Bruselas avisa: España sigue sin estrategia contra la corrupción

España aprueba por los pelos. Es la conclusión del informe sobre el Estado de Derecho de 2025, presentado este miércoles por la Comisión Europea. El órgano legislativo de la Unión Europea reconoce avances puntuales, pero mantiene la presión sobre las reformas de fondo. Sobre todo, Bruselas critica la lentitud en los procesos judiciales por corrupción, lamenta la falta de una estrategia nacional para combatirla y pide más reformas, más rapidez y más ambición institucional. Y esta vez, lo hace con frases poco ambiguas.

La eternidad de la corrupción

“La duración de las investigaciones y de los enjuiciamientos sigue siendo un reto”, concluye la Comisión, que urge a España a reforzar su capacidad institucional para “aumentar la eficacia en el tratamiento de los casos de corrupción de alto nivel”. Desde 2016, solo se han cerrado con éxito dos casos de corrupción, recuerda Bruselas, que reprocha -literalmente- que el nivel de aplicación en estos casos “continúa siendo bajo”.

La percepción ciudadana tampoco ayuda. Según el Eurobarómetro, el 89 % de los españoles cree que la corrupción está muy extendida, frente al 69 % de media europea. Más de la mitad -el 51 %- se siente “personalmente afectado”.

Lo cierto es que España debería haber aprobado su estrategia nacional contra la corrupción en septiembre de 2024. Sin embargo, el informe asegura que “el trabajo aún no ha comenzado”. Bruselas admite que existen planes parciales en algunos sectores, pero lo considera insuficiente: “La ausencia de una estrategia unificada comporta el riesgo de fragmentación e insuficiente supervisión”.

La consecuencia: España cae al puesto 16 en el índice de Transparencia Internacional. Al 46 si nos situamos en el ranking mundial. Y la Comisión alerta sobre el “riesgo de fragmentación normativa” en materia de integridad institucional y conflicto de intereses: en 2024, no se abrió ningún expediente contra altos cargos, igual que el año anterior.

Tampoco se ha aprobado la ley de lobbies. Es cierto que la Comisión reconoce “ciertos avances” dado que el texto está en trámite parlamentario, pero advierte que sin un marco legal, no hay trazabilidad de las reuniones, ni sanciones claras. “El trabajo sobre la herramienta digital para ponerlo en marcha depende de que se apruebe la ley”, insiste.

Transparencia estancada y libertad de prensa en riesgo

Nada se ha movido en el acceso a la información. “No se ha dado ningún paso adicional”, lamenta Bruselas, que recuerda que sigue sin reformarse la Ley de Secretos Oficiales. Las reformas sobre el secreto profesional y la Ley Mordaza siguen en un cajón, y las amenazas a periodistas van en aumento.

También se pone el foco en agitadores y activistas políticos que, bajo una acreditación, “obstaculizan el trabajo de otros periodistas en el Parlamento” y reconoce el trabajo a la Asociación de Periodistas Parlamentarios que han pisado el acelerador para revistar y debatir, precisamente este martes, el reglamento interno del Congreso.

Desbloqueo del CGPJ

Es prácticamente el único punto que reconocen desde la Comisión, donde constatan un “progreso significativo” en la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras cinco años de bloqueo. Aun así, Bruselas exige que se reforme el sistema de elección de sus miembros “para adaptarlo a los estándares europeos”.

Desde el Ministerio de Justicia aseguran a este periódico que el informe “refleja avances tangibles” y que Bruselas reconoce “el impulso institucional” tras el acuerdo del 25 de junio para renovar el CGPJ. Pero lo cierto es que el tono del documento dista de ser entusiasta. La palabra más repetida no es cumplimiento, sino pendiente.

Ni estrategia anticorrupción, ni ley del lobby, ni marco nuevo para proteger la independencia judicial. Bruselas ve movimiento, pero exige más.