“Casi al cien por cien creemos que se trata de un suicidio, pero no está cerrado el caso”, apuntan fuentes cercanas a la investigación. El contexto es delicado. A falta de autopsia que de manera concluyente confirme que Yolanda se quitó la vida saltando al vacío desde un quinto piso, la Guardia Civil no cierra por completo la otra opción posible, que implicaría la intervención de terceros. Un homicidio que por ahora sólo contemplan en un mínimo porcentaje de probabilidad.
“De confirmarse, es muy difícil saber por qué se suicidó. Pero estaba enmarcado en un contexto de maltrato y deberíamos abarcar de alguna manera estos casos. Sin entrar en la causalidad, ¿cuántas mujeres de las que se suicidan estaban sufriendo violencia de género?”. Quien lanza esta pregunta al aire es Susana Gisbert, fiscal delegada de Delitos de Odio en Valencia y fiscal de violencia de género. Lo plantea sin una respuesta, porque no la hay. “Me suena algún caso similar en mi carrera profesional, como uno ocurrido hace catorce años en Valencia” recuerda con pesar pues resultó ser un suicidio inducido. Los casos de mujeres maltratadas que se quitan la vida son una cifra fantasma. “No hay estudios oficiales, pero la ONG Movimiento por la Paz ha elaborado un estudio y calculan que dos de cada diez mujeres con conductas suicidas ocultan un trasfondo de violencia por parte de sus parejas”. Una realidad invisibilizada.
Retenida y drogada
Hace tres semanas, la realidad de Yolanda también era otra. El pasado 28 de julio, la Guardia Civil entró de madrugada con orden judicial en la casa de Ramonet, un vecino de Llíria, Valencia, al que Yolanda denunció por el tortuoso cautiverio al que supuestamente la había sometido durante doce días. Sin internet ni teléfono móvil, sin manera de contactar con el exterior, drogada y amenazada, la mujer consiguió escapar de su captor en un descuido de este. Antes, encontró también la vía para contactar con una expareja al que le relató el espanto que estaba viviendo. Cuando el hombre se acercó al cuartel, supo que ella había logrado huir para contar en primera persona todo lo sufrido: que durante el encierro había sido violada de forma repetida, aprovechando en el estado en el que se encontraba, obligada por su carcelero a consumir cocaína. “Él lo llamaba ‘anchoas’”, reveló Yolanda en una entrevista concedida a una cadena de televisión a principios de agosto, cuando trascendió la detención del hombre de 57 años, y su posterior puesta en libertad con medidas cautelares.
Acusado de detención ilegal y agresión sexual en el marco de la violencia de género, Ramonet fue en realidad el primero en responder a la prensa. “Es una encerrona”, recogieron los micrófonos apostados a la puerta de su vivienda, la misma en la que supuestamente ocurrieron los hechos denunciados. “Ni soy un violador ni un maltratador, ni he grabado a nadie”, detalló en relación a los hechos denunciados por Yolanda, quien ante los agentes primero y luego ante las cámaras -en su caso a cara descubierta- aseguró que además de violarla grabó muchas de esas relaciones sexuales forzadas. Lo que le constaba había hecho por igual con parejas anteriores, como constató después la Guardia Civil.
Cuestionada públicamente
La Operación ‘Amarres’ se saldó con la incautación en casa de Ramonet de diversos dispositivos informáticos de almacenamiento de datos, gracias a los cuales se corroboró lo denunciado. También intervinieron dos revólveres, una pistola, una escopeta del calibre 12, numerosa munición, y 47 gramos de cocaína. Un reguero de pruebas que el acusado pretendió negar ante la opinión pública. Y en parte lo consiguió, o al menos logró que se pusiera en entredicho el discurso de la víctima.
“Qué raro suena todo. No me cuadra nada”. Es uno de los mensajes que todavía hoy pueden leerse en redes sociales, en los comentarios sobre las intervenciones televisivas de ambos. Aunque especialmente se cuestiona el relato de la mujer: “¿Y cómo sabe ella que tenía grabadas a las anteriores parejas?, ¿se lo confesó él o qué? ¡Algo no cuadra!”. Exclamaciones e interrogantes que podría haber leído la propia Yolanda. De ser así, le habrían hecho sentirse cuestionada públicamente. Es una de las hipótesis que rodean la decisión de saltar al vacío, en caso de que se confirme finalmente el suicido. Los hechos investigados por sí mismos serían un desencadenante sin más. Al que se suma la presión directa del entorno de la víctima.
En este caso, el círculo de Ramonet intentó desacreditar públicamente a Yolanda, acusándola de haber interpuesto con anterioridad denuncias falsas a otras parejas. Intentaron incluso que la retirara, que no hubiera mácula policial contra su presunto captor y violador. Pero no lo hizo. Antes, su cuerpo cayó al vacío. Pendientes de la confirmación de si realmente fue o no por su voluntad propia, la fiscal Gisbert apunta que “sólo en el hipotético caso de una inducción directa habría recorrido penal”. Aun así, reconoce que casos como este abren la vía a la reflexión: “Se podrían adoptar medidas para velar por la salud mental de las mujeres maltratadas. Porque siempre hablamos de la integridad física de la víctima, de cómo crear un espacio de protección para ella. Pero no podemos olvidar la mente”. Esa otra huella del maltrato que no siempre se ve.