Hace semanas asistimos a una conferencia de prensa en la que la diputada Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, dejaba claro que el acuerdo para seguir sosteniendo al Gobierno se había terminado. Esta ruptura de pacto ha desembocado en un aún más, si cabe, desgobierno de España, en el que todo puede suceder y en el que lo colectivo nunca gana.
Ha sido tanta la presión sobre la inestabilidad de la coalición no progresista que la ministra Montero ha salido a dar declaraciones y reconocer públicamente la ruptura de confianza que Junts ha tenido hacia el Gobierno, manifestando además la necesidad de reconducir la situación desarrollando una estrategia que permita que la formación independentista vuelva a confiar en ellos. La traducción a esto no es otra que la de la cesión sistemática habitual.
Es necesario en ocasiones el hacer memoria para recordar que un Gobierno de España ha de gobernar para la totalidad de su pueblo, no solo para unos grupos minoritarios a nivel social aunque estos sean decisivos a nivel parlamentario.
El último Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros pretende recomprar la voluntad de Junts, aunque esto genere distorsión entre los socios de la coalición, llegando algunos de estos a manifestar recientemente que “Junts no es el único socio del Gobierno”.
La moraleja de todo esto se manifiesta en que esta acción desesperada parece no haber calado ni entre los posibles agasajados, ni entre el resto de los socios, puesto que la misma Ione Belarra (Podemos) declaraba que se trata de una medida “ultra y racista”. El rédito o el objetivo de esta medida parece que en lugar de sumar votos empieza a hacer tambalear aquellos que ya se tenían asegurados.
El mensaje que se está enviando a la ciudadanía no es otro que el hecho de que son los partidos minoritarios dentro del Parlamento los que tienen el poder decisión acerca de lo que se hace, lo cual favorece un caldo de cultivo que puede hacer florecer diferentes proyectos localistas y nacionalistas que busquen el defender lo propio ante el abandono del bien común.
Las cesiones no acaban en ese Real Decreto. Existen otras cesiones mucho más profundas que en muchos de los casos son imperceptibles. Las cesiones sobre la palabra dada y acerca de los valores políticos antes defendidos.
Ante la pregunta que un periodista conocido le planteaba a la vicepresidenta Díaz sobre si dimitiría en caso de que al Partido Socialista se le imputase por financiación irregular, la vicepresidenta salía por peteneras dejando claro que no es un escenario que se plantee, argumentando que “no podemos” porque llevan años trabajando y sus números son buenos, además de que el irse supondría la llegada de la extrema derecha.
Es necesario recordar la vehemencia de la hoy vicepresidenta durante la moción de censura a Rajoy en la cual ella misma aludía a lo vergonzoso de la situación, dando una lección de dignidad con el argumento de que “en un país normal, el presidente tendría que dimitir por la condena de financiación irregular a su partido”.
Lo que nos queda demostrado a la ciudadanía es que sólo se pide dimisión si se trata del de enfrente, y que los principios y la palabra dada no dejan de ser cesiones en ocasiones invisibles que denuestan la baja calidad de los dirigentes políticos de nuestro país y de la política en general.
Cuando el ceder se convierte en una misión desesperada la mayoría pierde, un pequeño grupo se aprovecha y sólo unos pocos ganan tiempo.