El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno ha respondido al PSOE que su petición sobre pagos en metálico es “suficientemente clara” y, por tanto, le requiere todos los realizados entre los años 2017 y 2024, además de sus justificantes.
Moreno se pronuncia así en un auto dictado este miércoles y recogido por Europa Press en el que precisa que el requerimiento se extiende “a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos”.
Fue la semana pasada cuando el PSOE pidió al juez que aclarara si debe entregarle el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados durante esos siete años a dirigentes, trabajadores y simpatizantes, algo que para los socialistas sería excesivo, ya que advierten de que podrían acabar en manos de PP y Vox, acusaciones populares. O solo los realizados a las personas investigadas en la causa, lo que entendían más razonable.
El juez da su respuesta en línea con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que también veía “suficientemente clara” la petición realizada al PSOE, “sin que contenga algún concepto oscuro, no cabiendo que tal requerimiento se extienda solo a las personas investigadas en la causa seguida ante el Tribunal Supremo”, en alusión al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
Para Anticorrupción, según expone Moreno en su auto, “dicha información (no en cuanto al soporte documental) ya fue facilitada y no tendría sentido solicitarla nuevamente si ya consta en las actuaciones”.
El juez considera que la información solicitada al PSOE se refiere a cuestiones “trascendentes para el esclarecimiento de los hechos”, la estima “pertinente y necesaria”, y abunda en que “esta forma de pago no era infrecuente” en el partido.
Al respecto, señala que con el informe patrimonial de Ábalos realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la prueba testifical practicada en el Supremo, donde declararon el exgerente y una trabajadora del partido, “no quedó suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico de las que el PSOE dispondría en su sede para hacer frente con ella a las compensaciones de gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios”.
Cabe recordar que el magistrado del Supremo que interrogó a esos dos testigos, Leopoldo Puente, mostró su desconcierto por el “flujo de metálico” para pagos, dijo que no entendía por qué no lo hacían por transferencia y afeó falta de comprobaciones.
El juez de la AN decidió en noviembre abrir una pieza separada para investigar esos pagos en efectivo. Lo hizo a instancias del magistrado del Supremo que también instruye la causa, ante la sospecha de que Ábalos y Koldo pudieron aprovechar la falta de controles a la hora de devolver gastos anticipados para blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.
Además, la Fiscalía Anticorrupción apuntó a un posible delito de desfalco cometido contra la formación política, entre “otras irregularidades”.
Moreno reclamó por esos motivos al PSOE la “relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos” de 2017 a 2024, sin hacer mayores precisiones.
El PSOE aseguró al juez que colaboraría con la Justicia en cualquier caso, pero alertó de que, si fuera el primer escenario, habría “graves derivaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos” porque implicaría aportar “todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios”.
El Supremo rechaza el recurso de Ábalos
En paralelo, la Sala de Apelación del Tribunal Supremo (TS) ha avalado la decisión del instructor Leopoldo Puente de dividir sus pesquisas sobre el ‘caso Koldo’ para investigar aparte los presuntos amaños de obra pública, rechazando con ello el recurso presentado por el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, al que reprocha hacer alegaciones que “nada tienen que ver” con la apertura de pieza separada.
Ábalos combatía la decisión de Puente de abrir una pieza separada para indagar en las presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública y poder avanzar así en la pieza principal, relativa a las supuestas ilegalidades en los contratos otorgados por el Ministerio de Transportes para la compra de material sanitario en plena pandemia, informa Europa Press.
El instructor explicó que lo hacía para poder continuar a dos velocidades, dado que la investigación sobre las obras públicas estaba en fase embrionaria y lo demás, muy avanzando. De hecho, poco después de dividir la causa propuso juzgar a Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por la compra de material sanitario. Los dos primeros se enfrentan a hasta 30 años de cárcel, mientras que para el presunto conseguidor Fiscalía y acusaciones piden 7 años.
La Sala de Apelación entiende que los motivos de Puente para desgajar la parte sobre obra pública son suficientes, reprochando a Ábalos que “todas las quejas” que plantea “cuestionan no las razones para la formación de la pieza separada, sino la suficiencia del material indiciario que sustenta los diferentes hechos que forman parte de la presente causa especial”.
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