Bien guardado y sin filtraciones. Pedro Sánchez quiso dar su golpe de efecto en uno de los plenos de mayor expectación de los últimos meses con la presentación de un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción del Gobierno de España. Un plan estructurado en cuatro ejes y quince medidas, que resulta muy ambicioso y corre el riesgo de quedar en papel mojado si no logra el apoyo parlamentario de sus socios. El plan prevé aprobar y/o modificar un total de 16 leyes en un tiempo récord de doce meses.
Desde el punto de vista normativo, un plan es una “intención”, un “proyecto”, en concordancia con la definición que de este término hace la RAE. El Ejecutivo ha diseñado una estrategia anticorrupción, pero su aplicación efectiva está sujeta a que las iniciativas propuestas entren en vigor mediante su aprobación legislativa. Es decir, este plan, en sí mismo, no conlleva ninguna exigencia de cumplimiento ni obligaciones más allá de plasmar en un documento sus intenciones.
“El plan contará con un periodo inicial de implementación de 12 meses, durante el cual se desplegará toda la infraestructura legal y operativa necesaria para poner en marcha las medidas y sus componentes”, reconoce el documento de 34 páginas en su penúltimo párrafo.
Sujeto a la aritmética parlamentaria
Con este punto de partida, este proyecto estrella del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de coalición nace condicionado por la aritmética parlamentaria. Durante su intervención el presidente valoró la implicación de Sumar en proponer medidas. El mejor ejemplo es la Agencia Anticorrupción que venía propugnando Yolanda Díaz. Y así, a tenor de lo señalado ayer, contará con el apoyo de su socio de coalición: “no permitiré que esta luz se apague”, afirmó Yolanda Díaz. El resto de los socios se mostraron muy duros, anticipando que la negociación de las medidas no será fácil.
Precisamente, las dificultades para lograr el mínimo consenso en las Cámaras han quedado patentes en su parálisis legislativa durante el primer semestre de este año. A diferencia del primer Gobierno de coalición en que se aprobaron cerca de 200 leyes, el actual sólo ha conseguido arrancar una treintena, más del 80% de ellas en el primer ejercicio. Para cumplir sus objetivos, el Ejecutivo deberá ser capaz de reactivar la actividad normativa en el Congreso y el Senado. En algunos casos, el propio calendario autoimpuesto por el Gobierno obligará a una tramitación exprés, en un Parlamento que actualmente tiene registrados más de una treintena de proyectos de ley. Algunos, como la Ley de Familias, llevan más de un año en el limbo parlamentario.
Nueva Agencia Anticorrupción
Salvo algunas excepciones, el grueso de las medidas se centra en la modificación de normas ya en vigor. Una de las iniciativas más ambiciosas es la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública. Supone poner en marcha una institución con competencias centralizadas para investigar, supervisar el cumplimiento de normativas clave -contratación pública, lobbies, conflictos de interés o rendición de cuentas, entre otros- y proteger a los informantes de corrupción.
Solo esta medida requeriría una reforma legislativa de alcance estructural. Esta implicaría la modificación de la Ley sobre Altos Cargos, la Ley de Transparencia, la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley sobre protección de informantes, y el Proyecto de Ley sobre integridad en la actividad del lobby. Ahora, esta última se quiere tramitar por la vía de urgencia, ampliando el control de los grupos de interés. Se pretende vía enmienda obligar a publicitar todos los encuentros entre altos cargos y lobistas.
Lupa sobre los Altos Cargos
En relación con la Ley de Altos Cargos, se propone modificar el artículo 23 para incorporar, además del examen patrimonial al finalizar el mandato, controles anuales y aleatorios que permitan detectar posibles indicios de enriquecimiento injustificado. También se exigirá a los altos cargos dedicación exclusiva, restricciones al ejercicio privado tras el cese y una evaluación patrimonial obligatoria. Estas obligaciones se extenderán al personal eventual con funciones de confianza y asesoramiento.
Paralelamente, se plantea reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dar prioridad a los casos que afecten a cargos públicos, así como ampliar los plazos de prescripción de los delitos de corrupción -como el cohecho y la malversación- mediante una modificación del Código Penal. Junto a estas reformas penales y procesales, el Ejecutivo incorpora la anunciada Ley de Administración Abierta, un proyecto que Óscar López preveía tener aprobado en este primer semestre. Entre otras medidas, prevé reorganizar y ampliar la información disponible en el Portal de Transparencia del Estado para mejorar su accesibilidad y visibilidad.
Un ‘blacklisting’ de empresas corruptoras
“No solo queremos acabar con los corruptos, sino también con los corruptores”, anunció Pedro Sánchez. Para ello, el Plan propone reforzar las sanciones a empresas implicadas en prácticas corruptas, mediante la reforma del artículo 33.7 del Código Penal. Así, se ampliará la duración de la prohibición de contratar con la Administración -por encima de los 15 años- y se vincularán las multas a los ingresos anuales de las empresas. Otra novedad será la creación de un registro único nacional y público de empresas inhabilitadas (blacklisting), así como la exigencia de mecanismos de compliance, como auditorías externas obligatorias. Además, se transformará la Plataforma de Contratación del Sector Público mediante el uso de Big Data e Inteligencia Artificial. Para ello se reformará la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Transparencia y la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
El Plan plantea reforzar la transparencia de las sociedades de responsabilidad limitada, estableciendo la obligatoriedad de inscribir en el Registro Mercantil todas las transmisiones de participaciones sociales. Esta medida busca evitar operaciones opacas como la vinculada al caso Servinabar. Para ello, se prevé reformar tres normas: la Ley de Sociedades de Capital, el Reglamento del Registro Mercantil y la Ley de Hipoteca Mobiliaria. También se propone endurecer el Código Penal para vincular el acceso a beneficios penitenciarios a la restitución íntegra de lo defraudado en delitos contra la Administración Pública, incluidos los intereses.
Financiación de partidos políticos
El Gobierno propone reforzar los controles sobre la financiación de partidos y fundaciones mediante la reforma de tres normas clave: la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y la Ley de Transparencia. Se exigirá una auditoría externa a todas las formaciones que reciban más de 50.000 euros de fondos públicos. A
demás, se ampliará la transparencia en donaciones: deberán publicarse en un plazo máximo de un mes las que oscilen entre 2.500 y 25.000 euros. También se obligará a declarar las aportaciones privadas a campañas electorales al inicio de estas o al día siguiente de efectuarse.
Refuerzo del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial
Un pilar estratégico del Plan es una “respuesta eficaz ante los casos ya detectados” de corrupción, mediante el fortalecimiento de la Fiscalía y el Poder Judicial. Se prevé crear secciones especializadas en los tribunales de instancia y ampliar los medios y la plantilla de la Fiscalía Anticorrupción mediante Real Decreto. Para ello, será necesario revisar la Ley Orgánica del Poder Judicial tras la reciente aprobación de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia de la Justicia.
El cambio más relevante será atribuir al Ministerio Fiscal la instrucción de los procesos penales, dotándolo de mayor autonomía y transparencia. Los fiscales asumirán la dirección de la investigación, mientras que los jueces de garantías velarán por los derechos de las personas investigadas. Esta reforma figura en el anteproyecto de ley de modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Recuperación de activos y cultura anticorrupción
El cuarto eje del Plan se centra en la recuperación de activos ilícitos como vía para reparar el daño al interés público. Para ello, se reforzará la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), que actualmente “carece de recursos suficientes”, y se introducirá el decomiso administrativo y preventivo como nuevo instrumento. Junto al castigo penal, el objetivo es garantizar la devolución de los fondos obtenidos mediante corrupción.
España deberá además transponer antes del 23 de noviembre de 2026 la Directiva europea sobre recuperación y decomiso de activos, lo que exigirá adaptar su legislación, ya sea mediante una norma nueva o modificando las existentes.
Por último, se propone impulsar la cultura anticorrupción mediante formación, campañas sociales y encuestas de percepción, tanto en la ciudadanía como en las instituciones. Dentro de la Administración, estas medidas requerirán reformar el Estatuto Básico del Empleado Público, que tiene rango de ley, y el Código de Conducta de las Cortes Generales.
Convertir la estrategia en una “infraestructura legal” exigirá mucho más que la voluntad política del Ejecutivo y su socio de coalición: requerirá una negociación capaz de tejer una mayoría parlamentaria que la respalde. De lo contrario, el plan corre el riesgo de quedarse en lo que, por ahora, es: un plan.
