeles, pero no podíamos tramitarlos, entrar en Mercurio, la plataforma de la Administración, lo que habíamos solicitado hace tiempo y ahora se nos va a dar acceso”, relata Castillo.
En este contexto, ha sorprendido el choque que se produjo el pasado sábado entre Inclusión y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) a cuenta de una campaña oficial que difundió en redes que no es necesario un abogado en la regularización y asociaba a la Abogacía con desinformación y fraude. Tras la queja formal del ICAM, la campaña ha sido retirada.
Los beneficiados
El proceso beneficiará a quienes hayan solicitado protección internacional o llevaran al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025 y no tengan antecedentes penales, así como a sus hijos menores, cuyo permiso será de 5 años.
Los inmigrantes tendrán que acreditar que carecen de antecedentes penales en España y en los países anteriores en los que hayan residido durante los cinco últimos años anteriores a la fecha de entrada en España. Sin embargo, desde los sindicatos policiales han advertido de que no tener antecedentes justo entonces no implica que no hayan cometido delitos graves debido a los plazos judiciales y de investigación.
No se aclara el refuerzo ni si se va a externalizar
“CSIF exige el refuerzo de plantillas en todos los niveles afectados de la Administración. Tras reuniones realizadas en diferentes departamentos, el Gobierno señala que se espera entre medio millón y un millón de solicitudes y aún no nos han aclarado el refuerzo de plantillas ni si se va a contar con la participación de alguna empresa pública, como ha sucedido en otras ocasiones. CSIF lamenta la posibilidad de que el Gobierno opte por una externalización del servicio público”, ha declarado el sindicato mayoritario de la Administración en un comunicado.
En todo caso, avisan de que es “fundamental anticiparse a los efectos de este proceso, adoptar las medidas organizativas necesarias y dotar a los servicios públicos de recursos para evitar el colapso y ofrecer seguridad y atención tanto a empleados y empleadas públicas como al conjunto de la ciudadanía”.
Además, reclaman que se compense el esfuerzo adicional realizado por las/os empleados públicos. CSIF ha iniciado la negociación de la Oferta Pública de Empleo para este año y ha exigido el refuerzo de plantillas dado que se requerirá personal tanto para el proceso de regularización como posteriormente para gestionar subsidios y trámites administrativos en ámbitos deficitarios de personal (SEPE, Seguridad Social, Política Territorial e Interior, entre otros).
“En el ámbito del Ministerio del Interior, el proceso de regularización ya está teniendo un impacto directo en la carga de trabajo de las/os empleados públicos encargados de la expedición de documentación, con un aumento de la demanda y en consecuencia situaciones de saturación en las oficinas. Esta situación se va a agravar cuando empiece la regularización”, advierten.
Lo poco que se sabe
Según las primeras informaciones recabadas por CSIF, el proceso constará de dos fases: recogida de solicitudes con documentación y tramitación y resolución del expediente, que realizará de manera exclusiva la Unidad de Tramitación de Expedientes (centralizada en Vigo).
El grueso de las solicitudes presenciales se realizará previsiblemente en las oficinas de Correos (aunque todavía no se ha firmado ni se ha informado a los trabajadores); delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, Oficinas de Extranjería y algunas oficinas de la Seguridad Social (1 por provincia, salvo Madrid y Barcelona que se abrirán 3 y 2, respectivamente, en Alicante, Murcia, Málaga y Valencia).
También se prevén solicitudes telemáticas, aunque desde CSIF advierten de que pueden generarse problemas en la identificación de solicitantes y que obviamente carezcan de certificado digital.
La mayoría de las Oficinas de Extranjería quedarán excluidas de la recepción de solicitudes (10 oficinas aún por determinar), ante el asombro de la plantilla de estos centros de trabajo. En el departamento de Política Territorial del sindicato aún desconocen cuántos expedientes se tramitarán, ni la carga de trabajo, ni si lo realizará personal interino, laboral o personal en trabajo a distancia.
Un año después del proceso, este personal será el encargado de renovar los permisos, lo que para CSIF no tiene mucho sentido. Rechazan la posibilidad de que se externalice este trabajo en una empresa pública. Ante los datos sensibles que se van a tramitar, esta labor debería de estar supervisado por personal funcionario.