Jorge Martínez Ribera, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia y marido de Nuria Ruiz Tobarra, la juez de la DANA, ha rechazado en dos ocasiones actuar contra el exAlto Comisionado para la reconstrucción tras la DANA José María Ángel, designado por el Gobierno de Pedro Sánchez, por falsificar su título. No sólo archivó la causa contra el también exalcalde del PSOE por falsedad documental el pasado 8 de octubre en contra del criterio de la Fiscalía, sino que un mes más tarde, el pasado 5 de noviembre, rechazó investigarle por estafa.
El archivo de la causa por falsedad documental se argumenta en la prescripción y se basa en que el hecho de que los efectos del delito permanezcan en el tiempo “no quiere decir que deje de ser un delito instantáneo y, por tanto, ha de computarse como día inicial de la prescripción la fecha en el que el delito quedó consumado”. “La permanencia dilatada del título, operando en el tráfico jurídico, no puede transmutar la esencia de un delito de consumación instantánea en un delito permanente, ni tampoco en un delito continuado de falsedad, dado que el documento falsificado es solo uno”, insiste sobre la posible falsificación en 1983 de un título de diplomado en archivística y biblioteconomía de la que Ángel no ha dado explicaciones.
El juez también desestimó el argumento de la Fiscalía de que se estaba investigando otros hechos y otras personas, ya que sostuvo que en las diligencias que le había remitido “no se incluye lo anteriormente expuesto”. En este punto, advirtió de que las diligencias deberían en todo caso analizar otros hechos: “Recaer en consecuencia sobre otros extremos distintos al objeto de la denuncia, no sobre los que se ha acordado el sobreseimiento libre de las actuaciones: la falsedad el documento referido; o deberán versar sobre otros hechos y personas desligadas de lo resuelto en el auto por el que se archivaba la denuncia por prescripción”.
La Diputación añade el delito de estafa
Poco antes, el pasado 2 de octubre, la Diputación Provincial de Valencia había reclamado personarse y presentó alegaciones en las que acusaba a Ángel de estafa por utilizar durante 40 años un título universitario presuntamente falso. El expediente fue remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, al coincidir los hechos con los que se investigaban en las diligencias previas ya abiertas en el mismo órgano judicial.
Pues bien, el juez concluyó que no quedaba acreditado que el uso de un título falso supusiera “un perjuicio patrimonial para la Administración”, lo que argumentó en que el exAlto comisionado “realizó su trabajo como funcionario de la Diputación, por lo que habría de recibir la oportuna remuneración. Cuestión distinta es que no hubiera trabajado, o que la carencia de titulación que se alega hubiera producido un perjuicio patrimonial”.
“A lo anterior ha de sumarse que el delito de estafa precisa de un dolo inicial y, si para el acceso al concreto puesto de trabajo de la Administración, no precisaba de la titulación exigida, difícilmente se produciría dicho elemento esencial del delito de estafa”, añadió.
Una querella, dos quejas y el despido de su hermana
La juez de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ha sido objeto de una querella bajo la acusación de que su marido tomó declaración a varios testigos. La querella, que ha presentado el abogado Rubén Gisbert, que representa a la familia de siete víctimas mortales, pide “apartar a los magistrados de la carrera judicial” de manera cautelar, además de la nulidad total de la causa.
A lo que se suman dos quejas de los investigados, la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso, ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) planteadas en mayo que ya recogen la presencia irregular del marido en interrogatorios, de la que hay grabaciones, sin que el órgano de gobierno de los jueces se haya pronunciado hasta ahora.
Estos hechos vulnerarían el principio del juez, el de juez natural o predeterminado por la ley, que garantiza que toda persona sea juzgada por un órgano jurisdiccional independiente, imparcial y establecido previamente por la ley, y el derecho a la tutela judicial efectiva, y supone el acceso de una persona ajena a la causa a información reservada.
Martínez Ribera participó en 2022 en una charla organizada por el alcalde socialista de Sedaví, José Cabanes, como presidente de la Mancomunidad de la Horta Sud, según ha informado OkDiario. Sin embargo, el juez envió a juicio al hermano de Ximo Puig, Francis Puig, por presuntas irregularidades en subvenciones públicas.
Artículo14 ha desvelado este lunes que la hermana de la juez de la DANA fue despedida por Carlos Mazón del PP. Pilar Ruiz Tobarra trabajaba en la sede del PP regional desde al menos 2011 y fue cesada por Mazón cuando llegó a la Presidencia en 2021, una circunstancia que podría haber aconsejado que Nuria Ruiz Tobarra se inhibiera.
La Fiscalía no ve indicios para imputar a Mazón en el caso de la DANA, según ha planteado en un informe hecho público este lunes que en el que se pronuncia sobre la exposición razonada que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra elevó a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana, en el que la jueza considera que hay indicios de responsabilidad penal contra Mazón.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.