El tirón de orejas ha pasado desapercibido por la sesión de alto voltaje que tuvimos el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados para hablar de los casos Cerdán, Ábalos y Koldo pero esta misma semana horas antes de este debate en la cámara baja, Bruselas reprochó a España el alto riesgo de corrupción que hay en nuestro país. Alerta sobre las obras públicas, los contratos en la administración y la financiación de los partidos políticos. Lo peor es que este mismo informe anual lamenta que no se hayan hecho las reformas legislativas necesarias que impidan que se cometan estos delitos y nos recuerdan una reforma legislativa que tenemos pendiente desde octubre del pasado año. La dejadez de los distintos gobiernos de España al no aplicar una estrategia integral para prevenir y combatir la corrupción según el informe de la Comisión Europea es la culpable de que se haya facilitado toda esta picaresca que comienza a ser sintomática en este país.
La mirada está puesta en el PSOE por la trama que protagonizan sus dos ex secretarios de organización Santos Cerdán y José Luis Ábalos, cuyas conversaciones tienen escandalizadas a toda la ciudadanía pero el PP tiene también una lista importante de cadáveres debajo de la alfombra y algunos de ellos como recuerdan los socialistas cada vez que pueden, van a ser sometidos a juicio en los próximos meses.
En este contexto lo más lógico hubiera sido por el bien de todos que los dos principales partidos hubiesen alcanzado un pacto global para hacer las reformas que pide Bruselas pero como se preveía todo se ha quedado en una lista de medidas, muchas de ellas ya anunciadas, que no cuentan con el beneplácito de la oposición que está crecida ante los casos de corrupción y convencidos de que la Moncloa está cada vez más cerca. Ahora mismo el Partido Popular ha pasado de pantalla y no esta para secundar ningún proyecto que venga del líder socialista.
El plan que nos ha presentado el ejecutivo no incluye algunas de las mejoras más relevantes que nos reclaman y con razón el Consejo de Europa. No hay ningún proyecto, ninguna apuesta por introducir más objetividad en la contratación pública o por reducir drásticamente los aforamientos, un tema muy recurrente pero que en este país no se ha abordado de forma seria. El plan tampoco incluye el compromiso de limitar al máximo las puertas giratorias o el de acabar con las redes clientelares con la que los principales partidos sitúan sin ningún tipo de complejos a militantes en lugares que no les corresponde en detrimento de técnicos independientes que vigilan las irregularidades fraudulentas.
Se ha desaprovechado una oportunidad para acometer una gran reforma. De las medidas que se han puesto en marcha la más significativa puede ser la creación de una agencia estatal de integridad pública pero debería de acotarse sin los clásicos repartos por cuotas a los que nos tienen acostumbrados. Y por supuesto llegados a este punto es necesario poner el foco en perseguir a los corruptores porque al final las mismas empresas constructoras se mueven con total descaro por los despachos ministeriales y en concreto por el de Transportes y Fomento que es el que más dinero mueve.
El contexto nacional no ayuda por la guerra entre resistir y llegar a Moncloa cuanto antes pero Europa lo ha dejado muy claro en su informe: la corrupción es la gran lacra de nuestra democracia y como tal debería de atacarse. Uno de los principales rasgos de la corrupción es que deteriora muy intensamente el hilo de conexión imprescindible entre la ciudadanía y los poderes públicos. Toca diseñar un plan de choque real. Nos jugamos mucho.