El discurso de Vox sobre la inmigración no es nuevo. Lo que cambia es el contexto europeo en el que las declaraciones de Abascal se funden con los discursos similares de los populistas de extrema derecha y de la derecha europea. Hasta tal punto que la socialdemocracia de Pedro Sanchez sigue esa postura. De hecho, la primera ministra danesa izquierdista Mette Frederiksen, cuyo país preside el Consejo de la Unión Europea, ha presentado sus prioridades para los próximos seis meses. Nos encaminamos hacia un endurecimiento de la UE frente a los migrantes. La seguridad del continente europeo encabeza el programa: seguridad frente a Rusia con el rearme en curso, pero también frente a las migraciones. Frederiksen presentó la inmigración únicamente como una amenaza. Aboga por reforzar las fronteras exteriores reduciendo la afluencia de migrantes a Europa.
Esta postura complace a la extrema derecha y, por tanto, a Vox. Tanto es así que la socialdemócrata danesa ha recibido elogios del grupo que reúne a los partidos de extrema derecha Patriotas por Europa. Al otro lado del hemiciclo, la agenda de la presidencia danesa preocupa a la izquierda. La izquierda del Parlamento ve claramente que el bando conservador ha encontrado en ella una aliada para impulsar aún más hacia la derecha la política migratoria en Europa.
Mette Frederiksen quiere avanzar en la externalización de las solicitudes de asilo. También desea restringir el poder del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una de sus mejores aliadas en Europa es la italiana Giorgia Meloni. Mette Frederiksen declaró en mayo, por ejemplo, que «la inmigración era la mayor amenaza para el norte de Europa». La líder danesa, al igual que en otros lugares de Europa, está bajo la presión de la extrema derecha. Para ganar las elecciones, ha dado un giro estratégico en materia de inmigración. En línea con la tendencia general actual en la Unión Europea.
En Francia, por su parte, la inmigración es una cuestión espinosa que sigue sobre la mesa. Desde principios de 2025, más de 20 000 personas han logrado cruzar el Canal de la Mancha para llegar a Inglaterra, lo que supone un aumento del 48 % con respecto a 2024 y del 75 % con respecto a 2023. Un duro revés para el primer ministro británico Keir Starmer, que, al igual que sus predecesores, se había comprometido a combatir la inmigración ilegal y había presentado una serie de medidas para reducir «significativamente» la migración legal, en respuesta al auge del partido de extrema derecha Reform UK de Nigel Farage. Los británicos quieren poder devolver a Francia a las personas que llegan a sus costas en pequeñas embarcaciones, con el fin de disuadir a los candidatos a la inmigración. Un nuevo «acuerdo» con París sobre cuestiones migratorias podría suponer una gran victoria para Keir Starmer, pero este parece estar lejos de cerrarse, ya que cinco países de la Unión Europea enviaron en junio una carta de queja a la Comisión Europea. Grecia, Malta y Chipre temen que los migrantes ilegales expulsados por el Reino Unido sean finalmente devueltos al primer Estado miembro en el que fueron registrados.
Para la presidencia danesa de la UE, hay dos vías que explorar: transferir al extranjero parte de la tramitación de las solicitudes de asilo y reducir el impacto de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en las políticas migratorias nacionales. Frente a Alemania, los daneses han defendido una política migratoria más restrictiva. Europa debe reducir las llegadas y acelerar las expulsiones de las personas sin permiso de residencia.
En materia de inmigración, los resultados de las elecciones europeas de junio de 2024 han marcado una clara orientación hacia un endurecimiento de la política migratoria a nivel continental, con la victoria de los conservadores del Partido Popular Europeo (PPE) y el fortalecimiento de varios grupos de extrema derecha.
Haciendo caso omiso de la plataforma mayoritaria que creó con los socialistas y los liberales para apoyar a la actual Comisión, el PPE decidió, el 4 de julio, acercarse a los grupos de extrema derecha dentro de la Comisión de Asuntos de Interior, encargada de las cuestiones migratorias, para obtener el control de algunos textos sensibles que se están negociando: el reglamento sobre terceros países seguros y el reglamento sobre países de origen seguros. Estos expedientes se refieren a la dimensión externa de la gestión de la migración. El primer reglamento, propuesto a finales de mayo por la Comisión, debe autorizar a los Estados europeos a trasladar fuera de Europa a los refugiados a centros de tramitación de solicitudes de asilo. El segundo, presentado en abril, debe permitir el establecimiento de una lista europea de países considerados seguros. Mientras tanto, Abascal debería estar satisfecho con las medidas y la actuación del Gobierno de Sánchez en esta materia, ya que, según los datos estadísticos europeos (Eurostat), España es el tercer país de la UE que más extranjeros ha expulsado en el tercer trimestre de 2024. Madrid expulsó a algo más de 3000 personas, al igual que Alemania, mientras que Francia rechazó a más de 4000. Además, dentro de este mismo trío líder, España dictó 13 645 órdenes de expulsión del territorio a migrantes irregulares. Una realidad que el Gobierno de Sánchez pasa por alto y que Vox se cuida mucho de mencionar.