Sánchez, solo contra todos en la Europa de la inmigración

Solo contra todos. O casi. El Gobierno español ha anunciado la adopción de una reforma destinada a facilitar la regularización de los migrantes. Mientras que Europa, siguiendo el ejemplo de Giorgia Meloni en Italia o Bruno Retailleau en Francia, intenta cerrar sus fronteras, España destaca por ir a contracorriente.

De hecho, la nueva política migratoria de la UE consiste en apretar aún más las tuercas. Su objetivo es aumentar las expulsiones y reformar el sistema de visados. El jueves pasado, Bruselas dio a conocer las líneas generales de su futura política migratoria, confirmando un claro endurecimiento de su postura.

«La prioridad es clara: reducir el número de llegadas ilegales y mantenerlas en un nivel bajo», aseguró el comisario europeo Magnus Brunner, principal artífice de este giro migratorio. En 2025, el número de entradas irregulares en el territorio europeo se ha reducido en más de un 25 %, según la agencia europea de fronteras Frontex. Estas han disminuido drásticamente en la ruta de los Balcanes y se concentran en el Mediterráneo, especialmente desde Libia. Pero el centro de gravedad político de Europa se ha desplazado hacia la derecha —sin duda con un efecto mimético de la política MAGA—, lo que ha empujado a sus dirigentes a endurecer aún más la política de inmigración.

En su estrategia migratoria, que guiará su labor durante los próximos cinco años, la Comisión Europea hace hincapié en la expulsión de los solicitantes de asilo rechazados. Una estrategia que permitiría, en particular, abrir centros fuera de las fronteras de la UE, los famosos «centros de retorno», para enviar allí a los migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada. Pero también sancionar más duramente a los migrantes que se nieguen a abandonar el territorio europeo, mediante períodos de detención más largos.

Todas estas medidas son criticadas por la izquierda y las ONG, pero cada vez cuentan con más apoyo por parte de los países de la UE. La estrategia de la UE también hace hincapié en la «diplomacia migratoria». Es decir, el establecimiento de nuevas asociaciones con países del norte de África, similares a la que se ha creado con Túnez. Los europeos esperan que estos países de origen o de tránsito de los migrantes detengan las salidas y readmitan a sus nacionales en situación irregular en la UE, a cambio de miles de millones de euros en ayudas e inversiones. Tras Egipto y Mauritania, se están llevando a cabo negociaciones para sellar un acuerdo de este tipo con Marruecos.

Sin embargo, Pedro Sánchez, como Don Quijote, parece ir a contracorriente a nivel europeo al adoptar, mediante un decreto ley, un plan destinado a regularizar por decreto a unos 500 000 migrantes indocumentados, lo que supone una ruptura con las políticas más estrictas aplicadas en otros lugares de Europa. Decreto ley para evitar la oposición de la derecha (PP, Junts y PNV) y la extrema derecha (Vox), que habían rechazado una iniciativa legislativa popular similar.

¿Cómo se explica esta postura singular en Europa? Respaldado por un crecimiento excepcional (+2,9 %), el Gobierno de Sánchez asume esta posición porque ha comprendido que España, que es una de las tres principales puertas de entrada de la inmigración en Europa, junto con Italia y Grecia, debe continuar con esta política de apertura para mantener este impulso. Gracias a esta medida, decenas de miles de inmigrantes ilegales serán regularizados en los próximos tres años. Manos para ocupar tantos puestos de trabajo vacantes. Pero también manos para introducir papeletas en las urnas. Según la fundación económica Funcas, esta regularización afectaría, en el 91 % de los casos, a ciudadanos latinoamericanos. Además de la dimensión económica, esta iniciativa también responde a una lógica política.

Pedro Sánchez gobierna sin una mayoría parlamentaria estable y depende del apoyo de varias formaciones para aprobar sus proyectos de ley y evitar un bloqueo institucional. Al apoyar la regularización de los migrantes, el ejecutivo responde a una reivindicación central de Podemos y consolida sus alianzas con la izquierda, indispensables para continuar con su acción gubernamental.

Tras la retórica de apertura y humanismo del Gobierno español, la medida suscita profundas dudas, tanto sobre su coherencia como sobre sus consecuencias a medio y largo plazo. En primer lugar, el recurso al decreto ley, que permite al Gobierno eludir una votación parlamentaria, plantea interrogantes sobre el método político. A falta de mayoría en el Congreso, el ejecutivo impone un cambio estructural importante sin un debate parlamentario sustancial. Esta estrategia, ya señalada por varios medios de comunicación europeos, pone de manifiesto la falta de consenso nacional en torno a una reforma que, sin embargo, es fundamental para el futuro del país. Podría debilitar aún más un panorama político ya polarizado, alimentando la idea de una imposición frente a las inquietudes de una parte de la población.

En segundo lugar, las motivaciones económicas esgrimidas deben matizarse. Es cierto que la inmigración ha representado cerca del 80 % del crecimiento económico español en los últimos seis años, según los datos presentados por el Gobierno. Sin embargo, basar una política de regularización en argumentos de crecimiento inmediato equivale a instrumentalizar la presencia de trabajadores precarios para responder a las necesidades de sectores en tensión, como la agricultura o la construcción. Ahora bien, esta dependencia estructural de una mano de obra vulnerable plantea interrogantes: ¿constituye la regularización realmente un avance social o es simplemente la legalización de un modelo económico basado en empleos poco cualificados y mal remunerados?

Por otra parte, la medida podría tener un efecto de atracción a medio plazo. Las críticas formuladas por la oposición, que teme que esta decisión sirva de estímulo para nuevas llegadas irregulares, no pueden descartarse sin más. España sigue siendo una de las principales puertas de entrada a Europa, y cualquier política migratoria nacional tiene repercusiones regionales. Por lo tanto, es legítimo cuestionar la capacidad de los mecanismos de gestión, integración y control para absorber el impacto potencial de esta decisión.

Por último, el alcance simbólico de esta medida no debe ocultar su dimensión administrativa. Las personas afectadas deberán acreditar al menos cinco meses de presencia antes del 31 de diciembre de 2025 y no tener antecedentes penales. Obtendrán un permiso de un año, renovable, con la posibilidad de trabajar inmediatamente después de presentar la solicitud. Si bien esto parece generoso, también plantea un enorme desafío logístico para la administración española, cuya eficacia y recursos ya son a menudo objeto de críticas.

En resumen, si bien la regularización excepcional de 2026 se inscribe en una tradición española de regularizaciones sucesivas, parece ser una medida cuyas virtudes declaradas requieren un examen crítico riguroso. Sin consenso político, sin una visión clara de integración sostenible y sin garantías de que no alimentará nuevas dinámicas migratorias incontroladas, esta iniciativa corre el riesgo de revelar más debilidades que soluciones concretas.