Pedro Sánchez ha desvelado sus 15 medidas anticorrupción este miércoles, en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados. En una primera intervención de algo más de 40 minutos, el jefe del Ejecutivo ha dividido en 5 ejes sus principales propuestas, que apenas ha esbozado, y que beben de las exigencias de sus socios parlamentarios.
Entre ellas, destacan la agencia independiente contra la corrupción, o las “listas negras” de empresas condenadas por su rol de corruptoras, a las que quiere impedir que aspiren a contratos con la administración pública.
El primer eje, centrado en la prevención, incluye la creación de la “agencia de integridad pública independiente”, la extensión de la metodología de control aplicada a los fondos Next Generation, o la introducción de metodología de inteligencia artificial en la plataforma de contratación del sector público. También un incremento de las exigencias de sistemas de compliance a las empresas que quieran contratar con las administraciones, y una nueva ley de administración abierta con sistemas de alerta temprana.
También incluirá controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos, y más supervisión a los partidos políticos y fundaciones: los que reciban más de 50.000 euros en subvenciones deberán afrontar auditorías externas. Las donaciones deberán publicarse cuando sobrepasen los 2.500 euros, y se contempla aprobar una ley de transparencia e integridad de grupos de interés.
Un segundo eje, que incluye medidas para mejorar la protección de los denunciantes de corrupción, contempla modificar la ley de enjuiciamiento criminal para que quien acuda a denunciar delitos de corrupción ante la Fiscalía, la Policía o un juez, “cuente con garantías plenas de confidencialidad, protección y apoyo legal”. Las empresas estarían obligadas a tener canales de denuncia internos, como también la administración general del Estado.
Un tercer eje pivota sobre el refuerzo de la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar la corrupción, con la creación de secciones especializadas en delitos contra la administración pública en los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados, o con la introducción de un “procedimiento sumario” para las causas que involucren a cargos públicos”.
A esto se uniría el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción con más medios, y aquí se incluye también el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal que reformará la instrucción penal y la atribuirá a los fiscales. O el endurecimiento de las penas por delitos contra la administración pública y la duplicación de plazos de prescripción, así como el aumento de las multas a las empresas corruptoras, calculadas sobre sus ingresos anuales y no sobre los beneficios obtenidos.
Aquí se incluye ese sistema de exclusión y listas negras para que las empresas condenadas por corrupción no puedan seguir beneficiándose de contratos públicos. Y el endurecimiento de las sanciones por infracciones contables dentro de los partidos. También la retirada de subvenciones públicas a aquellos que mantengan en sus listas o entre sus dirigentes a personas condenadas por corrupción.
El cuarto eje se refiere a la recuperación de los bienes detraídos por la corrupción, con un aumento de los medios y la plantilla de la oficina de recuperación y gestión de activos, así como con la introducción de la figura del decomiso administrativo o preventivo, para incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de que haya una condena previa.
El quinto y último eje tiene que ver con lo que Sánchez ha denominado la generación de una cultura de la integridad. Incluiría la realización de estudios demoscópicos anuales sobre la percepción de la corrupción, el lanzamiento de campañas de concienciación ciudadana y refuerzo de la formación de empleados públicos.
Según el jefe del Ejecutivo, han acordado con la OCDE un sistema de seguimiento y evaluación de los avances transcurridos 12 y 24 meses, para que después emitan un dictamen que será de dominio público.
