El 1 de abril arranca en España el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular que llevan años viviendo en el país y quieren acceder a papeles. El plazo para presentar solicitudes se extenderá, en principio, hasta finales de junio, y las previsiones apuntan a que podrían beneficiarse entre 500.000 y 800.000 personas, sin contar la reagrupación familiar.
La medida, sin embargo, abre debate europeo. La Comisión Europea ha recordado que la regularización es competencia nacional, pero sus efectos pueden ir más allá de las fronteras españolas. En un espacio sin controles interiores como Schengen, Bruselas teme que estos procesos provoquen movimientos secundarios hacia otros Estados miembros. El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha subrayado además que un permiso concedido por España no da automáticamente derecho a instalarse en cualquier otro país de la UE: si una persona regularizada en España es localizada en otro Estado miembro en situación irregular, deberá ser devuelta a territorio español.
Mientras el Ejecutivo español apuesta por integrar y dar salida administrativa a quienes ya residen en el país, buena parte de la Unión se mueve en la dirección opuesta: más expulsiones, más centros de retorno fuera de la UE y normas más duras para quienes no encajan en los cauces ordinarios de residencia.
Italia
El caso italiano es el más visible de este giro. Giorgia Meloni ha convertido en emblema de su política migratoria la idea de sacar fuera de la UE parte del control y la gestión de los flujos. Su Gobierno impulsó un acuerdo con Albania para enviar allí a migrantes y solicitantes de asilo interceptados por Italia y tramitar sus expedientes en centros levantados bajo control italiano.
El plan prevé instalaciones con capacidad para miles de personas y se presentó como una fórmula para reforzar el control de fronteras y acelerar devoluciones. Pero su desarrollo ha quedado enredado en una batalla judicial. Jueces italianos han frenado varias veces las transferencias al considerar que no podían aplicarse procedimientos acelerados a personas procedentes de países que no pueden considerarse plenamente seguros. La Justicia europea respaldó esa interpretación y cuestionó la forma en que Italia había construido su lista de países de origen “seguros”.
Pese a esos obstáculos, Meloni ha insistido en mantener el proyecto y ha defendido que el nuevo pacto europeo de migración y asilo, cuando entre en vigor, dará un marco más favorable a este tipo de esquemas. Italia encarna así una de las prioridades dominantes en la UE: externalizar, contener y devolver.
Dinamarca
Dinamarca representa otro tipo de endurecimiento, quizá menos espectacular que el italiano pero muy influyente. El Gobierno de Mette Frederiksen, socialdemócrata, lleva años defendiendo una línea de máxima restricción con la idea de que la inmigración debe reducirse al mínimo y la estancia de los refugiados debe entenderse como algo temporal.
La última vuelta de tuerca anunciada por Copenhague permite la expulsión de ciudadanos no daneses condenados a un año de prisión o más por delitos graves. Frederiksen defendió la reforma con un discurso abiertamente securitario y vinculó la política migratoria a la protección del país frente a la delincuencia. Al mismo tiempo, el Ejecutivo quiere aumentar los incentivos al retorno voluntario y endurecer las condiciones para los extranjeros en centros de salida.
Además, desde hace años el país escandinavo ha recortado prestaciones, ha dificultado la residencia permanente, ha endurecido la reagrupación familiar y ha defendido la tramitación de solicitudes de asilo fuera de Europa.
Alemania
Alemania, que durante la gran crisis migratoria de 2015 simbolizó la apertura, atraviesa ahora un momento distinto. El canciller Friedrich Merz ha situado el endurecimiento migratorio entre sus prioridades y, en los últimos días, ha ido un paso más allá al plantear, junto al presidente sirio Ahmed al Sharaa, el retorno de buena parte de los refugiados sirios que viven en territorio alemán.
La propuesta pasa por trabajar para que el 80% de los sirios residentes en Alemania regresen en los próximos tres años. Berlín habla de retorno y Damasco de “migración circular”: un modelo que permitiría a parte de esa población contribuir a la reconstrucción de Siria sin cortar del todo con la vida que ha levantado en Alemania. En cualquier caso, el mensaje político es claro. El país que acogió a una de las mayores diásporas sirias de Europa gira ahora hacia una lógica de salida, no de asentamiento.
Francia
En Francia, el sistema de permisos de residencia es cada vez más restrictivo. París lleva casi tres décadas sin acometer una regularización de gran alcance. Las últimas iniciativas de este tipo se remontan a 1998, cuando el Gobierno de Lionel Jospin regularizó a unos 15.700 migrantes. Desde entonces, la política migratoria francesa ha girado progresivamente hacia el endurecimiento.
Las reformas más recientes han facilitado la expulsión de extranjeros condenados por delitos y han elevado las exigencias para acceder a la nacionalidad.
Según el Ministerio del Interior francés, el número de regularizaciones descendió un 10,1% en 2025 respecto al año anterior, mientras que las expulsiones de personas en situación irregular aumentaron un 15,7%. En paralelo, se estima que alrededor de 700.000 inmigrantes sin papeles residen actualmente en el país.
El endurecimiento se ha concretado especialmente en la reforma de los mecanismos de regularización individual. La llamada “admisión excepcional al permiso de residencia” —la principal vía para quienes no tienen papeles— se ha vuelto mucho más restrictiva. En los primeros nueve meses de 2025, estas concesiones cayeron un 42% respecto al mismo periodo del año anterior, tras la entrada en vigor de nuevas directrices que sustituyeron el marco anterior.
El contraste, en conjunto, es difícil de disimular. España abre una vía extraordinaria para integrar a quienes ya viven y trabajan de hecho en el país. Mientras tanto, la UE avanza hacia reglas de retorno más severas.