Esquerra Republicana de Catalunya está a un paso de cobrarse de Pedro Sánchez el compromiso que permitió la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El 30 de junio de 2024, hace casi un año, ERC entró en escena y anunció el pacto por el que el Ejecutivo autonómico asumiría “la llave de la caja” de la recaudación tributaria en su territorio.
Sánchez tuvo que afrontar un conato de rebelión en el PSOE con hasta media docena de barones socialistas en contra. Logró aplacarles en parte por la convocatoria del 41 Congreso de diciembre. Pero sus ministros pasaron buena parte del mes de agosto alejados de cámaras y micrófonos, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero tuvo que rendir cuentas en el Senado en los primeros días de septiembre, arrastrada por la mayoría absoluta del PP.
El próximo lunes, Gobierno y Generalitat se reunirán para intentar sellar un acuerdo político que vertebre la “financiación singular” catalana, que debería oficializarse a través de una proposición de ley en el Congreso, todavía por desarrollar. Y la inminencia de esta cita ha despertado el enfado de un PSOE que hace sólo una semana celebraba su Comité Federal centrado en apagar otros fuegos -los casos de Santos Cerdán y Paco Salazar-.
Ni 24 horas le ha durado al Gobierno la frágil paz lograda el miércoles, con la comparecencia de Sánchez en el Congreso de los Diputados para anunciar su plan anticorrupción y dar unas pocas explicaciones sobre la supuesta corrupción del exnúmero tres del PSOE.
La batalla legal cuando la financiación singular se sustancie en una ley se da por descontada. A la previsible ira de los barones del Partido Popular, que bautizó al acuerdo como ‘cupo catalán’, se añadió el jueves la advertencia desde las baronías socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha. En la primera gobierna Adrián Barbón, que no se considera crítico con Sánchez: “Las comunidades autónomas del régimen común tenemos que concurrir en un plano de igualdad a negociar el nuevo modelo de financiación. No admitiremos ningún privilegio y, sobre todo, lo que no admitiremos de ninguna manera es ningún perjuicio al Principado”, aseguró Guillermo Peláez, consejero de Hacienda de Barbón.
Page: “La corrupción ha traído barra libre”
Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha y único barón socialista que goza de mayoría absoluta, arremetió contra Sánchez acusándolo de permitir el “saqueo” de los independentistas. Advirtió de que no se va a quedar “de brazos cruzados” ante el “mayor atentado a la igualdad de oportunidades entre españoles”. Se mostró “dolido” porque reclamó hablar de esta cuestión en el Comité Federal del pasado sábado, y asegura que “deliberadamente se ocultó” esta materia.
La comisión bilateral Estado-Generalitat, a la que darán el pistoletazo de salida Salvador Illa y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en Barcelona, era de sobra conocida desde hace semanas. La ministra portavoz, Pilar Alegría, confirmó el jueves en una entrevista en TVE que la “financiación singular” estaría sobre la mesa, como por otra parte se daba por descontado.
Hace apenas dos semanas, los medios ya recogían el recado de ERC a Montero al hilo de la cita del 14 de julio en Barcelona: le espetaban que lo acordado “se parece bastante” a un concierto económico. Ella siempre ha rehusado emplear el término “concierto”, si bien lo pactado es entregar al Govern la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos en su territorio.
Sin embargo, para Page esta reunión adquiere un nuevo significado, toda vez que los socios han salvado al presidente de la quema en el Congreso este miércoles, lo que teóricamente les permitiría exigir contraprestaciones.. Y la agenda de la próxima semana recoge otras dos citas en las que el Ejecutivo se esforzará por cumplir con los compromisos con sus aliados parlamentarios. Sánchez ha pisado el acelerador.
“Estamos comprobando que a más corrupción más debilidad, a más corrupción cesiones y más negocio para los independentistas y para los socios”. “La corrupción ha traído barra libre y esto es absolutamente grave porque va a traer consecuencias muy importantes para lo que tendría que ser sagrado para la izquierda, que es el principio de igualdad”, afirmó Page en declaraciones desde Sacedón (Guadalajara).
Navarra, la tercera comunidad gobernada por el PSOE, está fuera del régimen común, y por lo tanto no se ve afectada. Además, seis de las federaciones autonómicas están lideradas por ministros y Baleares está en manos de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por lo que no se espera ningún tipo de crítica o comentario desde estos territorios. Miguel Ángel Gallardo (Extremadura) está en uno de los momentos más difíciles de su paso por la secretaría general socialista, aunque hace un año criticó abiertamente este acuerdo.
El 41 Congreso pactó una fórmula sobre financiación que dice “una cosa y la contraria”
El 41 Congreso de Sevilla no sólo sirvió a Sánchez para reforzar su liderazgo. Escasos días antes de esta cita el secretario general madrileño, Juan Lobato, barón crítico con el concierto catalán, se había visto forzado a dimitir. Y durante el cónclave los dirigentes socialistas lograron pactar una fórmula de mínimos sobre la reforma del sistema de financiación pendiente, no específicamente sobre el concierto, que dejó satisfechas a todas las partes.
Según distintos dirigentes consultados por A14, ese texto afirma “una cosa y la contraria”. Esto es: que la reforma del sistema de financiación debe ser pactada garantizando la igualdad de derechos entre territorios y siempre a nivel multilateral, pero a la vez que no se renuncia a las relaciones bilaterales entre el Estado y determinadas comunidades autónomas.
“La reforma del Sistema de Financiación Autonómica deberá garantizar mayores recursos para todas las comunidades autónomas, reforzando los servicios públicos y reconociendo las singularidades y las diferentes variables determinantes en su coste, de manera que garantice la igualdad de derechos en el acceso a los servicios públicos independientemente del territorio en el que se viva. Dicho modelo será aprobado de manera multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin perjuicio de la relación bilateral del estado con cada comunidad autónoma en función de lo recogido en los diferentes estatutos. Dicho sistema debe dirigirse hacia un modelo de financiación federal”, reza esta fórmula.
La ministra de Hacienda, que hace un año se vio abrasada por el rechazo de todas las comunidades del PP y seis barones socialistas a la financiación singular catalana, trató de calmar las aguas este viernes. “Mientras que haya un socialista al frente del Gobierno de España, y un socialista, en este caso una mujer, al frente del Ministerio de Hacienda, nunca, jamás, el Gobierno de España va a promover ningún acuerdo ni ninguna política que suponga un agravio territorial con otras partes de nuestro territorio, con otras comunidades autónomas, con otras sensibilidades o con otra forma de entender la autonomía” aseguró en un acto desde Sevilla.
Compromisos con el PNV y Junts
En otro orden de cosas, un día después de abordar la financiación singular catalana, el presidente del Gobierno y el lehendakari, Imanol Pradales, se reunirán en el marco de la comisión bilateral con Euskadi. La cita, en Madrid, tendrá lugar casi una semana después de que la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, pronunciara el discurso más duro de entre los aliados del Ejecutivo en el Congreso. Llegó a exigir a Sánchez que, si no aporta nuevas explicaciones, elija entre someterse a una cuestión de confianza, dimitir o convocar elecciones.
Hay traspasos de competencias a Euskadi por abordar, así como otras cuestiones que las urgencias de los últimos meses, además de lo ajustado de los equilibrios parlamentarios, no han facilitado asumir hasta ahora. El viernes, además, España defenderá de nuevo ante la UE la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego. De nuevo, se trata de una cita conocida desde hace casi un par de semanas. Pero el contexto en el que se produce ha indignado a Page, y no se descarta que otros barones socialistas puedan pronunciarse de forma similar en las próximas horas. Todos los del PP están en pie de guerra.
El Ejecutivo y el PSOE acogen estos dardos con cierta resignación. Por una parte, la reciclada polémica les permite desviar el foco que durante semanas ha estado puesto en la corrupción, cuyos daños ya empiezan a ser muy visibles. El CIS atribuye al PSOE una caída de 7 puntos en su barómetro de julio, para quedarse en un 27% de los votos, aún con una pequeña ventaja sobre el PP (26,5%).
Después del tenso Comité Federal del pasado sábado, en el que al menos tres ministros dedicaron duros recados a Page, que ejerció como voz crítica prácticamente en solitario, los intentos por disimular las hostilidades entre Ferraz y el castellanomanchego son mínimos. Además, una vez superada la cita de Sánchez con el Congreso de los Diputados, las miradas están puestas en el pleno escoba del 22 de julio, al que el Ejecutivo aspira a llevar hasta siete debates de peso que afectan a distintas normas, según sus propias palabras.
Entre ellas están el debate de totalidad de la reducción de jornada laboral, la reforma del Reglamento del Congreso para permitir sanciones a los agitadores ultras, el real decreto ley eléctrico (tras el apagón de 28-A) y otras.
El Ejecutivo no prevé desvelar todas sus cartas hasta la próxima semana. El 29 de julio está previsto que se convoque el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones. Y el presidente del Gobierno tiene pendiente su tradicional comparecencia de evaluación del curso, que podría tener lugar el lunes 28. Antes, Sánchez se refugiará en la agenda internacional, un recurso habitual. Aún quedan tres semanas de superar incendios antes de las vacaciones.
