Es inminente la reunión del rector de la Universidad de Barcelona (UB) con las abogadas de las 14 mujeres que señalan a un catedrático emérito por supuesta coerción sexual, abuso de poder y manipulación emocional a lo largo de más de dos décadas, mientras eran subordinadas académicas o profesionales en el grupo de investigación CREA. El escándalo marca un hito que ha ido mucho más allá de un caso de abuso: se expone una dinámica que podría ser persistente de poder, silencio e impunidad dentro de la institución universitaria.
La UB ha decidido suspender cualquier actividad vinculada a CREA mientras se esclarecen los hechos, y se retiraron las imágenes y el nombre del catedrático del Congreso «European Conference on Domestic Violence», que se iba a celebrar en el edificio histórico de la universidad en septiembre. Sin embargo, se mantienen dos ponencias de miembros del grupo que han mostrado públicamente su apoyo al catedrático señalado.
Lo llamativo es que la UB sabía de estas dinámicas desde hace décadas. Según fuentes internas, tanto la dirección de la universidad como los rectores tenían conocimiento de esas prácticas desde al menos los años 2000. En efecto, ya en 2004 se interpuso una querella y una investigación interna parcial, la cual conllevó la destitución del catedrático como responsable de CREA. En 2016, una nueva denuncia apuntó a formas sectarias y abusivas dentro del grupo, pero, pese a que la Fiscalía abrió diligencias, los casos fueron archivados por falta de elementos constitutivos de delito.
Ex-miembros del grupo CREA, ahora profesores de la UB, señalan que “hay cómplices, personas que conocían estas dinámicas y las permitían”. Frente a esta avalancha de testimonios, una semana después, la UB no ha abierto diligencias informativas ni ha habilitado una investigación interna rigurosa con garantías, ni ha ofertado transparencia sobre el contenido de los archivos de 2004 o 2016. Tampoco se emprendieron sanciones más allá del archivo judicial. Se espera alguna reacción por parte del rectorado después de la reunión con las abogadas.
La universidad ha ofrecido remitir los casos a la Unidad de Igualdad, pero sin activar protocolos que garanticen protección efectiva para las víctimas. Las mujeres consideran que la UB debe realizar una investigación exhaustiva sobre el catedrático y la supuesta instrumentalización de Crea y exigen que se le suspenda la condición de emérito antes de que trate de salir indemne adelantando su jubilación, además de medidas de protección frente al acoso y la campaña de descrédito que ha emprendido el propio catedrático y su entorno.
Y aquí emerge una cuestión clave. Las investigaciones sobre violencia sexual deben ser realizadas por agencias externas e independientes de la institución o centro donde suceden. Dentro de la universidad existen múltiples vínculos personales, jerárquicos y académicos que dificultan la imparcialidad: amistades, lealtades institucionales y relaciones de poder que generan conflictos de interés. En cualquier organización se dan estas dinámicas, que favorecen el silencio, la minimización del daño o directamente la protección de los agresores. Un ente externo, sin intereses cruzados, puede asegurar una investigación transparente, rigurosa y con credibilidad pública.
En resumen, el caso CREA apunta a una falla sistémica: durante décadas, la UB dispuso de señales claras de abuso, contaba con departamentos y canales supuestamente diseñados para actuar, pero no se protegió a las víctimas.
La exigencia ahora es clara: abrir una investigación independiente, revisar todos los expedientes anteriores, aplicar medidas cautelares, garantizar la protección de las denunciantes y cambiar de raíz una cultura que ha minimizado la violencia sexual y ha contribuido a silenciarla durante demasiado tiempo.
Por qué la UB no lo ha hecho hasta el momento es algo que queda por averiguar. Pero el nuevo rector, Joan Guardia, tiene una oportunidad histórica: la de asumir el liderazgo moral que la institución necesita y capitanear una limpieza real y valiente de la violencia sexual en el ámbito universitario. No se trata solo de gestionar una crisis, sino de marcar un antes y un después. Si actúa con transparencia, valentía y sin encubrir a nadie —por influyente que sea—, podrá ser recordado como el rector que rompió el silencio institucional y puso fin a décadas de complicidades y omisiones. La oportunidad está en sus manos. La cuestión es qué hará la UB con el catedrático señalado.
